Desde FAES, esa fundación que preside José Mª Aznar y que como no podía ser de otra manera está subvencionada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, si, el mismo que deja a miles de estudiantes sin becas para estudiar, publicó a finales de 2013 un estudio titulado "Una reforma fiscal para el crecimiento y el empleo", elaborado según la fundación por un "selecto grupo de economistas.... llevado a cabo desde la defensa de la libertad individual frente a la preeminencia del Estado", para entendernos desde una óptica neoliberal a la española, es decir extrema, cuyo objetivo es la expansión de la iniciativa privada a base del adelgazamiento del Estado, de la capacidad del Estado para generar riqueza, limitando sus funciones a lo estrictamente imprescindible. A nadie se le escapa que si la riqueza la genera el Estado es factible que su reparto entre la sociedad exista, y que por el contrario si es el sector privado el que la produce y además con escaso control estatal, la riqueza quedará en manos de sus productores y aliados, es decir del mercantilismo empresarial y político, o dicho de otra forma su reparto se llevará a cabo entre grupos de presión, multinacionales y socios del sector privado a su vez socios del poder político. Bajo fundamentos estrictamente liberales se efectúa el citado informe, insistiendo en que las políticas neoliberales distribuyen riqueza entre las clases trabajadoras, afirmación ésta que todos sabemos no es cierta desde hace más de treinta años y así lo entiende Mario Elgue, especialista en economía social en su libro "Economía Social, Desarrollo e Inclusión. Emprendimientos e innovaciones locales y regionales" afirmando que:
Ya no quedan dudas de que el modelo neoliberal es incapaz de dar respuesta a los principales problemas que siguen aquejando a la sociedad: altos índices de desempleo, trabajo en negro, pobreza y exclusión social. Su debacle fue el resultado de la aplicación de las políticas del "derrame", según las cuales bastaba con el crecimiento de los grandes grupos concentrados ya que estos últimos difundirían los beneficios hacia el resto de la sociedad productiva y laboral. Pues bien, ahora está claro que este "goteo" no llegó; que no hubo un correlato distributivo y de cohesión de la base social.
Aquí en España algo entendemos de lo que Elgue denuncia. En un escenario de recesión critica de la economía hemos podido comprobar como los grandes grupos económicos y financieros han aumentado sus resultados y consolidado su "exclusividad" en los mercados, sobre todo en el financiero, al compás de una tímida e inestable recuperación económica que en términos macro nos vende el gobierno, mientras que las clases trabajadoras ni siquiera hemos dejado de caer y en muchos casos sin esperanza de recuperación.
Nos dice FAES en su informe que:
Favorecer el crecimiento económico se ha convertido en el mantra preferido en cualquier debate que se precie sobre la actual crisis económica. Es más, nadie en su sano juicio se atrevería a negar su validez.
La redacción contundente (prepotente) del texto anterior y al mismo tiempo descalificadora de cualquier opinión opuesta, junto con mi disconformidad total sobre el mismo deberían alertarme de mi salud mental, cosa que no sucede por la sencilla razón de que los valores y objetivos de FAES y los míos no coinciden en absoluto. En los debates a los que asisto no se habla exclusivamente de crisis económica, caso que si se da en los que FAES interviene, sino que mas bien se discute y debate sobre crisis económica y social.
Un crecimiento económico, del que únicamente se benefician los grupos de poder a costa de las clases trabajadoras es a lo que, como siempre, nos enfrentamos. En definitiva a una expansión del poder condigno en detrimento del poder compensatorio y de la justicia social. Analizando someramente las bases sobre las que se está fomentando el crecimiento económico,que no son otras que el blindaje de beneficios empresariales y protección del sistema financiero a costa de una reducción de salarios y derechos laborales adquiridos, el resultado previsible no puede ser otro que un aumento del desequilibrio económico y social existente entre las clases trabajadoras y el capital, un desequilibrio que permanecerá en el tiempo a pesar de que el Gobierno nos diga que es una situación pasajera. Un desequilibrio que siempre existió, que en cierto modo se redujo años atrás y que ahora se hace cada día más evidente y además dotado de mecanismos (Reforma Laboral) que lo garantizan.
De forma callada pero constante se vienen produciendo operaciones de privatización de servicios y suministros que hasta ahora venían siendo competencia exclusiva de las diferentes administraciones públicas, desde la energía eléctrica hasta la sanidad pasando por la gestión del agua potable, servicios de limpieza y recogida de residuos, transporte, comunicaciones y un largo etcétera. Esta es la teoría liberal que el Gobierno está aplicando, en definitiva un adelgazamiento del Estado y de su capacidad de intervención en la economía del país y por tanto en la posibilidad de llevar a cabo políticas economicas tendentes a lograr el equilibrio social y económico de los españoles, además de estar fomentando la creación de oligopólios para la gestión y suministro de recursos y derechos básicos, recursos y derechos que caen en manos privadas convirtiéndose así en bienes explotables que ni siquiera están sujetos a un mecanismo de control de precios soportado por el libre mercado y que con toda seguridad son y serán superiores a aquellos que existirían si fuese el Estado quien los prestase, además en caso de desviaciones negativas en las cuentas de resultados de las empresas explotadoras de estos derechos el Estado sería, como siempre, el encargado de compensarlos, bien mediante la aportación de recursos económicos a fondo perdido o bien mediante una reducción de las prestaciones.
De poco o nada nos vale que exista crecimiento económico si no nos afecta y menos aún si el pretendido crecimiento es a costa nuestra. Es obvio que este tipo de crecimiento fomenta el desequilibrio social y que en lo que al Estado respecta únicamente le vale para exhibir unas determinadas cifras macroeconómicas , tan obvio como que son los grupos de poder los únicos beneficiados. No ya obvio, sino necesario es que se pongan los medios para que exista un equilibrio social y económico adecuado, las políticas neoliberales son la antítesis de este necesario equilibrio. Que estas políticas sean defendidas por el Partido Popular y sus derivados es lógico, pero de ninguna manera estas políticas deben ser admitidas. El Estado es constitucionalmente el garante de los derechos cuya gestión se privatiza y esa responsabilidad no puede de ninguna de las maneras ser delegada ni siquiera en su vertiente ejecutiva. Las prioridades para mi son claras, primero equilibrio real y luego crecimiento desde ese equilibrio. Un crecimiento, el actual, que tiene como consecuencia el aumento de las diferencias sociales y económicas tiene un nombre y ese nombre es capitalismo salvaje, en este caso con el visto bueno del Gobierno y en detrimento de la hegemonía del Estado. El deterioro no se evitará con un cambio del partido que gobierne, el problema está en un modelo de Estado que permite estas desigualdades y atropellos y este modelo de Estado es lo que hay que cambiar.
Benito Sacaluga.
Un crecimiento económico, del que únicamente se benefician los grupos de poder a costa de las clases trabajadoras es a lo que, como siempre, nos enfrentamos. En definitiva a una expansión del poder condigno en detrimento del poder compensatorio y de la justicia social. Analizando someramente las bases sobre las que se está fomentando el crecimiento económico,que no son otras que el blindaje de beneficios empresariales y protección del sistema financiero a costa de una reducción de salarios y derechos laborales adquiridos, el resultado previsible no puede ser otro que un aumento del desequilibrio económico y social existente entre las clases trabajadoras y el capital, un desequilibrio que permanecerá en el tiempo a pesar de que el Gobierno nos diga que es una situación pasajera. Un desequilibrio que siempre existió, que en cierto modo se redujo años atrás y que ahora se hace cada día más evidente y además dotado de mecanismos (Reforma Laboral) que lo garantizan.
De forma callada pero constante se vienen produciendo operaciones de privatización de servicios y suministros que hasta ahora venían siendo competencia exclusiva de las diferentes administraciones públicas, desde la energía eléctrica hasta la sanidad pasando por la gestión del agua potable, servicios de limpieza y recogida de residuos, transporte, comunicaciones y un largo etcétera. Esta es la teoría liberal que el Gobierno está aplicando, en definitiva un adelgazamiento del Estado y de su capacidad de intervención en la economía del país y por tanto en la posibilidad de llevar a cabo políticas economicas tendentes a lograr el equilibrio social y económico de los españoles, además de estar fomentando la creación de oligopólios para la gestión y suministro de recursos y derechos básicos, recursos y derechos que caen en manos privadas convirtiéndose así en bienes explotables que ni siquiera están sujetos a un mecanismo de control de precios soportado por el libre mercado y que con toda seguridad son y serán superiores a aquellos que existirían si fuese el Estado quien los prestase, además en caso de desviaciones negativas en las cuentas de resultados de las empresas explotadoras de estos derechos el Estado sería, como siempre, el encargado de compensarlos, bien mediante la aportación de recursos económicos a fondo perdido o bien mediante una reducción de las prestaciones.
De poco o nada nos vale que exista crecimiento económico si no nos afecta y menos aún si el pretendido crecimiento es a costa nuestra. Es obvio que este tipo de crecimiento fomenta el desequilibrio social y que en lo que al Estado respecta únicamente le vale para exhibir unas determinadas cifras macroeconómicas , tan obvio como que son los grupos de poder los únicos beneficiados. No ya obvio, sino necesario es que se pongan los medios para que exista un equilibrio social y económico adecuado, las políticas neoliberales son la antítesis de este necesario equilibrio. Que estas políticas sean defendidas por el Partido Popular y sus derivados es lógico, pero de ninguna manera estas políticas deben ser admitidas. El Estado es constitucionalmente el garante de los derechos cuya gestión se privatiza y esa responsabilidad no puede de ninguna de las maneras ser delegada ni siquiera en su vertiente ejecutiva. Las prioridades para mi son claras, primero equilibrio real y luego crecimiento desde ese equilibrio. Un crecimiento, el actual, que tiene como consecuencia el aumento de las diferencias sociales y económicas tiene un nombre y ese nombre es capitalismo salvaje, en este caso con el visto bueno del Gobierno y en detrimento de la hegemonía del Estado. El deterioro no se evitará con un cambio del partido que gobierne, el problema está en un modelo de Estado que permite estas desigualdades y atropellos y este modelo de Estado es lo que hay que cambiar.
Benito Sacaluga.
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