21 de septiembre de 2015

CATALUÑA 1934






Barcelona, 6 de octubre de 1934

Lluis Companys
Tras la entrada en el gobierno de la República de tres ministros de la CEDA y al desatarse la huelga revolucionaria convocada por los socialistas en octubre en diversos puntos del país, el 6 de octubre de 1934 Companys, tras acusar al nuevo gobierno español de «monarquizante» y «fascista», proclamó el «Estado Catalán». "...En esta hora solemne, en nombre del pueblo y del Parlamento, el Gobierno que presido asume todas las facultades del Poder en Cataluña, proclama el estado catalán de la República Federal Española, y al establecer y fortalecer la relación con los dirigentes de la protesta general contra el fascismo, les invita a establecer en Cataluña el gobierno provisional de la República, que hallará en nuestro pueblo catalán el más generoso impulso de fraternidad en el común anhelo de edificar una República Federal libre y magnífica..." Companys contaba con el apoyo de las fuerzas catalanistas de izquierda y con los partidos y organizaciones obreras, agrupados en la Alianza Obrera. Con la importante salvedad de la CNT que se había negado a secundar la huelga.

Tras la intervención militar dirigida por el comandante en jefe de la IV División Orgánica, el general Batet, Companys fue detenido junto con el gobierno catalán en pleno y encarcelado en el buque Uruguay, fondeado en el puerto de Barcelona, que fue requisado para ser utilizado como prisión. Companys y sus consejeros permanecieron recluidos en el Uruguay hasta el 7 de enero de 1935, cuando fueron trasladados a la cárcel Modelo de Madrid. 

Companys y sus consejeros fueron juzgados por rebelión por el Tribunal de Garantías Constitucionales (1). El 6 de junio de 1935 por diez votos a favor y ocho en contra, Companys y los miembros de su gobierno fueron condenados a treinta años de reclusión mayor e inhabilitación absoluta. Posteriormente Companys y los consejeros Comorera y Lluhí fueron trasladados al penal de El Puerto de Santa María (Cádiz), en tanto que el resto de consejeros eran internados en la cárcel de Cartagena. Fueron liberados en 1936 tras la victoria en las urnas del Frente Popular.

Terminada la Guerra Civil y siendo President de la Generalitat marchó a Francia como exiliado. El 13 de agosto de 1940 agentes alemanes de la Gestapo detuvieron a Companys en Bretaña y lo entregaron a las autoridades franquistas el 29 de agosto de 1940. La entrega al gobierno del general Franco la realizó el policía español Pedro Urraca Rendueles a través de la frontera de Irún. Trasladado a la Dirección General de Seguridad en Madrid, permaneció allí hasta el 3 de octubre de 1940, siendo torturado. Desde ahí fue enviado al castillo de Montjuic, que servía de prisión. Allí fue juzgado en consejo de guerra el 14 de octubre. Como había sido juzgado en rebeldía en aplicación retroactiva de la Ley de Responsabilidades Políticas por un tribunal especial de Barcelona, sólo fue juzgado y sentenciado por «Adhesión a la rebelión militar», en una única jornada por un tribunal militar sumarísimo sin garantías. Tras un juicio que duró unas pocas horas, fue sentenciado a morir fusilado. El dictador Franco dio el «enterado», por lo que el fusilamiento tuvo lugar al alba del día siguiente, 15 de octubre de 1940, en el foso de Santa Eulalia del castillo de Montjuic. No quiso que se le pusiera una venda en los ojos y murió diciendo: «Per Catalunya!»


Extractado de "La cuestion catalana y Companys ¿Se repite la historia?"


(1) El Tribunal de Garantías Constitucionales fue un órgano constitucional español, antecedente del actual Tribunal Constitucional, existente durante la Segunda República Española. Fue establecido mediante el artículo 122 de la Constitución de 1931 y regulado mediante una Ley Orgánica (14 de junio de 1933). Su primer presidente fue Álvaro de Albornoz.

Ante el auge soberanista catalán el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado recientemente una proposición de Ley Orgánica «para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho», que introduce en la Ley Orgánica del TC (LOTC) un nuevo art. 82.4.b), en virtud del cual si «las instituciones, autoridades, empleados públicos o particulares», en el plazo que se les fije, incumplen total o parcialmente las resoluciones del Tribunal, éste podrá acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsables del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal», pudiendo «el Tribunal... requerir la colaboración del Gobierno de la Nación a fin de que, en los términos fijados por el Tribunal, adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones» [art. 82.4.c)].

¿Se repite la historia?

Benito Sacaluga






4 de septiembre de 2015

LAS DEUDAS DE RAJOY



Anuncia el Gobierno que van a proceder a abonar a los funcionarios un 25% de la paga extraordinaria que se les dejó de pagar en 2012. Dicen que lo permite la excelente recuperación económica pero al mismo tiempo explican que para hacer frente a esta deuda salarial van a pedir un crédito extraordinario, es decir que las arcas del estado están más enmohecidas cada día que pasa por mucho que Mariano y sus palmeros alardeen de haber salvado a España. Ya puestos a pedir prestado para pagar salarios de hace tres años bien podrían haberlo hecho por el 100 % de las retribuciones pendientes, al fin y al cabo en este país da igual deber 100 que 200.

Desde que Mariano se sentó en Moncloa la deuda pública española ha pasado de 743.000 a 1.053 millones de euros, lo que significa un aumento medio anual de 89.000 millones, prácticamente el 100 % de nuestro PIB. Por otro lado se ha gastado 43.000 millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Un no parar.

Gane quien gane las próximas elecciones generales lo cierto es que Rajoy ha aumentado la deuda de los españoles en 310.000 millones de euros, se ha cargado la hucha de las pensiones y ha dejado el salario mínimo por debajo del que existe en Mauritania. Si la afiliación a la Seguridad Social en 2011 (1) era de 17.392.000 personas Rajoy ha rebajado la cifra a 16.832.000, (560.000 afiliados menos) y además a base de contratos de semi-esclavitud. Las pensiones están prácticamente congeladas. Estas son las cifras reales de la recuperación que Rajoy ha conseguido. No solo no existe tal recuperación sino que estamos mucho peor que en 2011 y además debemos 400.000 millones más si sumamos a la deuda el rescate al sistema financiero.

Lo cierto es que para el inútil de Mariano la recuperación significa exclusivamente poder mantener el acceso al crédito, para eso ha hecho todos los recortes. Si hacemos memoria sobre el asunto griego lo importante era, y es, tener crédito, cueste lo que cueste, aunque de un estado de bienestar hayamos pasado a un estado de supervivencia. Establecer políticas de crecimiento y endeudarse para invertir en lugar de para pagar deudas no forma parte del programa de Mariano y así nos va, cada día peor a la mayoría de los españoles y con unos índices de desigualdad merecedores de podio europeo.

De la corrupción existente en el partido fundado por el franquista Fraga para que hablar. En estos momentos envidio a los guatemaltecos, su presidente acaba de ingresar en prisión acusado de pertenecer a una trama corrupta dedicada a estafar al fisco. Aquí, en España, el Partido Popular se sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional por el pago en dinero negro (estafar al fisco) de la reforma de su sede madrileña y debe hacer frente a una fianza de 1.200.000 euros, pero aquí en España todo quedará en nada.


Benito Sacaluga.



(1) Fuente: Secretaria de Estado de la Seguridad Social.