20 de agosto de 2014

¡ LA CALLE ES MIA !




En abril de 1976 Manuel Fraga, ministro de la Gobernación, decidió que las manifestaciones obreras del primero de mayo debían prohibirse y así lo hizo. Cual Mussolini panzudo les dijo a los sindicatos: ¡ La calle es mía!, (suya y de la policía nacional). La calle evidentemente no era suya, pero se la quedó por la fuerza. En ese mismo año cinco obreros fueron asesinados a tiros por la policía en Vitoria cuando salían de la iglesia de San Francisco de Asís, los heridos superaron el centenar. En mayo del mismo año, en la romería anual que desde 1940 los carlistas seguidores de Javier de Borbón-Parma realizan en el monte navarro de Montejurra, dos carlistas fueron asesinados a tiros de pistola por miembros del complot organizado por los aparatos de seguridad del Estado, la flor y nata del postfranquismo y aprobado por Fraga. El complot contó con la colaboración de la guardia civil y el SECED (hoy CESID) y la participación activa de la facción ultra derechista del carlismo, Comunión Tradicionalista, elementos de Guerrilleros de Cristo Rey, falangistas, militantes de Unión Nacional Española (UNE) -el partido de Fernández de la Mora- y un comando integrado por más de 20 mercenarios italianos y argentinos de ideología ultra derechista. Los responsables de los crímenes fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad por aplicación de la Ley de Amnistía de 1977.

Después de 27 años de batalla legal, se consiguió que aunque tarde se hiciera justicia. La Audiencia Nacional, sentenció que los fallecidos fueron victimas del Terrorismo, y por tanto acreedoras de todos los derechos como tales. Quedó claro, también en los Tribunales, que lo que hicieron con el Carlismo en 1976, fue un ataque terrorista para acabar con el Partido y sacarlo de la circulación. Aunque no se ratificó en sentencias, numerosas pruebas recogidas desde el día siguiente de los asesinatos han venido a demostrar la implicación del Estado en estos sucesos. Las reuniones fueron coordinadas por el propio Ministerio de la Gobernación, cuyo titular era Manuel Fraga y la financiación corrió a cargo de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado (presente en el acto y en comunicación con el general Campano, secretario general de la Guardia Civil).

Después de estos siete asesinatos de Vitoria y Montejurra en su haber político Fraga se sentó a redactar la Constitución.

Luego, durante casi quince años presidió esa querida tierra que para todos los españoles es Galicia y "obsequió" a todos los gallegos con la restauración del caciquismo, un ejemplo reciente lo tenemos en el caso Baltar. En 2007, en unas declaraciones a El Faro de Vigo, comparó a Franco con Napoleón,  y afirmó que "el franquismo ha sentado las bases para una España con más orden". También respaldó las declaraciones de Jaime Mayor Oreja, que se negó a condenar el franquismo. Consideró que la España de la década de 1930 "no era para vivir".

Han pasado 38 años y la "calle", ahora aparentemente recuperada por la ciudadanía, quiere ser reconquistada por la derecha, por los herederos del franquismo, por los discípulos de Manuel Fraga. Tengamos en cuenta que el Partido Popular no está inscrito en el Registro de Partidos Políticos, solo es un cambio de denominación de Alianza Popular (Partido Unido de Alianza Popular), cambio adoptado en el IX Congreso Nacional celebrado el 20 de enero de 1989. Aparte del mencionado Fraga el partido fue fundado por seis ex ministros franquistas más. Su ideología está fuera de toda duda, aunque sus miembros traten de ocultarla públicamente al mismo tiempo que se protegen con la fatídica Ley de Amnistía, una ley hecha a su medida.

La "calle" quiere ser reconquistada por la derecha de la única forma en la que que son capaces de hacerlo, es decir por la fuerza, igual que lo hizo Fraga (en tiempos de Franco la "calle" simplemente no existía). La denominada Ley de Seguridad Ciudadana supone un escandaloso recorte de la libertades de expresión y manifestación. El ministro impulsor de la ley es Jorge Fernandez Diaz, hijo de militar franquista, amigo personal de Mariano Rajoy, próximo a Rouco Varela, devoto de Santa Teresa, ferviente católico y numerario del Opus Dei. Un señor que en marzo de 1982, como gobernador civil de Barcelona, encarceló a seis independentistas catalanes por el mero hecho de portar una pancarta con el lema “Independencia” en el transcurso de la manifestación contra la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). Un ministro de un país democrático y aconfesional que en una entrevista en un semanario católico, equiparó el Valle de los Caídos con el cementerio de Arlington americano o el mausoleo de la playa de Normandía. Un representante del pueblo que defiende a ultranza la mano dura y la tolerancia cero para abordar los temas de seguridad más mediáticamente explotados. Un señor obsesionado con la inmigración y la libertad de manifestación, siempre presto a anunciar más dureza policial y nuevas reformas penales. A este señor no se le debería permitir redactar leyes relacionadas con las libertades.

Nada más llegar al ministerio se llevó a cabo la sustitución de máximos comisarios del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Una decisión netamente política y de resolución inmediata, diez de los 13 altos mandos policiales fueron cesados. Uno de los primeros movimientos fue nombrar director adjunto operativo a Eugenio Pino, jefe de las unidades anti-disturbios durante los ejecutivos de Aznar y destituir a Juan Antonio González, responsable de las unidades que investigaron los casos Gürtel y Palma Arena, que han sentado en el banquillo a los ex presidentes autonómicos del PP Jaume Matas y Francisco Camps. Finalmente, en otro puesto con gran poder, Arsenio Fernández de la Mesa fue designado para ocupar la dirección general de la Guardia Civil. Escudero habitual de Mariano Rajoy en Galicia, fue responsable político de la gestión del desastre del Prestige y llegó a afirmar que “el destino del fuel en el fondo del mar es convertirse en adoquín”. Antiguos compañeros de instituto han recordado las correrías ultras de "Cuco" (Fernández de la Mesa), de "patrullaje contra los rojos”, a finales de los años 70, en El Ferrol.

Por supuesto hay miles de referencias más que ponen de manifiesto la verdadera ideología del Partido Popular. Su exposición aquí no es posible por su extensión. Se autodenominan "conservadores" y tienen razón. Conservar los privilegios del franquismo y recuperar para el Estado el control absoluto de las personas son en estos momentos sus objetivos principales, la perpetuación en el poder será así más fácil.

En este país en que vivimos donde el recuerdo de la victimas del franquismo debe vencer innumerables obstáculos colocados por la derecha, donde la Ley de la Memoria Histórica carece de presupuesto desde que Rajoy llegó al poder, se permite la exaltación del franquismo y se trata por todos los medios de preservar sus signos, se permite la existencia de la Fundación Francisco Franco y se acaba de autorizar la Fundación Blas Piñar mientras se acusa a la izquierda de intentar reabrir viejas heridas a través de las asociaciones memorialistas.

Yo me pregunto, demasiadas veces, si los votantes del Partido Popular saben a quienes están votando. Me gustaría contestarme que no lo saben.

Benito Sacaluga.


Fuentes consultadas: Diagonal, Partido Carlista  y prensa digital.




1 comentario:

  1. Yo también pienso que no saben. De otra forma es inexplicable.

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