Cuando los procesos judiciales se convierten en tema de debate ciudadano la justicia y los jueces pasan a ser juzgados. Es aberrante que aquellos jueces que se enfrentan al poder establecido acaben siendo juzgados. Entramos aquí en la desviación de la justicia como necesidad social hacia una amenaza social, convirtiendo al poder judicial en un simple ejercicio de poder exento de los ingredientes por los que que la población entiende justificadas las decisiones judiciales y sobre todo se siente amparada por la Justicia simplemente con el cumplimiento del universal principio de "no la hagas y no la temas". Se aleja del sentir ciudadano la sensación de que el procesado es una persona débil cuyo futuro está en manos de un juez justo, para ser sustituida por la sospecha de que el juez actúa en base a las circunstancias y el poder superior o que por el contrario el procesado es tan fuerte que la justicia acudirá a la letra pequeña del procedimiento procesal y de las leyes para procurar su exculpación, siguiendo los jueces el dictado de los poderes atacados aunque la responsabilidad en los delitos sea evidente a los ojos de la razón y el sentido común y las pruebas de culpabilidad sean palmarias.
Los jueces deben impartir justicia a la vista de lo que en los procesos se exponga por las partes, pero también deben perseguir que se haga justicia interviniendo de forma tajante cuando advierten que los derechos y oportunidades del acusador y acusado están siendo vulnerados y si llega el caso adoptar las medidas correctoras para procurar que un proceso viciado de irregularidades, intereses ajenos y coacciones externas sea reconducido de tal forma que la verdad judicial coincida con la verdad a secas, sin artimañas ni resquicios legales.
En la España franquista la justicia no existía, solo existía el poder judicial y este estaba supeditado a la dictadura. En la España de hoy, presuntamente democrática, la justicia está siendo, con razón y muchas razones, continuamente cuestionada y los jueces han perdido la presunción de justos que entrecomillas se les suponía desde 1978. Por otro lado estamos viendo como magistrados empeñados en luchar contra la corrupción se sientan en el banquillo de los acusados, el mundo al revés. A modo de ejemplo casos como los de Gómez de Liaño, Garzón o el actual del juez Silva avalan una más que razonable desconfianza hacia la constitucional independencia y universalidad de la justicia española y por tanto de los jueces.
Gómez de Liaño se enfrentó al grupo Prisa desde la Audiencia Nacional acusándolo de apropiación indebida, las instancia superiores revocaron sus resoluciones y el denunciado, Jesús de Polanco, denunció al juez por prevaricación consiguiendo que el juez fuera condenado y apartado de la carrera judicial. Ocho años más tarde, en julio de 2008 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió favorablemente el recurso presentado por Gómez de Liaño, considerando justificadas las acusaciones de parcialidad hacia el órgano jurisdiccional español que le juzgó y condenó, concluyendo el Tribunal que en el juicio al que fue sometido el demandante había habido violación del art. 6.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que establece que toda persona tiene derecho a que su causa sea oída por un tribunal independiente e imparcial. Dado que el Tribunal de Estrasburgo no tiene atribuciones para anular normas, actos administrativos, ni sentencias judiciales, limitándose sus competencias a examinar y declarar la vulneración de los derechos recogidos en el Convenio por parte de los estados parte y en su caso a conceder a la parte perjudicada una satisfacción equitativa, el asunto se saldó con una multa de 5.000 € al Estado español en concepto de daños morales, pero la inhabilitación del juez no tuvo marcha atrás.
Baltasar Garzón abrió una investigación por una supuesta trama de corrupción que operaba en Madrid, Valencia y la Costa del Sol, relacionada con blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias, la archiconocida "trama Gurtel". Tras las peticiones de la Fiscalía y los indicios hallados contra aforados, el juez Garzón se inhibió del caso y cedió la investigación de la presunta trama a los tribunales superiores de Valencia y Madrid, dejando un caso con 43 imputados vinculados al Partido Popular, aunque antes de hacerlo ordenó, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, las escuchas a las conversaciones entre los imputados y sus abogados, que fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y posteriormente motivaron la presentación de una querella ante el Tribunal Supremo por supuesta prevaricación y vulneración de la intimidad. El Partido Popular que había tratado, sin resultado, de recusar a Garzón como instructor del caso alegando enemistad manifiesta contra el partido e interés directo e indirecto, expresó en un comunicado que celebraba que la querella contra Garzón por las escuchas se admitiese a trámite. En sentencia dictada 9 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo condenó al juez Garzón por prevaricación de forma unánime con la pena de 11 años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado con pérdida definitiva del cargo que ostentaba. El pleno del Consejo General del Poder Judicial, convocado el 23 de febrero de 2012, ratificó, con el apoyo de 20 de sus 21 miembros, la expulsión de la carrera judicial del juez Garzón. Hoy en día el caso Gurtel tiene al Partido Popular transitando por el filo de una navaja.
Ahora nos encontramos con el asunto del juez Elpidio José Silva, magistrado del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid. Dicho juez el 5 de junio de 2013 decretó el ingreso en prisión de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid (Bankia) e intimo amigo de José María Aznar, sin posibilidad de fianza por delitos societarios, administración desleal, falsedad en documento y posible apropiación indebida, en relación con el escándalo de las preferentes y la compraventa del City National Bank of Florida. La base del juez para su decisión de ordenar el ingreso en prisión de Blesa se apoyaba entre otros argumentos en la existencia de miles de correos electrónicos que revelan revelan conversaciones con José María Aznar, su tormentosa relación con Esperanza Aguirre y movimientos político-financieros en empresas como Realia, Iberia y, sobre todo, Caja Madrid (Bankia). Quince días después de haber entrado en prisión, la Audiencia Provincial anuló la causa judicial contra Blesa afirmando que era desproporcionada y el juez Silva fue apartado del caso. Actualmente se enfrenta a un proceso de inhabilitación instado por la Fiscalía a petición de Miguel Blesa, vista en la que hoy Blesa ha declarado como testigo de la acusación.
Según lo que todos hemos podido conocer ayer y hoy a través de los medios de comunicación, da la impresión, casi la seguridad, de que el juez Silva será inhabilitado y su proceso recurrido ante el Tribunal Supremo primero y en ultima instancia si es necesario ante los tribunales europeos. Dicha seguridad no viene de las pruebas presentadas contra Silva, se basa en lo peculiar de lo hechos que están teniendo lugar dentro y fuera del Tribunal. Cuando en un proceso judicial la sentencia condenatoria o absolutoria se intuye desde el primer día del proceso oral o incluso antes, la justicia queda seriamente afectada, más aún si como en este caso se ventila un asunto en el que la legalidad de la técnica judicial utilizada por el acusado junto con sus decisiones y autos es lo que está en entredicho. En cualquier caso, sea cual sea la resolución la justicia habrá perdido, los españoles también y Blesa habrá ganado. No conviene olvidar que el actual ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, en 2009 siendo alcalde de Madrid apoyo ardientemente la continuidad de Blesa como presidente de Caja Madrid (Bankia), enfrentándose a Esperanza Aguirre, empeñada ésta en colocar al frente de la Caja a su fiel servidor Ignacio Gonzalez, disputa que zanjó Mariano Rajoy nombrando a Rodrigo Rato como presidente....y enterrador de la caja. Por cierto Izquierda Unida ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra Rodrigo Rato y otros 31 ex consejeros de Bankia y su matriz el Banco Financiero y de Ahorros por estafa en la fusión y salida a bolsa de la entidad y en la emisión de participaciones preferentes con las que intentaron ocultar su grave situación de insolvencia. No se en que juzgado ha caído el asunto, pero seguro que ningún juez se alegrará de llevarlo. ¿O si?.
Benito Sacaluga.
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