16 de abril de 2018

MEJOR QUE DIMITAN TODOS



Esto de los currículos ya es demasiado cansino. A estas alturas, y en poco menos de 30 días, aparecen currículos con datos falsos y másteres falsificados o de dudoso valor académico por todos lados. Un no parar que seguro salpicará a todos los partidos, de momento ya tenemos a los principales, PP, PSOE, Podemos, C's..., los periodistas seguirán investigando y mañana o pasado se añadirá un nuevo nombre a la lista de las fantasmadas académicas. Visto lo visto, parece que en lugar de ir a la Universidad nuestros politicos han ido a la academia de la señorita Pinkerton, esa de la Feria de las Vanidades.

Después de todo es normal, normal que nuestros politicos intenten añadir líneas a sus currículos, líneas que solo pueden hacer mención a sus títulos universitarios, ya que nada tienen que reflejar sobre su experiencia laboral en ese mundo real que parecen desconocer. Ellos, casi todos, viven en una burbuja irreal, tan irreal como sus titulaciones.



Este comportamiento es letal e imposibilita la consecución de una democracia plena. Ya en 1932, Rodolfo Llopis nos decía: "La misión de la escuela es transformar el país en estos momentos (...) que los que estaban condenados a ser súbditos, puedan ser ciudadanos conscientes de una República". Según los responsables de la política educativa de la República, para lograr hacer de España una auténtica democracia resultaba evidente que el programa pedagógico de la República sólo podía basarse en una escuela pública, gratuita y laica. Todo ello partía del desarrollo de la Constitución que,  aprobada un año antes, disponía:

Artículo 48. El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada. 
La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria.  
Los maestros, profesores y catedráticos de enseñanza oficial son funcionarios públicos.  
La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada.  
La República legislará en el sentido de garantizar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se halle condicionado más que por la aptitud y la vocación.  
La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana.  
Luego llegó el Bienio Negro (noviembre 1933-febrero 1936), la derecha (CEDA) accedió al Gobierno y paralizó la política educativa iniciada en 1931, poco más tarde el nacional-catolicismo la arrasaría durante 40 años, dejando graves secuelas que aún hoy padecemos, a la vista está.

Lo que acabamos de conocer ha tenido lugar en una universidad pública, imaginen lo que se habrá hecho en las privadas, esas a las que solo puede acudir quién tiene dinero o poder. Esto empieza a parecerse a la Sanidad. Listas de espera interminables para los trabajadores, habitación y quirófano a la carta para los pudientes y poderosos. De seguir así acabaremos como los yanquis, pagando un seguro médico para no morirnos de una gripe y ahorrando lo imposible de ahorrar para que nuestros hijos puedan ir a la universidad. 

Malo es que todos los partidos estén salpicados (si no lo están hoy pronto lo estarán todos) por esto de mentir sobre sus excelencias académicas, en algunos casos con la necesaria colaboración de las universidades, lo mismo se ponen de acuerdo y todo se queda en pecata minuta. Quid por quo. 

Además, en un país en el que el Jefe del Estado ha desarrollado una carrera militar y académica en menos tiempo de lo que se tarda en contarlo, y se ha sentado en un trono por "ser el hijo de", parece normal que los integrantes de los partidos pretendan hacer lo mismo, para eso llevan desde los 16 años de edad en eso de las Juventudes de no se qué, pegando carteles y haciendo la pelota sin parar.

Deben depurarse responsabilidades entre los responsables de la URJC, desde luego y de forma inmediata. Todos los implicados deberían haber dimitido ya de sus cargos y, por supuesto, todos aquellos que han mentido sobre su datos académicos, los ya conocidos y los que se irán conociendo.

De momento estas dimisiones son imprescindibles, luego cuando llegue la III República, que llegará, la educación volverá a ser accesible para todos y todas bajo un sistema protegido, ético y de igualdad. La Universidad volverá a ser, como no, para todos los ciudadanos.


Benito Sacaluga










9 de abril de 2018

COMPARACIONES IMPOSIBLES...O NO TANTO.






“Hay que apoyar lo nuestro y a los nuestros", frase pronunciada por la secretaria general del Partido Popular en su discurso de inauguración de la Convención Nacional del partido (Sevilla 06 abril 2018). Un  mensaje en modo imperativo, una orden a todos sus cuadros, a toda su militancia.

Sería aceptable que la frase de Cospedal se hubiese pronunciado en razón de su cargo politico, en ese caso deberiamos suponer que "lo nuestro" es España y "los nuestros" los españoles, pero desde la tribuna donde se pronunció debe quedarnos claro a todos que ese "lo nuestro" de Cospedal son los intereses particulares del partido, y ese "los nuestros" son todos aquellos miembros del partido inmersos en casos de corrupción, convirtiendo así en primera destinataria de los apoyos a Cristina Cifuentes. A los demás que nos vayan dando. Solo faltó oír algo así como: "Cristina se fuerte, hacemos lo que podemos", pero no hizo falta oírlo las imágenes de los masivos aplausos a Cifuentes lo dice todo.

Nada nuevo en Maria Dolores de Cospedal, recordemos su patética defensa de la situación de Luis Barcenas como empleado  en diferido del PP. Ahora ha sido más tajante y muchísimo más clara, no en vano es la titular de la cartera de Defensa y lleva ya año y medio poniendo firmes a los militares, desde los generales hasta los reclutas, y algo debe saber del Credo Legionario que en uno de sus "espíritus", el de Unión y Socorro ordena:
A la voz de ¡A mí La Legión!, sea donde sea, acudirán todos y, con razón o sin ella, defenderán al legionario que pida auxilio.
Pues no sé. Ya se que no es lo mismo, ya se que el Partido Popular no es una organización criminal, pero no puedo evitar que los comportamientos del Partido Popular espoleen mi imaginación e inconscientemente me trasladen a Sicilia, origen de esa organización denominada "Cosa Nostra", donde la indisciplina se paga cara y donde el "Capo di tutti capi" ordena y manda.

Una organización que tras la II Guerra Mundial alcanzó tal poder en Sicilia que llegó a convertirse en un Estado dentro del Estado. Una organización criminal que en 1993, después de asesinar al juez que los investigaba, vió como cinco ex presidentes de Gobierno, muchísimos ministros y más de 3.000 políticos y empresarios fueron acusados, procesados o condenados por corrupción y asociación con la mafia.

Cuentas bancarias, edificios a cientos, fincas de todo tipo, empresas, embarcaciones y automóviles de lujo, les fueron requisados a los integrantes de la banda. Hasta insignes banqueros de El Vaticano intentaron quedarse con los dineros de la mafia, pero les salió mal, fueron asesinados por aquellos a los que pretendían robar.

Pero tranquilos, no estamos en Sicilia. España es un Estado de Derecho y nada deberiamos temer. En nuestro país algo como la "Cosa Nostra" sería inmediatamente descabezado. Eso de descabezar se le da bien al PP, de ello literalmente presumen cuando se cuelgan en el pecho las latonadas medallas por su "éxito" al gestionar la cuestión catalana. Otra vez me traiciona el inconsciente y me lleva a esa Reina de Corazones del país de Alicia que, ante su incapacidad para resolver cualquier problema, ordenaba a sus esbirros la ejecución de los rebeldes gritando eso de " !Que le corten la cabeza ¡". Lo malo para el PP es que, tal y como se cuenta en la novela de L.Carroll, el Rey de Corazones indulta a los condenados por la Reina, aquí es Europa, más concretamente Alemania y Bélgica convertidos en reyes de corazones, son quiénes liberan, quitan hierro y piden más inteligencia a los chicos del PP y C's y a dos jueces.

Bien, ya acabo, aunque esto de reinas cortando cabezas da para mucho.  Hoy he leído en Twiter algo sobre Cifuentes y de ello me voy a aprovechar para afirmar que en España existen más personas con master poniendo cañas que entre los politicos que tenemos, y que además los de los primeros son todos de verdad.

Salud y República.



Benito Sacaluga.






1 de abril de 2018

LEY DE AMNISTÍA E INSEGURIDAD JURÍDICA





"Puede provocar inseguridad jurídica"..., ha sido el vergonzoso argumento que ha esgrimido el PSOE, por boca de su diputado Gregorio Cámara, para oponerse en el Congreso a la modificación de la Ley de Amnistía de 1977, una Ley que recordemos es preconstitucional. Partido Popular y Ciudadanos son más vehementes en sus argumentos al rechazo de la modificación planteada, para ellos sería "tergiversar la historia" y "demoler" una de las normas que fue "pilar" de la Transición. Ante estas manifestaciones uno no acaba de entender como diputados electos esgrimen tal desconocimiento de lo que es la seguridad jurídica, la historia y la interminable Transición. 

Que el Partido Popular sea contrario a tocar ni una coma de esta maldita Ley es totalmente comprensible. En el caso de Ciudadanos también lo es. Lo que no es, no ya comprensible, sino admisible es la postura del PSOE, una organización que tiene en las páginas de su historia a decenas de miles de militantes y simpatizantes asesinados, encarcelados y torturados por el franquismo. 

Me pregunto cual ha sido la razón por la que el PSOE no ha consultado a sus bases sobre un tema de tan enorme calado, e inmediatamente me viene a la cabeza la respuesta: Las bases socialistas habrían apoyado de forma contundente la modificación de la Ley propuesta por Ceaqua y apoyada por Podemos, sus confluencias, ERC, PNV, Bildu, Compromís, PdeCAT y Nueva Canarias, y esa aprobación no le conviene a ese PSOE que hoy anda buscando un lugar en el centro politico español.

Una modificación que únicamente afecta a su artículo 9, al inlcuir en el mismo un solo párrafo que deje claro que las disposiciones contenidas en la norma "no impedirán que los juzgados y tribunales investiguen, enjuicien e impongan las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de Derechos Humanos". Se pretende que esto quede claro, ya que la Ley en ninguno de sus artículos indica que la amnistía afecte a delitos de lesa humanidad, genocidio ni crímenes de guerra. De la lectura de la Ley se advierte desde su Artículo Primero, y reiteradamente a lo largo de todo su texto, que los delitos amnistiados se encuentran bajo la premisa de derivarse de una intencionalidad política, y además quedan incluidos en la Ley exclusivamente los siguientes:
  • Los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ellos, tipificados en el Código de Justicia Militar.
  • La objeción de conciencia a la prestación del servicio militar, por motivos éticos o religiosos.
  • Los delitos de denegación de auxilio a la Justicia por la negativa a rebelar hechos de naturaleza política, conocidos en el ejercicio profesional.
  • Los actos de expresión de opinión, realizados a través d prensa, imprenta o cualquier otro medio de comunicación.
  • Los delitos y faltas que pudiera haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.
  • Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.
Cuando se redactó la Ley debería existir algún motivo de peso para que en ella no se incluyesen la comisión de delitos de lesa humanidad o genocidio, y los había, según nos recuerda Alejandro Torrús, (Seis razones por las que la Ley de Amnistía no sirve y los franquistas deben ser juzgados. Público 16/11/2014), estos no eran otros que los tratados internacionales firmados por España antes de la redacción y aprobación de la Ley, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue suscrito por España y publicado en el BOE el 30 de abril de 1977, seis meses antes de que las Cortes aprobaran la Ley de Amnistía en octubre de 1977. Este compromiso internacional señala en su artículo 15 que aquellas personas que cometieron actos delictivos conforme a los "principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional" pueden ser juzgados y condenados aunque no fueran hechos delictivos según el derecho nacional en el momento en que se cometieron. Es decir, los crímenes del franquismo pudieron ser legales conforme a la ley española de entonces, pero vulneran los principios de derecho internacional y por tanto pueden y deben ser juzgados.

Recordar aquí que estamos hablando de Derecho Internacional y de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, todos ellos imprescriptibles. Alejandro Torrús también nos apunta que "los jueces pueden declarar la nulidad de aquellos apartados de la Ley de Amnistía alegando que incumplen compromisos internacionales y recurrir a normas de derecho internacional para investigar los crímenes de la dictadura".

La seguridad jurídica es un principio del derecho, universalmente reconocido, que se basa en la "certeza del derecho", tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación, y que significa la seguridad de que se conoce, o puede conocerse, lo previsto como prohibido, ordenado o permitido por el poder público. Tengamos esto en cuenta y tengamos también en cuenta que lo que se pretende con la modificación de la Ley de Amnistía es dejar meridianamente claro aquellos delitos que son objeto de su aplicación. Lejos de crear inseguridad jurídica, la modificación propuesta potencia la seguridad jurídica, la amplia y la adecua al derecho español e internacional. Señores del PSOE ¿A que están jugando cuando argumentan su oposición a la reforma de la Ley en base a que va a crear inseguridad jurídica? ¿A que viene esto de jugar con el derecho a la justicia de los defensores de la libertad y las victimas de la represión franquista?

Una vez el PSOE vuelve a posicionarse junto a la derecha en un asunto de suma importancia, trascendental al menos para todos aquellos que lucharon contra la dictadura. En este caso sin argumentos válidos. La Ley de Amnistía no protege los crímenes del franquismo, ni tampoco fué ese su espíritu cuando se creó, señores del PSOE leanse los contenidos de la Comisión Parlamentaria que la redactó.

Por otro lado, el propio texto de la Ley nos dice que su aplicación debe ser sobre penas ya impuestas o que se pudieran imponer, y por tanto no se impide la investigación de posibles crímenes, es más, es necesaria la determinaciçón de las penas y responsabilidades para que la amnistía pueda ser aplicada. Así es como se ve en la ONU, desde allí se nos viene diciendo que no existe nada en el texto de la Ley que impida la investigación de los crímenes del franquismo. Sin embargo los sucesivos gobiernos de España y los jueces españoles, con la excepción de Baltasar Garzón (y bien caro le ha costado), se han servido de la Ley de Amnistía para garantizar la impunidad de los crímenes del franquismo.

¿Inseguridad Jurídica?.....no, como ya he dicho antes, la pretendida reforma proporciona todo lo contrario a esa pretendida inseguridad jurídica que ustedes esgrimen como escusa para oponerse a la reforma. Así les va...luego no se extrañen si en las elecciones los republicanos les dan la espalda...y son unos cuantos millones de almas...cada día más.




Benito Sacaluga.




El tiempo pasa, la impunidad permanece. Carlos Miranda nos deja claro, en un informe presentado en Amnistía Internacional, que la impunidad de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo está garantizada en España, porque las instituciones españolas y los poderes del Estado ni investigan ni cooperan con las investigaciones llevadas a cabo por otros países y, además, obstaculizan con todo tipo de argucias cualquier tipo de esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la justicia.  
El informe denuncia cinco puntos clave que ilustran perfectamente las causas de esta situación insostenible e ilegal: la colaboración e intromisión del Gobierno, una Justicia que no investiga, una Fiscalía que facilita informaciones falsas, la no ratificación de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad y el mantenimiento de la ley de Amnistía de 1977.


Diario16 (15/10/2017)
Desde el año 2013, al menos cinco mecanismos de Naciones Unidas (Grupo de Trabajo sobre Desapariciones forzadas o involuntarias, Comité contra la Tortura, Comité de Derechos Humanos, Comité contra la Desaparición Forzada, Relator Especial sobre Verdad, Justicia y Reparación) han recordado a España que las amnistías, indultos y otras medidas similares que impiden que los autores de graves violaciones de los derechos humanos sean llevados ante los tribunales, son incompatibles con sus obligaciones internacionales.

La ONU ha pedido a España retirar la Ley de Amnistía de 1977 (Europa Press)

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha pedido este viernes a España la derogación de la ley de amnistía de 1977 porque incumple la normativa internacional en materia de Derechos Humanos. 
El portavoz de Pillay, Rupert Colville, ha afirmado que “España está obligada, bajo la ley internacional, a investigar las graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidas las cometidas durante el régimen de Franco, y a procesar y castigar a los responsables si todavía están vivos”, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, existe un deber hacia las víctimas, que tienen “derecho de reparación”. 
Colville ha recordado que, conforme a una recomendación de 2009 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, “España debe derogar su ley de amnistía, puesto que no es conforme con las leyes internacionales de Derechos Humanos”. Dicha recomendación, elaborada por 18 expertos de la organización internacional, toma como base el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, ratificado por España en 1985.

Equipo Nizkor: La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas. 

No es posible que un estado de derecho permanezca silencioso y sus representantes minimicen la situación de los represaliados, encarcelados, asesinados, desaparecidos, así como la de los que pasaron por el sistema de campos de concentración franquistas, nacionalsocialistas o murieron en los campos de internamiento franceses, y también la de quienes sufrieron exilio y extrañamiento.