SIN JUSTICIA NO HAY LIBERTAD

Dice Esperanza Aguirre que “Si Podemos es primera fuerza acaba la democracia como la conocemos”. Esta frase, por si sola y de ser cierta, debería ser suficiente para que Podemos se convirtiera en primera fuerza política en toda España. La democracia que conocemos los españoles no gusta a casi nadie y bueno sería, es imprescindible, que dejara de ser un mero instrumento para el ejercicio del poder  y se convirtiera en un instrumento del pueblo para defenderse del poder, en una República, en la que el pueblo tiene la soberanía y facultad para el ejercicio del poder, soberanía y facultades que le vienen dadas por una Constitución elaborada por el pueblo y para el pueblo, en la que la división de poderes esté garantizada de tal forma que su existencia y efectividad no pueda ser cuestionada, hoy esa división de poderes no solo está ampliamente cuestionada, sino que se percibe como inexistente por la inmensa mayoría de la ciudadanía. 

Desde 1939 hasta 1978 en España el poder se ejerció de forma absolutista, atrás quedaron los cinco años de democracia plena que trajo la República. Con la promulgación de la Constitución de 1978 se establecieron las bases para una relativa independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Sin que esa independencia llegase a ser efectiva el PSOE en 1985, utilizando su mayoría parlamentaria, la mutiló gravemente reformando la Ley del Poder Judicial, una Reforma que establecía que la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial sería llevada a cabo por el Parlamento, una fórmula que, inevitablemente, politizó dicho órgano y con él a la Justicia. Dicha Reforma nos trajo la frase, atribuida a Alfonso Guerra, “Montesquieu ha muerto”, frase que venía a confirmarnos la eliminación, si es que alguna vez la hubo, de la independencia del Poder Judicial, esa independencia que Montesquieu consideraba imprescindible para garantizar la libertad, al estimar que el valor político supremo es la libertad y el mayor enemigo de ella es el poder, ya que todo poder tiende por naturaleza al abuso. 

Con la independencia de poderes se evita que la “tiranía” del Poder pueda llegar a existir. Teoría, la de Montesquieu, cuya configuración legislativa se produjo con la Constitución Americana de 1787, y que en 1789 fue refrendada por la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa, y teoría que de facto no es compartida por ninguno de los gobiernos que han existido en la España posfranquista. Estaremos todos de acuerdo en que al no existir plena independencia del Poder Judicial, nuestra democracia es imperfecta, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, disfrutan de cierta impunidad ante los tribunales de Justicia y ante el Tribunal Constitucional. De esta forma resulta fácil vulnerar las leyes y además legislar en contra de lo establecido en una Constitución ya de por si imperfecta, y redactada a la medida de unas circunstancias temporales que ya han desaparecido.

Nuestros gobernantes, lejos de fomentar la independencia del Poder Judicial se oponen de facto a ella.

"El poder político dominante ha ido ocupando de manera incesante el espacio constitucionalmente acotado al Poder Judicial, provocando tal grado de politización y progresiva merma de su independencia que al día de hoy España ocupa en el ranking mundial (según el Word Economic Forum on Judicial Independence) el puesto numero 57, detrás incluso de países situados en la órbita del tercer mundo".(1)

Estamos inmersos en un extraordinario número de procesos judiciales, que afectan a los dos principales partidos españoles, PP y PSOE, ambos con dilatado tiempo en el ejercicio del poder, el desarrollo de dichos procesos, plagados de incidencias y dilaciones inexplicables que, en muchos casos, convierten en prescritos los delitos supuestamente cometidos, provoca que la confianza en la Justicia se debilite extraordinariamente. Ante esta situación la desconfianza en la justicia se ha hecho cada día más patente y estamos ante el peligro de llegar al punto de “admitir” la situación como normal, sin darnos cuenta de que sin una Justicia independiente la libertad es solo una utopía. 

Ateniéndose al principio de que toda persona es inocente si no se demuestra lo contrario, los partidos políticos, y hasta la Jefatura del Estado maniobran desde el poder con el objetivo de que la verdad judicial se imponga a la verdad real. De nada vale que se les sorprenda en el mismo acto de la comisión del delito y que las pruebas sean abrumadoras, ellos lo negarán todo y se abrazarán al sistema judicial en la confianza que les da su influencia sobre el mismo. Algunas pruebas de cargo serán declaradas “no admisibles”, por contundentes que estas sean, a causa, por ejemplo, de la forma de su obtención, y legiones de abogados influyentes utilizarán todas las triquiñuelas legales para dinamitar el proceso, además si se hace necesario el juez del caso será apartado sin contemplaciones, ejemplos sobran. Los ciudadanos, convencidos de la culpabilidad de los imputados, ven, cada día con menos asombro, como los delitos y sus autores quedan impunes, y, aunque parezca mentira, muchos siguen otorgando su voto a unas formaciones políticas que de existir una justicia independiente y eficaz a estas horas estarían ilegalizadas y sus dirigentes en prisión. 

Una separación de poderes que el pueblo debería exigir sin descanso, y no permitir que prácticamente esté convertida en una mera separación de competencias y funciones realizadas bajo los intereses del poder ejecutivo. Para conseguir la independencia efectiva del Poder Judicial bastaría con que el pueblo ejerciera el papel que la Constitución le otorga en su Art.1.2 convirtiéndolo en el único representante de la soberanía nacional. Un texto que, dicho sea de paso, pone de manifiesto la inutilidad de nuestra monarquía, ya que la soberanía (del pueblo) solo es compatible con la democracia si es el pueblo quien encarna políticamente la nación abstracta y no el Jefe del Estado. En nuestro sistema constitucional el Rey no personifica la soberanía nacional, sino que es tan solo un símbolo que ni siquiera representa al pueblo español, dicha representación le corresponde a las Cortes Generales (Art.66-1º de la Constitución). Solo un símbolo, de carácter perfectamente prescindible en aras de una democracia plena, máxime si tenemos en cuenta su origen y la forma en que nos fue impuesto, un símbolo al que la justicia trata de forma diferente que al resto de los españoles, vulnerando de forma clara el Art.14 de la Constitución:

"Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Termino aludiendo a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, impuesta por el rodillo parlamentario del Partido Popular, citando una frase de Montesquieu:

Una cosa no es justa por el hecho de ser Ley, debe ser Ley porque es justa.

Caminemos hacía esa democracia desconocida que Aguirre vaticina si el Partido Popular es vencido en las urnas, resucitemos a Montesquieu.

Benito Sacaluga

(1) ASOCIACIÓN PLATAFORMA CÍVICA POR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL