ALIANZA PP-PSOE, LO NATURAL

Me dice un amigo que: "Una coalición PP-PSOE no es tan contra-natura como algunos piensan" y tiene razón. El actual estado de descomposición del PSOE le ha llevado a una situación en la que para colarse en el gobierno la única opción que le queda es un "pacto a la alemana" tal y como Zapatero nos transmite de forma aún velada, sin darse cuenta de que España no es Alemania, España siempre será diferente, y los españoles somos como somos. Una campaña electoral que girase sobre este supuesto pacto descolocaría aún más a las bases de ambos partidos. Los españoles seguimos siendo muy viscerales a la hora de votar. Ya se sabe : "Antes quebrao que doblao".

Sigue mi amigo, diciéndome que si esta posible coalición se hiciese realidad : "...haya una fuga de votos por la derecha del PP hacia VOX o UPyD, y hacia la izquierda del PSOE en dirección a IU o PODEMOS". Bien, si esto se llegase a producir estaríamos ante el principio el fin del bipartidismo, un fin que ni PP ni PSOE quieren bajo ninguna circunstancia. 

Mientras tanto Rubalcaba a lo suyo, a lo de siempre, a decir chorradas de tal envergadura como que la ley del aborto es lo único que haría imposible una coalición entre los dos partidos. (1)  "Además la vieja guardia sigue tan atrincherada como siempre, incapaz de autorizar ningún cambio. Tenemos un gobierno que debería estar agónico pero que sobrevive gracias a la incapacidad del PSOE para asustar a nadie. El PP  se conforma con sobrevivir, y el PSOE parece tener como principal aspiración en esta vida a ser el socio minoritario de una gran coalición estilo griego, en vez de aspirar a convencer a alguien"

En  la mente de todos está que Zapatero debería limitarse a permanecer callado en su regalado despacho del Consejo de Estado y también que la permanencia de Rubalcaba como Secretario General del PSOE le está haciendo al partido un daño de dimensiones extraordinarias. Ahora, que tanto para el PP como para el PSOE conseguir una mayoría absoluta resulta algo así como el sueño de una noche de verano, se están planteando conseguir una mayoría absoluta "compartida", al fin y al cabo da igual, lo que hagan en materia económica estará marcado por Bruselas y las políticas sociales están y estarán carentes de presupuesto. Una coalición de la que solo se beneficiarían PP, PSOE y el bipartidismo.

Lo anterior no obstante tiene otra lectura. La de una coalición que sirviera de air-bag a los dos partidos ante una más que segura tanda de recortes que gobierne quien gobierne, salvo la izquierda, o en coalición, deberán de efectuarse:

"El profesor y economista Juan Torres López asegura que se está gestando un crash infinitamente más grave que las crisis de las hipotecas subprime. La deuda pública y privada es impagable. Apenas suban los tipos de interés, ni el Estado ni los particulares podrán afrontar el pago de sus obligaciones por deuda. Por otro lado, la capitalización de los bancos no ha resuelto su problema de solvencia, pues los activos tóxicos aún contaminan sus balances e impiden que fluya el crédito. Las bolsas sufren una inestabilidad crónica y los derivados siguen alimentando burbujas que producen beneficios puramente especulativos".

Desde la derecha ya llegan voces de alerta. Hasta nos dicen que una debilitación del PP podría significar el resurgimiento del Frente Popular, declaraciones que lanzan al aire intentado que la población relacione a la unión de las izquierdas con la Guerra Civil y por supuesto olvidándose de aclarar que dicha guerra la empezaron ellos, y olvidándose también de decir que la división de las fuerzas políticas de izquierdas fue lo que arruinó las posibilidades de una resistencia que frenara a los golpistas y preservara el orden constitucional. La derecha lo sabe pero no lo dice, consciente de que una unión sin fisuras de la izquierda española les apearía del gobierno.

Una izquierda española no compactada, pero que cuenta con el apoyo de millones de españoles y que con más contaría si los que aún no la apoyan se dieran cuenta de que son de izquierdas aunque no lo sepan. No lo saben a causa de que el concepto de Izquierda es en parte global y difuso, pero que en cualquier caso, según nos dice Rafael Narbona : La Izquierda debería incluir a todos los que pretenden acabar con la desigualdad, la pobreza y la exclusión social.  Si nos atenemos a la idea de Narbona en España hay muchos más ciudadanos de izquierdas que los que nos pensamos, el reflejo en las urnas de todos ellos solo se conseguirá con unidad y con planteamientos claros y honrados, por supuesto desechando de antemano cualquier intento de aproximación a la derecha o la socialdemocracia de diseño del actual PSOE.

Honradamente creo que la gran coalición PP-PSOE nunca hoy se llegará a producir, para ellos sería lo natural con tal de esperar a tiempos mejores desde el poder y salvar de paso el bipartidismo, consolidar la monarquía y retrasar indefinidamente la vuelta de la República. También creo que para que en España este tipo de coalición entre partidos rivales pueda llegar a materializarse deberemos esperar al menos a otra generación. Pero claro, si lo analizamos bien, PP y PSOE tienen más cosas que les unen que las que les separan. Una coalición que de llegar a producirse a buen seguro nos traería el archivo de muchos de los casos de corrupción que afectan a los dos partidos, con toda certeza esto sería de lo primero que hablarían.

Ante lo anterior, tal y como también nos dice Rafael Narbona : "La izquierda debe responder a esta amenaza reuniendo sus fuerzas políticas y sociales en un frente cívico y popular, con la determinación de conquistar una mayoría capaz de gobernar".

Benito Sacaluga.

.(1) Roger Senserrich

OTRAS QUIEBRAS BANCARIAS QUE TAMBIÉN PAGAMOS ENTRE TODOS

A estas alturas todos y cada uno de los españoles sabemos que las ayudas a la banca, su rescate reciente, lo vamos a pagar entre todos. Lo que probablemente muchos no sepan es que no es la primera vez que nuestros impuestos se utilizan para salvar a los banqueros. Muchas han sido las ocasiones en que esto ha sucedido.

Durante los cuarenta años de dictadura, de acumulación capitalista, la banca se había convertido en un mito. El pueblo llano pensaba que todo podía caer, menos la banca. Había un sentido de permanencia por el hecho de contar con el dinero de otros, que la hacía, aparentemente, invulnerable. Banqueros y capitalistas lo sabían bien, y de ahí varias consecuencias. Primera: la lucha feroz durante el franquismo para conseguir patente de banquero, para conseguir autorización para abrir un banco. Recomendaciones y presiones de todo tipo llegaban hasta los más altos despachos, incluso el de El Pardo. A la vez, la banca establecida frenaba, con todos sus medios, la apertura del «club». Segunda: la falta de sensibilidad del sector por establecer fondos de garantía o seguro por si un banco tenía dificultades. Tercera: la ineficaz actividad del Banco de España para conocer de verdad las bases y la situación del negocio bancario. En resumen, el club era seguro, por tanto, por una parte, había que estar en él, y por otra, no valía la pena vigilarlo.

Las cosas realmente no eran como parecían y con la caída del régimen parte de la realidad salió a la luz, acabada la dictadura y por tanto su total protección muchos banqueros se apresuraron a garantizarse el futuro a costa de la quiebra de sus bancos. Un informe de la AEB (Asociación Española de Banca) presentado en la Universidad Menéndez Pelayo señala que en 1978 de los 108 bancos existentes en España, 51 se habían declarado en quiebra o en suspensión de pagos o habían sido intervenidos preventivamente por el Estado. La crisis afectaba al 46,2 % de las entidades bancarias.

El Banco de España principalmente y la banca privada tuvieron que destinar 886.837 millones de pesetas para reflotar los bancos en crisis. Los directivos de los bancos afectados ni siquiera pisaron la cárcel. José María Gonzalez Cobos, directivo del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD que se ocupo del Banco de Descuento y que se atrevió a defender los intereses del Estado en la resolución de la crisis, acabó procesado a causa de una querella presentada por los directivos del banco. La Audiencia Provincial de Barcelona revocó el procesamiento en marzo de 1984.

El programa electoral de PSOE para las elecciones de 1982 contemplaba las siguientes medidas a adoptar en caso de llegar a gobernar, para acabar de una vez con unas crisis bancarias que se habían convertido en una de las principales sangrías de los Presupuestos Generales:

"El Estado hará uso de su opción de compra sobre los bancos saneados, cuando la normalización de la entidad se realice con fondos mayoritariamente públicos". 

"Se reforzará la acción legal sobre los banqueros con responsabilidades personales en la situación crítica de sus entidades, modificándose el derecho aplicable y mejorando la actuación de la Administración de Justicia en estos temas".

Tras la victoria electoral del 28 de febrero de 1982, con el respaldo del 48 % de los votos emitidos, el PSOE alcanzó la mayoría absoluta en el Congreso. Parecía que había llegado la hora de que todo el mundo, incluida la clase bancaria, iba a ser igual ante la Ley. El procesado y alto ejecutivo del FGD José María Gonzalez Cobos empezaba a soñar con  la intervención de la justicia en el sector bancario, el resto de los españoles también.

Así parecía que iba a ser. El mismo día que Felipe Gonzalez se instala en Moncloa, el Fiscal General del Estado, siguiendo las instrucciones recibidas del Banco de España, ya tiene presentadas en los juzgados querellas criminales contra, entre otros, los directivos de los bancos de Descuento, Navarra, Occidental, Valladolid, Levante y Banco de los Pirineos. Finalmente los banqueros quedaron, como siempre, impunes y los españoles, como siempre, pagamos las consecuencias de sus tropelías.

Banco de Descuento

De la inspección efectuada por el FGD se desprende que los directivos del banco,Diego Prado y Colón de Carvajal, Ángel Perejordi, Enrique García Ramal, Jorge López Doriga, y Vicente Miguel Lasanta., habían creado la empresa Castellana,13 a través de la cual recompraron un paquete de acciones del banco previamente adquiridas por José María Ruiz Mateos. Castellana, 13 utiliza el dinero del banco para pagar el paquete de acciones sin contabilizar la salida en los libros del banco. Se descubre la existencia de otra sociedad tambien participada por los directivos del banco, a través de la cual compraron el edificio sede del banco en la calle Serrano de Madrid. El vendedor es Mohamed Cali, al que abonan 300 millones por el edificio, veinticuatro horas más tarde se lo revenden al banco por 600 millones. Como consecuencia de estas operaciones y otras más que se llevan a cabo, la caja del banco no cuadra y ante los inspectores del FGD debe cuadrar. La maniobra que llevan a cabo los directivos para que la caja cuadre es cuando menos rocambolesca. Antes de que los inspectores se presenten en las sucursales, el dinero se traslada en maletas desde Barcelona oficina por oficina, de manera que el mismo dinero se contabiliza varias veces. Antes de que el FGD emita su informe, los directivos del banco se llevan el dinero directamente de la caja fuerte, dejando en su lugar unos burdos vales manuscritos. Cuando la Fiscalía General del Estado presenta las querellas por estafa Perejordi y García Ramal huyen del país. García Ramal es trasladado al aeropuerto de Barajas en el coche de un ministro. Salvo Diego Prado que estuvo unas horas en prisión, ninguno pisó la cárcel.

Banco de Valladolid

Domingo López Alonso, gracias a su amistad con el entonces presidente del Gobierno Carlos Arias Navarro, compra en New York, en extrañas circunstancias, el Banco Medina y lo transforma en el Banco de Valladolid. Ya convertido en banquero Lopez Alonso, antiguo minero, compra la finca toledana El Manojar, de 500 hectáreas. La repuebla de truchas y corzos y organiza cacerías a las que siempre acuden personalidades destacadas del franquismo, el general Iniesta Cano nunca falta. El presidente utiliza el dinero del banco para financiar negocios personales en Chile, Argentina, Panamá y Texas (USA), sus directivos hacen lo mismo. Cuando el FGD se hace cargo del banco el principal deudor del banco (7.000 millones de pesetas) es el promotor inmobiliario José Luis Pinto Fontán, con el dinero prestado ha llevado a cabo importantes urbanizaciones en el suroeste de Madrid (Villafontana y Nuevo Habitat). El segundo deudor más importante (4.000 millones de pesetas) es un grupo de empresas propiedad del presidente del banco. Entre 1977 y 1978, el Banco de España detectó graves irregularidades en el Valladolid. A principios de 1978 se acordó que Domingo López (que controlaba el 64% del capital) dejara la presidencia en favor de Vicente Calderón, el que fuera presidente del Atlético de Madrid, pero éste, acosado por el dueño del capital, desistió. El Banco de España estableció que el 62% del riesgo estaba concentrado en empresas de la familia López Alonso, parte de ellas en quiebra. Para solucionarlo, el supervisor diseñó un curioso sistema: las buenas empresas debían asumir las deudas de las malas. Acto seguido, el Valladolid entregaría alrededor de 6.000 millones de pesetas de entonces a las empresas buenas, que se lo trasferirian a las malas y en ese momento el banco se quedaría sin morosidad. Domingo López, con plenos poderes, aceptó el acuerdo, pero cuando llegó el momento de hacer las transferencias, no las envió a sus empresas quebradas sino a otros destinos. Resultado: se vacía de capital el banco y queda abocado a la quiebra. El 1 de diciembre de 1978, tras un duro forcejeo, Corporación Bancaria compra el 63% de las acciones de Domingo López por una peseta por título, es decir, cinco millones de pesetas. Pero al entrar en los despachos se descubrió que habían desaparecido los resguardos de las transferencias. Se sospechó que Domingo López se llevó los 6.000 millones, pero, por razones no aclaradas, nunca se le denunció ante la Fiscalía. El Estado sanea el banco y se lo vende al Barclays Bank en 1981, única entidad que mostró interés por él, por 800 millones de pesetas. La filial española de la entidad británica cuenta con "indemnidad frente a terceros" por lo que la responsabilidad económica es del Fondo de Garantía.. Cuando la Fiscalía presenta la querella en los juzgados Domingo López se va a vivir al extranjero. La Brigada de Delitos Monetarios informa a la Fiscalía que Domingo López ha sacado divisas de España para rehacer sus negocios en Chile, México y Argentina, a través de las navieras Galgofer y Salmedina. El Fiscal General del Estado no presenta querella contra él. 

Banco de los Pirineos

Imputados: Higinio Torras Majem. Ex-diputado de UCD en el Parlamento catalán.  Miembro del Opus Dei. Propietario de la papelera Torras Hostench. Amigo del ex-ministro franquista Laureano López Rodó. Cuando salta el escándalo de la quiebra se traslada a vivir a Bahía (Brasil) donde monta una empresa de pasta de celulosa. Estando en busca y captura por la Interpol hasta renueva su pasaporte en Brasil. No pisa la cárcel. Fallece en 1989, veintisiete días después de que la justicia iniciara los trámites legales para procesarle. En 1982 los depositantes del banco interponen una reclamación administrativa contra el banco de España en la que solicitan que se les abonen 872 millones de pesetas que tenían depositados en la entidad. La reclamación se fundamenta en la normativa jurídica sobre responsabilidad patrimonial de la Administración, que contempla la posibilidad de indemnizar a los particulares, "siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos". En la tesis de la demanda, el Banco de España y el Fondo de Garantía de Depósitos han producido esta lesión a los impositores del Banco de los Pirineos por "el incorrecto ejercicio o, lo que es más grave, la no utilización" de las facultades interventoras de la autoridad monetaria, puesto que en el caso de que hubiesen desempeñado sus atribuciones "con el celo y la diligencia necesaria, se habrían detectado, sin lugar a dudas, y, en su caso, enmendado y corregido las irregularidades del banco antes de que éste se precipitase en la insolvencia". Señalan además que la política de alto volumen de riesgo concedido por el banco a las firmas vinculadas a él o a su consejo de administración, y que fue la principal causa de la insolvencia, "fue advertida por el Banco de España a raíz de una inspección practicada a finales de 1978" a los administradores, quienes contestaron con certificaciones falsas.

Banco de Levante

En junio de 1983 la Fiscalía General presenta ante la Audiencia Naciona querella criminal contra José Miguel Garrigues Walker, (casado con Elena Borbón Barucci, hija de Isabel Francisca de Borbón y Borbón), y seis consejeros del banco. El FGD demuestra que el banco ha concedido créditos empresas del grupo por un importe superior a los 27.000 millones de pesetas, empresas la mayoría de ellas insolventes y vendidas por la familia Garrigues al banco cuando ya se encontraban en quiebra técnica. Además durante los años 1978 y 1979 la familia Garrigues, que ya tienen el control del banco, adquiere a través de empresas de su propiedad seis millones de acciones de Renta Inmobiliaria hasta ese momento en poder del banco de Levante. Las acciones las compran a un precio inferior entre un 50 y un 60 % a su valor nominal, posteriormente se las vuelven a vender al banco al 280 % de su valor, proporcionando a la familia Garrigues unos beneficios superiores a los 7.000 millones de pesetas. En 1984 el Juzgado número 4 de la Audiencia Nacional deniega el procesamiento. La Fiscalía recurre y en 1986 la Audiencia ratifica la decisión inicial: No hay motivos para el procesamiento y las diligencias deben ser definitivamente archivadas. El Fondo de Garantía de Depósitos tuvo que poner 59.716 millones de pesetas.

Banco Occidental

El presidente del Banco Occidental, Gregorio Diego Jiménez, fue procesado en 1984. En el auto de procesamiento se requería a Diego Jiménez para que prestase una fianza, como garantía de responsabilidades pecuniarias, de 43.000 millones de pesetas. En las investigaciones sumariales se señaló que Diego Jiménez ejercía un poder total en el banco, al dominar económica y financieramente todas las decisiones que afectaban al patrimonio del mismo y de las sociedades de su grupo financiero, como Unión Inversión Mobiliaria, SA; Sotil, SA; Cartera Ibérica de Inversiones; Autoparking, TBK Inversiones y Sociedad Oceánica de Alimentación. En todas estas sociedades Jiménez ostentaba cargos de decisión, personalmente o por delegación. Valiéndose de su poder en el banco concedió préstamos con el capital de la entidad para las empresas del grupo. Los préstamos repercutían en su favor, y se llevaba los sueldos, dietas y beneficios económicos que le reportaban sus cargos y puestos de dirección en dichas empresas. Además, renovaba los préstamos y créditos, a pesar de que ni el capital ni los intereses eran devueltos al banco en los vencimientos respectivos. Inspectores del Banco de España designados a través del Fondo de Garantía de Depósitos advirtieron en el año 1980 la existencia de pérdidas expresas o tácitas del banco que ponían en peligro su normal funcionamiento y solvencia, y el 11 de junio de 1981, el consejo ejecutivo del Banco de España acordó conminar al consejo del Occidental para que en el plazo de siete días comunicase la situación de pérdidas y solicitase la ampliación de capital para cubrir el coeficiente de garantía. El entonces presidente del consejo nada dijo de esto a los miembros del consejo y a la junta general de accionistas del 20 de junio de 1981, siendo poco después suspendido en sus funciones. El 10 de agosto de 1984 el Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid, dictó orden de prisión incondicional, pero Diego Jiménez ya había huido de España, probablemente a EE UU, por lo que se tuvo que dictar una orden de búsqueda y captura.

Banco de Navarra

El Banco de España decidió el 17 de enero de 1978  la intervención del Banco de Navarra, presidido por Juan Palomeras Bigas, a la vista de la situación de esta entidad y después de que fueran informados el consejo del propio banco emisor y el Consejo de Ministros. Las dificultades por las que atravesaba el banco eran tema habitual de comentarios en el mundo financiero.  En enero de 1976, en el curso de una inspección ordinaria del Banco de España, se descubrieron gravísimas irregularidades financieras. El banco se encontraba fuertemente endeudado con otros bancos, había concedido avales y créditos por encima de los límites legales al grupo empresarial catalán NIPI, presidid por Palomeras y que le había servido a éste, en ejercicios precedentes, para hacerse con el control del banco. Después de un análisis pormenorizado de su situación hecho por el Banco de España y expertos del sector, la solución adoptada supone la intervención del banco que evita la quiebra o suspensión de pagos. La intervención del banco supuso, como efectos inmediatos, la aplicación del fondo de garantía de depositantes, creado hace apenas dos meses. Los depósitos que alcancen hasta la cifra de 500.000 pesetas serán reembolsados con cargo a este fondo, creado por. aportaciones de la Banca y del Banco de España. La cifra de depósitos hasta medio millón de pesetas existentes en el Banco de Navarra supone unos 6.500 millones. Para los depositantes por encima de medio millón de pesetas y por la cuantía superior a esa cifra, el Banco de España facilitará una habilitación especial de fondos para poder reembolsar los compromisos del Banco de Navarra. Por esta vía se tendrán que librar 2.800 millones. Finalmente, cajas de ahorro y cooperativas de crédito tenían depositados 950 millones, y otras instituciones bancarias, por vía de créditos interbancarios, otra cantidad importante. La cancelación de esos depósitos o créditos queda pendiente de la liquidación definitiva que se haga de los activos de la entidad. Palomeras fue juzgado por tres delitos de falsedad en la contabilidad de la entidad, por lo que se le pedían seis años de cárcel. Tanto la Audiencia de Pamplona como el Tribunal Supremo le absolvieron. En este grave revés financiero, Palomeras, el primer banquero detenido y juzgado en España, perdió toda su fortuna personal y fue defendido por el abogado Crispín de Vicente, el mismo que se ocupó posteriormente de la defensa de José María Ruiz-Mateos. El 20 de septiembre de 1981, Juan Palomeras fue nuevamente detenido en Barcelona al no poder hacer frente a una fianza de 30 millones que le impuso un juez en el procedimiento de quiebra. Por esta causa fue encarcelado durante ocho meses. Al ir a detenerle la policía, Palomeras huyó por una ventana de su casa, pese a lo cual fue localizado y conducido a la cárcel. El policía que le detuvo fue Francisco Álvarez, quien durante una etapa en la que se encontraba excedente del Cuerpo había trabajado como responsable de seguridad del Banco de Navarra. La quiebra de esta entidad bancaria terminó en mayo de 1984, tras seis años de litigios, mediante un acuerdo entre accionistas y acreedores. El Banco de Navarra contaba con 750 empleados y 60 oficinas. Desaparecido el banco su ex-presidente Juan Palomeras Bigas, de 55 años, ingresó en 1987 en la prisión de Carabanchel, de Madrid, acusado de un presunto delito contra la salud pública, después de que fuera detenido por funcionarios de la Brigada, Central de Estupefacientes y de la comisaría de Barcelona en el aeropuerto madrileño de Barajas, cuando pasaba droga. a otra persona. Juan Palomeras se inició en el mundo de los negocios con la fundación de la empresa Motion Pictures Investments Co., que produjo algunas películas, como Simón Bolívar o El último sábado. En 1970 transformó esta empresa en un fondo de inversiones, al que bautizó con el nombre de MPI (las iniciales de la compañía cinematográfica), que llegó a tener 30.000 socios y un capital de 4.000 millones de pesetas. En 1974 adquirió el Banco de San Adrián y le cambió el nombre por el de Banco de Navarra. En esta entidad absorbió la Caja de Crédito para la Vivienda, la Caja Continental y la Caja de Crédito y Ahorros.

José María Gonzalez Cobos se equivocaba cuando albergaba esperanzas de que con la llegada del POSE al poder la Justicia se implantaría en la vida española, los españoles también.  Las memorias de la Físcalia General del Estado correspondientes a los años 1982-1990 revelan que en ese periodo se cometieron en España 6.228.000 delitos contra la propiedad. Las personas condenadas que pasaron algún periodo de tiempo en la cárcel no llegan a las cien mil. Con un total de 51 bancos en quiebra o suspensión de pagos, y unos perjuicios económicos causados a la sociedad española de 866.837 millones de pesetas, ni un solo banquero entró en prisión.



Benito Sacaluga


Fuentes consultadas:
Hemeroteca de El Pais.
El Dinero del Poder. Aut. José Diaz Herrera / Ramón Tijeras. Ed.Cambio 16. ISBN:84-7679-190.9.

EL ESTABLISHMENT Y LA JUSTICIA

En 1955 un periodista británico acuñó el término "Establishment" para referirse al grupo dominante que ostenta el poder en una nación. Un grupo que al menos está compuesto por los dirigentes políticos, los altos funcionarios públicos, los financieros,  los empresarios más importantes, los directivos de los medios de comunicación afines al gobierno y, en el caso de España, por los miembros de la casa real y sus familias, por la corte y sus cortesanos.

Inmediatamente nos damos cuenta de que si bien los dirigentes políticos y los altos cargos pueden variar, el resto de los miembros del "establishment" permanece formando parte de el independientemente del color político del gobierno. Los diferentes medios de comunicación alternarán en su pertenencia al grupo dependiendo del partido gobernante, el poder financiero, el poder empresarial y la corte nunca dejarán de estar presentes en el grupo dominante.

Parece claro concluir que en un Estado de Derecho es la Justicia la encargada de controlar al establishment, la responsable de que el poder no incumpla las leyes y la encargada de sentenciar todos los comportamientos delictivos que aquellos que ostentan el poder puedan cometer. En resumen debemos pensar, deberiamos estar convencidos, de que la Justicia no forma parte del establishment. Digo deberiamos precisamente porque no es posible estar convencidos de esa independencia de la Justicia cuando sus miembros más importantes están designados por el grupo que ejerce el poder. Parece lógico y es lícito pensar y hasta afirmar que tanto el Consejo General del Poder Judicial como la Fiscalía forman parte del establishment y además solo mientras que el poder del grupo lo considere necesario para sus intereses. Prácticamente la dependencia de la justicia para con el poder puede ser demostrada con un simple silogismo.

A los ciudadanos nos queda la confianza. La confianza en que la Justicia actúa libremente respetando al pie de la letra el Artículo 14 de la Constitución:

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna ( y aquí añado yo: ni positiva ni negativa) por razón de nacimiento,raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

El establishment nos pide cada día que confiemos en la justicia, mal empezamos si ellos mismos aceptan la existencia de fisuras desde el mismo momento en que ante evidencias inocultables la Justicia llama a sus puertas.

Se suele decir que a las personas y por extensión a las instituciones se les debe juzgar por su hechos y no por sus dichos, si nos atenemos a esta recomendación tan lógica y conveniente y analizamos el comportamiento de la Justicia en determinados casos, lo que realmente nos piden no es confianza, es fe ciega.

Antes de decidir si finalmente cerramos los ojos, o simplemente miramos para otro lado, no nos vendría mal atender a lo que Vicenç Navarro Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, nos dice refiriéndose a España en relación con la imagen y grado de confianza que de su Justicia exporta :

1. El sistema judicial, que alardea de haber tenido un sistema de jurisdicción universal que permitió detener a Pinochet en su visita a la Gran Bretaña, ha ignorado sistemáticamente la búsqueda de los asesinos y cómplices de los asesinatos políticos, de las detenciones y torturas ocurridos durante la dictadura, una de las más sangrientas que ha habido en Europa. Según el Profesor Malefakis, de la Universidad de Columbia de la ciudad de Nueva York, experto en fascismo europeo, por cada asesinato político que realizó el régimen liderado por Mussolini, el dirigido por Franco cometió 10.000. Ninguno (repito, ninguno) de los asesinos y represores ha sido juzgado durante el periodo democrático, debido a una ley de amnistía que les ha protegido. El sistema judicial no se da cuenta, por lo visto, de que carece de legitimidad y de credibilidad cuando se presenta como garante de derechos humanos a nivel mundial.  

2. El Estado español no ha ayudado a las familias de las personas asesinadas por el golpe militar y por la dictadura que se estableció a encontrar a sus seres queridos (140.000 desaparecidos en total, aunque es probable que el número sea incluso mayor). España es el segundo país del mundo (después de Camboya) donde hay un mayor número de personas desaparecidas por causas políticas. De nuevo, el Estado español no tiene ninguna legitimidad ni credibilidad para presentarse como gran valedor de los derechos humanos. Ha ignorado sistemáticamente las peticiones de las Naciones Unidas de resolver este caso de clara violación de los derechos de las víctimas. El interés en ayudar a las víctimas del terrorismo está escandalosamente sesgado políticamente. El comportamiento judicial y político hacia las víctimas del terrorismo es diametralmente opuesto al que se tiene hacia las víctimas del terrorismo del Estado dictatorial.

3. El único juez en España que intentó juzgar los crímenes políticos realizados durante la dictadura, el Sr. Baltasar Garzón, y ayudar a los familiares de las víctimas en su búsqueda de los desaparecidos, fue expulsado del estamento judicial, y ello como respuesta a una causa judicial iniciada por un movimiento de ultraderecha ligado a la Falange, el instrumento político del régimen fascista anterior. Y el establishment político conservador aplaudió esta expulsión, ignorando el enorme desprestigio que dicho acto significó para España a nivel internacional.

4. La expulsión del juez Garzón fue apoyada también por el establishment conservador pues ello permitió obstaculizar las investigaciones realizadas sobre el caso Gürtel, el mayor caso de corrupción política que ha habido en España, en el que este establishment conservador está implicado. Esto es conocido ampliamente en la opinión internacional y muy en especial en Europa.

5. Un juez intentó investigar el comportamiento delictivo cometido por los equipos de Bankia, responsables, en parte, de una de las mayores crisis financieras que España ha tenido. A las pocas semanas de iniciar tal intento fue encausado y uno de los banqueros más responsables de esa fallida financiera salió indemne. 

6. A uno de los miembros de la familia real, la hija del Rey, socia de una de las empresas que ha canalizado para beneficios privados fondos asignados para instituciones públicas, se la disculpa aceptando la postura de que ella no sabía nada de nada, pues confiaba plenamente en su esposo, único malo de la película. Y la opinión en Europa y Norteamérica interpreta que todo ello es una farsa.

7. En Catalunya, el caso Millet continúa, desde 2009, a un paso lentísimo, a pesar de la evidencia de que hubo una transferencia de fondos masiva a instituciones políticas, en una clara violación de la ley. El establishment político catalán no tiene nada que envidiar al español en su carencia de credibilidad en su supuesta defensa de los valores democráticos.

Y podría continuar citando casos y más casos que dan una imagen bochornosa de la justicia de este país, y que contribuyen a dar mala imagen y dañar la marca de España en el extranjero. Se me dirá, con razón, que en todas partes cuecen habas. Pero no en la misma intensidad, frecuencia y tanta impunidad como en España. Spain, después de todo, is different.

Hace dos días, altos responsables del Partido Popular han vuelto a expresar sus dudas sobre la sentencia judicial dictada sobre los atentados del 11M a tono con su teoría conspiratoria islamica-masónica-etarra-socialista. El pasado siete de marzo la jueza Alaya ha visto como la Audiencia Provincial de Sevilla la obliga a dejar la instrucción del caso de las facturas falsas de UGT. La Fiscalía quiere frenar en seco la investigación de las preferentes de Bankia, mañana......
Estas situaciones los ciudadanos no las entendemos a no ser que seamos muy mal pensados y además se da la circunstancia de que tampoco nos las explican. No se puede confiar en lo que se desconoce, como dije antes solo nos queda la fe, entendida como la suposición de que algo reflexionado por uno mismo es correcto aunque falten pruebas para llegar a una certeza sobre ese algo. Lo malo en este caso es que además de faltar pruebas para llegar a la certeza, lo que existen son pruebas en el sentido contrario.

Delitos prescritos, indultos, medios de defensa alcanzables solo para el establishment, retrasos inexplicables, tratos de favor en las comparecencias, aforamientos,.... La balanza de la justicia se inclina hacía el lado del poder demasiadas veces y  cuando lo hace en su contra su espada no le alcanza.

Benito Sacaluga.

RAJOY, ORDENO Y MANDO

No es nada nuevo. Mariano Rajoy acaba de decir en el País Vasco que con ETA "no hay nada que hablar". "Que se disuelvan". Así se ha expresado ayer rodeado de sus más allegados y de los populares vascos en San Sebastian. Rajoy no quiere hablar y su partido calla y otorga. Manifestaciones y comportamientos que deben ser tomados con precaución, las conversaciones con la banda terrorista siempre se llevaron en secreto, a escondidas. Quizás Rajoy se niega a hablar con ETA porque directa o indirectamente ya ha hablado y no le ha gustado lo que ha oído, o quizás su prepotencia le impide simplemente escuchar las pretensiones de la banda, una organización que aún hoy tiene capacidad para hacer daño, para volver a matar, si así lo hiciese a nadie le extrañaría. Infravalorar la capacidad del enemigo ha significado, la mayoría de las veces, una derrota inesperada que podía haberse evitado prescindiendo de la vehemencia y la prepotencia.

La organización terrorista está evidentemente muy debilitada en lo que a su brazo armado se refiere, pero por el contrario su brazo político nunca ha estado tan fuerte. A pesar de que Rajoy no habló, hablaron las urnas. Unas urnas que como consecuencia de la actitud intransigente de Rajoy volverán a hablar y fortalecerán la presencia en las instituciones de aquellos partidos que exigen para con ETA un trato diferente al actual. Escuchar siempre es gratis, no hacerlo a veces cuesta caro.

Rajoy no quiere hablar con ETA, tampoco con Mas, por supuesto tampoco de la corrupción en su partido. Su silencio lo escuda en la Constitución y en la Justicia y lo hace desde una posición de fuerza derivada de una mayoría parlamentaria , sin tener en cuenta que esa mayoría solo representa al 30% de los españoles, ni que un 70% del censo electoral le negó su voto. Una mayoría absoluta desde el punto de vista parlamentario, pero una aplastante minoría en términos reales. Unos votos que le permiten gobernar en solitario a un país que mayoritariamente no le respalda en las urnas. Ordeno y mando.

Rajoy no hace política, simplemente toma decisiones, una decisiones que tampoco son suyas y en las que solo participa como portavoz y ejecutor de lo que desde Bruselas se le indica como "conveniente". Tampoco en el asunto de ETA ni en el de Cataluña quiere hacer política aunque en estos caso nadie le impide que lo haga. Mientras él se niega a hablar lo hacen los Tribunales Europeos y toman decisiones, decisiones a las que Rajoy se pliega de inmediato sin intentar contrarrestarlas y se apresura en liberar a decenas de presos etarras. Una de cal y otra de arena. Hacer política no significa ceder, hacer política es el camino para los logros, pero Rajoy piensa que no necesita hacerla, con su mayoría le basta para imponer un criterio basado en una idea absolutista de la democracia cuando se disfruta de una mayoría absoluta en el Congreso. Las ideas de patria y nación vuelven a superponerse a la del Estado de Derecho, aunque Rajoy se escude también en él, sin darse cuenta, o si, de que lo está deteriorando con sus posturas intransigentes con el dialogo político y el consenso democrático. Ordeno y mando.

También se niega a hablar con las victimas de segunda o tercera clase que son para él las provocadas por los crímenes de guerra y la dictadura franquista, unas victimas incomodas para la derecha española cuyas pretensiones de justicia calificó Rajoy como "incomprensibles". De este colectivo de victimas también habló cuando en 2007 se aprobó la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, más conocida como la Ley de Memoria Histórica, nada más aprobarse dijo : "Lo primero que haré cuando gobierne sera abolir esta ley". Cuando en 2011 llegó al gobierno no la abolió, actuó antidemocráticamente como es su costumbre, redujo su dotación en los presupuestos de 2012 en un 60%, en los correspondientes a 2013 y 2014 la ya exigua dotación desapareció de los presupuestos. Un "tema" para Rajoy zanjado ya desde 1977 cuando un cuerpo legislativo preconstitucional aprobó la vergonzosa Ley de Amnistía. Ordeno y mando.

Dentro de poco volveremos a oír hablar y mucho a Rajoy, rodeado de sus súbditos del Partido Popular y de banderas  azules. Nos pedirá el voto lanzando al aire promesas que nunca cumplirá. Entonces si considerará necesario hablar y a buen seguro  hablará de ETA y de sus victimas, unas victimas a las que seguirá utilizando con fines electorales. Poco hablará de las victimas del 11M, ya que su existencia se debe a las políticas belicistas de su partido y a la inoperancia del gobierno de Aznar para prever el atentado a causa de infravalorar la capacidad de un enemigo que él solo se buscó. De las victimas de la dictadura franquista no hablará y si acaso lo hace será para, como siempre, insultarlas.

Franco no respetó a los vencidos, los masacró durante toda su vida. Rajoy parece ser que con relación a ETA también es partidario de su aniquilación más que de su derrota.

Benito Sacaluga.

LA FINANCIACIÓN DEL PARTIDO GOBERNANTE EN 1977.

En 1977, tras las primeras elecciones democráticas celebradas en España después de la muerte del dictador, la UCD de Adolfo Suarez forma el primer gobierno de la llamada "transición". El partido necesita financiación adicional a la que los incipientes mecanismos establecían por aquel entonces además de la representada por particulares y empresas simpatizantes, era necesario más dinero aunque su procedencia fuese irregular. La democracia en España aún no disponía de una Constitución y el franquismo estaba por todas partes. Se preveían cambios pero algo no debía cambiar. La nueva clase política y el partido gobernante tenían poder y desde el poder se podía conseguir dinero fácil, solo había que encontrar la forma para que los ciudadanos no se enterasen, al fin y al cabo estos serían los que finalmente lo aportarían. La UCD comenzó a idear fórmulas recaudatorias de inmediato, el PSOE comenzó a desarrollar estas prácticas financieras dos años más tarde, concretamente en 1979, después de que las elecciones municipales le otorgasen el mando de la mayoría de los ayuntamientos españoles.

La UCD, nada más llegar al poder, puso en práctica cuatro fórmulas distintas para el acceso al dinero negro.

A.- Sector Eléctrico

La UCD había apoyado con firmeza la construcción de la central nuclear de Lemoniz en el Pais Vasco, cuando los inversores llevaban casi dos billones de pesetas gastados, la instalación no se pudo completar debido a una feroz campaña de ETA, que culminó con el asesinato de dos ingenieros de la fábrica y amenazas de muerte a toda la plantilla. El cierre de la central supuso un duro golpe para las compañías eléctricas, probablemente hubiera significado el cierre de muchas empresas (privadas), pero el Gobierno de España acudió en su ayuda resarciendo a las empresas de las inversiones efectuadas y el lucro cesante repercutiendo su importe en los recibos de la luz de millones de españoles.

Las negociaciones entre altos cargos del Gobierno y los directivos de Lemoniz, que determinaron el pago de las inversiones no rentabilizadas con cargo a los recibos de la luz de los ciudadanos, aportaron una fuerte cantidad de dinero a las arcas de la UCD. A partir de entonces la práctica se institucionalizó. Todos los años, cada vez que el sector eléctrico acudía al Ministerio de Industria a negociar la subida del canon energético, había siempre una negociación técnica en la que se ajustaba el precio del kilowatio hasta el último céntimo en beneficio del usuario. Concluida esa negociación intervenían los políticos redondeando las cifras con un aumento de un par de céntimos por kilowatio/hora. La operación significaba cada año un beneficio económico de unos cientos de millones de pesetas, de los cuales una parte iba a parar a las arcas de la UCD.

B.- Sector Bancario

Los coeficientes bancarios,  el dinero que las entidades financieras estaban obligadas a depositar en el Banco de España, estaban representados por un porcentaje de los depósitos de los clientes de cada banco. Las personas que negociaban esos asuntos por parte de la patronal bancaria eran siempre hombres de confianza de Rafael Termes, presidente de la Asociación Española de la Banca Privada, y los altos cargos del Banco de España. Unos y otros sabían que reducir un solo punto el coeficiente de caja de los bancos suponía aumentar la masa de dinero circulante en muchos miles de millones de pesetas. Por eso tras la negociación técnica venía la política. Reuniones en el despacho del vicepresidente económico del Gobierno donde se "aquilataban" las cifras al mínimo, favor que la banca recompensaba convenientemente.

C.- Agricultura

Una tercera fórmula utilizada por la UCD para obtener dinero era la venta de los excedentes agrícolas españoles que dependían del Fondo de Ordenación y Regulación de los Precios y Productos Agrarios (FORPA), dependiente del Ministerio de Agricultura. España no pertenecía aún a la CEE y el FORPA era el encargado de la venta en el exterior de los excedentes. Para la venta de los excedentes y "controlar" las operaciones se constituyó la sociedad "intermediaria" Internum. La historia funcionó hasta 1984, dos años más desde la salida de UCD del Gobierno.

D.- Política Exterior

Determinados paises árabes proporcionaban ayuda a España a cambio de que el Gobierno de la UCD no reconociera al estado de Israel y permitiera a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) abrir una oficina de representación con status diplomático en España. Los petrodólares llegaban a España a través de las comisiones establecidas en las compras de crudo que adquiría directamente el estado a través de la empresa Hispanoil (Hispánica de Petróleos) fundada en 1965 y participada en un 95,4 % por el Instituto Nacional de Industria (INI), crudo que constituía la llamada "reserva estratégica", es decir, la reserva de petróleo necesaria para que el país pudiera subsistir durante un corto periodo de tiempo -alrededor de un mes- en caso de conflicto grave o crisis mundial, para compensar cortes en las vías de suministro o problemas de abastecimiento.

Más

A la UCD nunca le faltó dinero, aparte de la estructura anteriormente detallada, el dinero llegaba a la sede del partido en la calle Cedaceros,11 de Madrid a espaldas del Congreso de los Diputados, de la mano de los dos hombres de confianza de Adolfo Suarez: el vicepresidente del Gobierno Fernando Abril Martorell y Aurelio Delgado, cuñado y secretario personal, más conocido con el apodo de Lito. Una tercera persona a la que Suarez permitía intervenir en el tema de las finanzas era Alvaro Alonso Castrillo, a quien cariñosamente llamaban "el hombre del maletín", por sus continuas idas y venidas a la Moncloa con un maletín de cuero siempre dispuesto para llevar dinero al partido. Finalmente Alonso Castrillo quedó implicado en el Caso Naseiro de financiación irregular del Partido Popular.

Todos pagamos

Tras el hundimiento de la UCD, las deudas del partido se camuflaron como pérdidas en una de las crisis bancarias posteriores y fueron amortizadas por el Fondo de Garantía de Depósitos. Placido Vazquez, uno de los dirigentes de la formación política liderada por Adolfo Suarez, afirma que el pasivo de UCD era entonces de unos 4.000 millones de pesetas. Por el contrario Aurelio Delgado asegura que el agujero era de 2.000 millones. En cualquier caso la totalidad de las deudas fueron pagadas por el Estado.

No cabe duda de que los políticos españoles tienen una especial habilidad para obtener dinero a costa de los contribuyentes, tampoco de que al final "la banca siempre gana". Con el tiempo los casos no han hecho más que aumentar, ahora la derecha está en el Partido Popular. Han aumentado los casos y los importes, unos importes que hoy en día son de tal magnitud que los miles de millones de pesetas de la UCD parecen simple calderilla si los comparamos con los importes económicos de los actuales escándalos que salpican al actual partido en el Gobierno. Solo en el Caso Bárcenas se mueven más de seis mil ochocientos millones de pesetas. Será la inflación.

Como se ha podido ver la electricidad, la gasolina y los bancos fueron los instrumentos elegidos para que la UCD tomara dinero de los españoles, hoy, treinta y siete años después, estos sectores siguen siendo un gran problema para los contribuyentes a causa, unos de la enorme carga impositiva que contienen y otro, la banca, por el rescate de la que ha sido objeto y también por la permisiva actitud del Banco de España en relación con las comisiones "por todo" que nos cobran.


Benito Sacaluga


Fuente consultada: El Dinero del Poder. Aut. José Diaz Herrera / Ramón Tijeras. Ed.Cambio 16. ISBN:84-7679-190.9.

DEUDA ILEGITIMA

La reciente sentencia del Tribunal de Estrarburgo pone de manifiesto la ilegalidad de un impuesto creado por el Partido Popular cuando Aznar presidía el gobierno, el denominado "céntimo sanitario", denominación que tampoco obedece a la realidad dado que la cuantía del impuesto superaba, cuadriplicaba en algunos casos esa cantidad.

El alto tribunal declara improcedente la aplicación del impuesto sobre la base de que su recaudación no se ha destinado a aquello para lo que fue creado. En este sentido podríamos suponer que en general aquellos impuestos cuya recaudación no se destina estrictamente al mantenimiento del gasto público del Estado Central o de las Comunidades Autónomas en justa correspondencia con lo reflejado en los Presupuestos Generales, son impuestos indebidamente recaudados y por tanto deberían ser devueltos a aquellos que los han pagado. De forma similar podríamos concluir que ciertas partidas de la deuda pública asumida no deben ser abonadas por el Estado si su importe no se ha destinado exclusivamente a lo público. Si la petición de IU relativa a la realización de una auditoria de la deuda pública española está cargada de razón, la sentencia dictada sobre el "céntimo sanitario" fortalece sobremanera dicha petición.

Muchos son los capítulos donde podríamos incidir y será labor de la auditoria, si esta finalmente se efectúa, diseccionar y definir con claridad las irregularidades, no obstante en la mente de todos está el importe destinado a sanear las entidades financieras españolas, todas ellas entidades privadas totalmente ajenas a lo público. Entidades financieras cuyos gestores han cometido numerosas irregularidades e incluso delitos, actuaciones que de forma clara han sido la consecuencia de su quiebra.

Una actuación del gobierno que en ningún caso es aceptable y menos aún cuando la población está sufriendo recortes importantes como consecuencia de la reducción de partidas presupuestarias ya de por si escasas. De aquí la necesidad urgente de auditar la deuda pública y tomar medidas para que el sector privado que se ha beneficiado del endeudamiento cargue con la devolución de lo indebidamente entregado.

Entidades financieras cuyo gobierno, en la práctica totalidad de los casos estaba a cargo de representantes de partidos políticos y presididas por personajes designados por Partido Popular y PSOE, partidos que siempre han estado presentes en el mundo de la banca desde 1978, tanto en sus consejos como desde las mesas de sus despachos ministeriales. Son demasiadas las operaciones relacionadas con la banca que han costado dinero a los españoles. 

(1).Ya en 1979 Carlos Solchaga, a la sazón Consejero de Comercio del segundo Consejo General Vasco y Pedro Toledo por entonces consejero delegado del Banco de Vizcaya, amigos íntimos, maniobraron para que el Vizcaya efectuse el asalto a la cúpula financiera del país. Poco después cae Banca Catalana, entidad ligada al entonces presidente de la Generalitat Jordi Pujol, dejando un agujero de 150.000 millones de pesetas. En 1983 tal y como se pactó con Toledo, Carlos Boyer y Solchaga renuncian a la intervención del Estado y en el Consejo de Ministros del 19 de mayo entregan Banca Catalana a un grupo de 14 bancos capitaneado por el Banco de Vizcaya, el cual finalmente en marzo de 1984 anuncia su opción de compra sobre el banco catalán. A partir de ese momento las ayudas del Banco de España para reflotar Banca Catalana son muy numerosas, ayudas en dinero contante y sonante que el Vizcaya coloca en Obligaciones del Estado al 18% de interés, tras la información recibida de Carlos Solchaga en el sentido que las nuevas emisiones de Obligaciones iban a reducir su tipo de interés. Con los beneficios obtenidos del dinero público entregado por el Banco de España, Pedro Toledo saneó totalmente Banca Catalana y la añadió al patrimonio del Vizcaya sin que le costase un solo duro.

Situaciones como la de Banca Catalana, en las que intervienen políticos, miembros del gobierno y presidentes de bancos hay muchas en la reciente historia española, poco a poco iré exponiéndolas en futuras publicaciones. Igualmente existen en el sector eléctrico desde que los bancos intervinieron decididamente en él. Operaciones que finalmente siempre acaban repercutiendo en el recibo de la luz de todos los españoles. Por citar ahora un caso, ya en 1983 y a consecuencia del parón nuclear, se otorgó al Vizcaya una indemnización de 300.000 millones de pesetas por el paro de las obras de la Central de Lemoniz, dinero que pagamos entre todos con cargo al recibo de la luz.

Después de adquirir información sobre el manejo que del dinero público se viene efectuando desde siempre en España, el clamor popular debería ser de  magnitudes excepcionales y los tribunales de delitos económicos deberían estar colapsados por las demandas. Muy al contrario se sigue utilizando el poder político y el dinero publico para llenar los infinitos bolsillos de banqueros y empresarios, los cuales a su vez ponen extremo cuidado en que no les falte de nada a sus benefactores.

Benito Sacaluga

(1). El Dinero del Poder. Aut. José Diaz Herrera / Ramón Tijeras. Ed.Cambio 16. ISBN:84-7679-190.9.

EL RESCATE DE RAJOY

El presidente que ganó unas elecciones prometiendo y que inexplicablemente sigue en su puesto después de no cumplir con ninguna de sus promesas, tiene ahora la poca vergüenza de pedir a los españoles que le aplaudamos y le estemos eternamente agradecidos por no haber pedido el "rescate" a la Unión Europea. No nos explica con detalle lo que hubiera supuesto el rescate para la economía doméstica, la única real, pero nos dice que de haberlo solicitado estaríamos peor. No estoy de acuerdo. Todo dependería de para que se hubiese pedido el temido rescate. Como prueba de las bondades del auxilio europeo están los bancos españoles, que antes de que Rajoy pidiera dinero para salvarlos, en plan rescate pero menos según él, estaban todos con problemas y hoy sus beneficios empiezan a sonrojar al personal, incluso a aquellos a los que la banca mandó a su casa con jubilaciones anticipadas para aligerar la nómina y que han sido sustituidos por máquinas expendedoras sin buzón de reclamaciones pero con cobro de peaje.

Rajoy dice que no pidió el rescate pero no nos dice que quizás después de pedirlo no nos lo hubieran concedido, tal y como hacen los bancos con sus clientes cuando les piden un préstamo y las posibilidades de que se lo devuelvan son pocas o nulas. En una cosa si que tiene razón Rajoy, él no estaría en la tribuna del Congreso en plan salva-patrias. Eso si, estaría muy ocupado con la Comisión Europea intentado cuadrarle las cuentas de España y las de su partido.

La realidad es que España no ha pedido el rescate a la UE, se lo ha exigido, sin pedirlo siquiera, a los españoles, que es más cómodo y además no hay que pagar intereses. El dinero del pueblo se ha utilizado para que el estado pueda mantener políticas liberales, una especie de feudalismo japonés donde la clase trabajadora mantiene a las demás desde la pobreza, un feudalismo hispano en el que los samurais han sido sustituidos por fuerzas de orden público, los ciudadanos por siervos, la moneda por vales de Cáritas, la justicia por el fuero del PP y en el que miles de seres humanos intentan salvar a nado el foso del castillo huyendo de la hambruna, pero que son rechazados con el actual sustituto del aceite hirviendo nada más llegan a tocar la elevada muralla de una colonia española. Manda huevos.

Después de todo lo que Rajoy nos ha quitado para no tener que pedir el rescate, bueno seria que nos explicase si hemos salido ganando o si por el contrario los únicos beneficiados han sido él, los bancos y la CEOE. Sería la única forma de conseguir que le agradeciéramos algo, aunque solo fuesen las explicaciones.

Un perdida de derechos sociales y laborales, libertades y poder adquisitivo de los salarios como los que padecemos, más seis millones de desempleados, junto con un aumento de la deuda pública en más de trescientos mil millones de euros, un déficit público prácticamente sin variación a la baja y una modificación de la Constitución para garantizar por encima de todo el pago de la deuda, son consecuencias muy graves que deberían ser comparadas con las que un rescate a tiempo hubiera traído consigo, más aún si las medidas sustitutorias aplicadas solo ha dado como resultado la disminución del PIB negativo en una décima o menos.

Los trabajadores, estudiantes y pensionistas están rescatando del rescate a la España oficial, pero a ellos no los va a rescatar nadie, tampoco se les va a devolver el dinero incautado, menos aún con un presidente de gobierno que antepone su ideología e inconfesables compromisos al bien general y a la decencia. Un payaso caro y sin gracia anclado a la pista de su particular circo donde solo se ríen él, las fieras y la taquillera. Efectivamente, tal como dice y repite constantemente, él es el responsable de la actual situación de los españoles, en eso tiene razón, yo solo espero que no se nos olvide.

Benito Sacaluga

FAMILIAS DE ACOGIDA

Ahora que todos estamos más o menos tiesos, aunque algunos ya hayamos pasado de la rigidez ocasionada por el frío económico para situarnos en la flacidez de una autentica mierda recién expulsada, nuestros gobernantes varios se afanan en loar a la institución familiar como recipiente de salvadora acogida de aquellos sus componentes a los que ya lo único que les queda para poder seguir en su estado de muertos vivientes es la practica de la mendicidad en cualquiera de sus variantes conocidas.

Las familias de acogida modernas ya no atienden únicamente a niños del Sahara o Mauritania,( siempre me he preguntado porque no de los suburbios de, por ejemplo, Almería) a los que convierten en sus más queridos hijos a cambio de llenar sus vidas por unos meses y proporcionarles el placebo solidario, niños que acogen de forma voluntaria sin escatimar en medios ni esfuerzos. Otra variante se da actualmente, acoger al desgraciado/a de la familia que a pesar de no haber hecho nada por conseguirlo se ha convertido en pobre oficial, tan pobre que en algún momento ha pensado en saltar la valla de Ceuta en dirección Marruecos para vender su DNI a cambio de productos típicos de Chauen. Esta acogida del familiar pobre oficial no se hace de forma ilusionada y voluntariamente provocada, sino que se hace por esa obligación no escrita que hipócritamente forma parte teórica de la definición de la familia como pilar de la sociedad. El acogido niño del Sahara tiene fecha de caducidad, el pobre español no.

Realmente la acogida del familiar pobre es un gran problema, más aún si el acogedor no goza de una situación económica desahogada. Desde el primer momento en que el intruso deposita su escaso equipaje en la cama mueble de su familiar, éste empieza a contar las horas que faltaran para que un golpe de suerte favorezca al recién llegado y así pueda desaparecer eternamente agradecido.

Pasadas algunas semanas el intruso por necesidad empieza a perder lo único que le quedaba: la dignidad. El ambiente se enrarece y termina por darse cuenta de que es un autentico estorbo para el ejercicio del egoísmo de su patrón/a. En silencio en la desplegada cama mueble, una cama que ahora nadie se alegra de haber comprado, el pobre entiende que debe plantearse su salida, pero ¿ a donde?, no obstante y a pesar de que sabe que la incógnita no es despejable, su cerebro realiza complicados ejercicios de cálculo de fantasiosas posibilidades, unos cálculos que siguen en funcionamiento una vez que el sueño ha vencido a la inútil y larga velada.

Los días pasan convirtiéndose en un continuo desperdicio, la caritativa comida no consigue ya superar el paso por el gaznate a causa de los reproches sobre su falta de capacidad para, simplemente, pagarse los alimentos. Los días, horas y minutos pasan a ser un martirio personal, silencioso y eficaz que solo acaba cuando la dignidad renace haciendo sucumbir a la impotencia. Un día cualquiera el pobre miente como nunca ha mentido y dando saltos de alegría anuncia que un antiguo amigo, rico y sobrado de pasta, ha insistido en darle acogida y además proporcionarle un trabajo en su extensa mansión del Uruguay. Agradece los favores prestados por su familiar, llena su bolsa de viaje, recoge la cama mueble y se marcha con una sonrisa en la boca, esa sonrisa que solo puede provocar la recuperación de la dignidad. Mientras, el familiar acogedor, después de cerrar la puerta de sus tristes dominios, suspira elevando los ojos al techo ( en su casa no hay cielo) para inmediatamente ventilar la pequeña habitación donde el desgraciado de su hijo, hermano o primo pasó los peores días de su vida.

Una vez lejos de su provisional alojamiento, el pobre quema su inútil DNI y de la manera más digna y barata posible se quita la vida mientras tararea cualquier canción de Manolo Tena. Se mata simplemente para descansar sin tregua allí donde nadie le va a poder poner mala cara cuando meta su ropa interior en la lavadora o encienda el cigarrillo que ha comprado con el último euro que le quedaba.

Si señores del gobierno, den ustedes gracias a las familias de acogida, su maniobra para convertirlas en el único recurso provisional para los desgraciados ha conseguido que gran parte de ellos pierdan la dignidad y fuerza necesaria para acabar con sus políticas, y que la otra parte se haya puesto delante de un tren de cercanías en una curva sin visibilidad aligerando así la cifra de parados. Además, que coño, también han puesto a prueba el espíritu familiar y separado así el polvo de la paja existente en esta antigua institución. Como propina, y de paso, han legitimado una vez más la sabiduría del refranero español: "Las visitas dan alegría...y cuando se van... más todavía". Claro que, habrá de todo, digo yo.

Benito Sacaluga

LA SEGURIDAD CIUDADANA VERSUS LA SEGURIDAD DEL CIUDADANO.

Parece ser que el Consejo General del Poder Judicial no está dispuesto a refrendar la llamada "Ley de Seguridad Ciudadana", impulsada por el Partido Popular desde la óptica de un ministro del Interior que lleva enganchado a los cargos públicos desde 1978, ni más ni menos que treinta y seis años. El CGPJ no está solo en la crítica de la ley, la Unión Europea y el Consejo de Europa ya han hablado al respecto y no precisamente para elogiarla, todo lo contrario.

La ley en cuestión, entre otros aspectos, recorta las libertades ciudadanas y convierte a los agentes de orden público en instrumentos recaudatorios. Las sanciones administrativas sustituyen a algunas de las hasta hoy solo perseguibles por vía judicial exclusivamente. La sanción administrativa una vez impuesta, es decir de forma inmediata a su redacción por el agente de la autoridad, ya es exigible plenamente. El abono de su importe deberá efectuarse sin dilación una vez comunicada al sancionado, en caso contrario la administración procederá al embargo de cuentas corrientes, salarios o bienes de forma ágil y contundente. A partir de ahí el ciudadano que esté en desacuerdo con la sanción impuesta, habiendo ya pagado la misma o habiendo sido embargado de forma efectiva, deberá iniciar un largo camino de recursos por la vía administrativa para llegar finalmente a los tribunales de justicia, por supuesto pagando de su bolsillo todos los gastos que su reclamación ocasione, muchos no podrán hacerlo. Sintetizando, el ciudadano pasa de ser demandado a demandante y ni más ni menos que contra la Administración del Estado. La desproporción en medios y recursos se convierte en incalculable debido a su magnitud. Si además tenemos en cuenta que la denuncia formulada por funcionario público tiene presunción de veracidad y valor probatorio su declaración, nos colocamos en una situación de indefensión enorme a no ser que podamos demostrar, por ejemplo, que el momento de los hechos nos encontrábamos a miles de kilómetros de distancia o alojados en alguna cárcel en régimen cerrado.

Cacheos sin respeto a la dignidad de la persona e identificaciones realizadas de forma indiscriminada, traslados a comisaria, disolución de reuniones, estimación subjetiva de la peligrosidad, intervención autorizada de la seguridad privada, responsabilidades para los organizadores de manifestaciones o actos similares,.... quedarán al criterio de los agentes, de las fuerzas de seguridad. Estaremos de acuerdo en que esta ley más que velar por la seguridad ciudadana lo que pretende es aniquilar la seguridad del ciudadano. Una seguridad que hoy está protegida por los jueces y que de ponerse en marcha la nueva ley quedará en primera instancia en manos de aquellos que nos detienen.

Si acudimos a la vía constitucional, la ley entra en contradicción, vulnera o mutila, en todo o en parte, ciertos artículos de la Carta Magna: Art.15, Art.17, Art.18, Art.20, Art.21,  Art.22, Art.24, Art.25, Art.39, Art.53, Art.55....lo que viene a convertirla en una segura senda hacia el estado policial.

Dice este ministro, que por cierto nunca ha durado más de cuatro años en un cargo público, la media es de dos años, dice que dado que España se encuentra en vías de franca recuperación económica el número de manifestaciones tiende a reducirse y que por tanto también las posibilidades de aplicación de la ley, motivo por el cual por no deberiamos preocuparnos tanto por su contenido. Como si ya existiera el pleno empleo, la justicia social, la educación, el aborto, la sanidad, su dimisión y otras zarandajas que los ciudadanos nos empeñamos en reclamar de forma ilegal según el ministro. Solo le ha faltado decir eso de "no la hagas y no la temas", que es precisamente lo que pretende con su impresentable iniciativa, que no hagamos nada ante las continuas agresiones a que nos somete el partido político que lo nombró o ante las injerencias de su Opus Dei en la libertad personal y colectiva de los españoles.

Como guinda de remate, la ley en su Disposición Final, establece que : "Cuando los infractores sean extranjeros (...), podrá aplicarse, además de la multa, la expulsión del territorio español", como para que un belga de Benidorm participe en un escrache al alcalde. Si esto se hace con los extranjeros residentes o turistas que no se hará con los que carecen de documentación o con aquellos que después de atravesar el Estrecho con la ayuda de un neumático de camión consiguen poner pie en arena española.

Tal y como dije antes la duración en los cargos públicos de este señor ministro es muy corta y si nos atenemos a la media parece ser que su etapa como ministro de Interior está a punto de concluir,  debería haber concluido ya, circunstancia positiva para conseguir el archivo de la ley en algún cajón del ministerio, lo malo sería que una vez cesado en Interior se le nombrase ministro de Justicia, o porqué no, de Seguridad Ciudadana.

Benito Sacaluga

CONFUSIÓN PERPETUA

La importancia que el fallido golpe de estado de 1981 tuvo y tiene para los españoles debería al menos exigir que no fuese tratado de forma tan frívola como lo hizo Jordi Évole el pasado domingo. No todo es lícito para conseguir altas cifras de audiencia. La publicidad engañosa previa que La Sexta realizó sobre el asunto caló en gran parte de los ciudadanos y así engañados sintonizaron con la emisora de forma masiva. Aunque ayer y hoy, muchos de los televidentes  hayan caído en la cuenta de lo irreal de su contenido, en la mente de muchos otros que, o bien no vieron el programa en su totalidad o bien no hayan entendido su propósito, la versión ofrecida permanecerá por mucho tiempo, quizás para siempre.

Por otra parte, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, hablemos de la Guardia Civil y del 23-F. La Guardia Civil, fuerza armada que ejecutó el golpe, se convierte en foco de atención cuando hoy está siendo cuestionada por su reciente intervención en Ceuta. La obediencia debida y la cadena de mando salvaguardan la responsabilidad de los agentes. El Pacto del Capó resucita convertido en el Pacto de la Playa. Como en otras tantas ocasiones la autoridad competente, por supuesto militar, quedará en el anonimato y libre de responsabilidades. 

Que hayan transcurrido treinta y tres años desde la intentona golpista y se siga especulando sobre la participación de Juan Carlos I en la misma, más que la frívola atención de Jordi Évole debería gozar de la visión tragicómica que solo el irrepetible Gila podría ofrecernos. La tardía aparición de un uniformado rey ejerciendo su función constitucional como mando supremo de las Fuerzas Armadas nos indica el camino para llegar a establecer en donde se encuentra la más alta responsabilidad sobre la actuación de los golpistas. Un breve discurso en formato de mensaje, analicemos el siguiente párrafo del mismo:

Al dirigirme a todos los españoles con brevedad y concisión en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado a los Capitanes Generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente: Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el palacio del Congreso, y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes del Estado Mayor que tomen las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.

"Para evitar cualquier posible confusión"  ¿A que confusión posible se refiere?. Desmentir ante los mandos militares que, tal y como se les indicó, actuaban con su visto bueno puede que sea la intención más probable. ¿Hasta donde llega la obediencia debida de los miembros del Ejército y la Guardia Civil  y donde empieza a convertirse en colaboración necesaria totalmente voluntaria? ¿ En que punto de la débil línea que separa la rebelión militar de la sedición debemos situar a instigadores y ejecutantes del golpe, a todos?

Prescindamos de complicadas hipótesis y centremos la atención en la cronología de los hechos reales y en los reales hechos. El teniente coronel Tejero irrumpe con sus guardias en el Congreso a las 18,00 horas, tan solo 45 minutos más tarde está registrada la conversación mantenida por el general Juste con la Zarzuela, el rey fue conocedor del suceso, al menos de forma oficial, en ese mismo momento. Un cuarto de hora más tarde Milans es retirado del mando, aunque en Valencia ya está declarado el estado de excepción, pero no obstante y antes de comenzar la grabación del mensaje Juan Carlos habla con Milans. Los GEO toman RTVE y los tanques circulan por las principales calles de Valencia mientras Tejero desautoriza la propuesta de Armada y Gabeiras, ordena el arresto de Milans del Bosch. Ya han pasado seis horas desde que Tejero sacó su pistola en el hemiciclo y las ametralladoras funcionasen en plan antidisturbios, actuación proporcionada al peligro latente.

Aún tienen que transcurrir una hora y catorce minutos más para que RTVE emita el mensaje en diferido de Juan Carlos. Un mensaje que debería haberse producido a las 18,15 de la tarde y que no obstante se emite a las 01,14 horas del día 24 de febrero, se demora siete horas, retraso inexplicable que se convierte en el principal motivo para la existencia de la confusión a la que el rey alude en su mensaje, una confusión que el rey ha provocado a causa de su inacción, una confusión inexistente para él y cuya mención es la piedra angular para ocultar el repentino cambio de posición en relación con el golpe. El retraso no fue tal, fue simplemente el tiempo que el rey tardó en valorar la continuidad o el aborto de la por él presuntamente conocida y autorizada maniobra atento a la vista del desarrollo de los acontecimientos. Lo importante para él era, por encima de todo, estar en el bando ganador, siempre desde su nacimiento fue así y nunca tuvo reparos sobre los medios utilizados para ello. El aborto finalmente se produjo y de él surgió el juancarlismo y la maquillada  investidura como demócrata de un rey sentado en el trono por un dictador al que juró obediencia.

Como dije antes y a pesar de los años transcurridos (33), la "confusión" permanece. Seria bueno que de una vez por todas desapareciera. El mensaje real lo pretendía, pero es evidente que no lo consiguió. Bueno sería que el rey se dirigiese nuevamente a los españoles, de forma detallada y documentada y nos explicase que fue lo que realmente sucedió, al menos desde las seis de la tarde del 23 de febrero de 1981 hasta la una de la madrugada del siguiente día 24. Ahí están todas las claves y Juan Carlos las conoce de primera mano. Desde luego está en la obligación de hacerlo, aunque solo sea por su obediencia debida a la Constitución. El hecho de que no lo haga perpetúa una confusión que, visto lo visto, solo beneficia a la corona.

Benito Sacaluga

TIEMPO DE PACTOS

Como siempre sucede a la vista de unas elecciones, las formaciones políticas comienzan a sondear la posibilidad de pactos en aras de conseguir un mayor número de votos. Cada uno busca su compañero de viaje entre aquellos con los que sus ideas están próximas. No deja de ser una incongruencia que esto suceda cuando al mismo tiempo y desde los partidos minoritarios se pide la diversidad y, con razón, se califica al bipartidismo como una zancadilla a la democracia.

Más que de ir juntos finalmente van revueltos. Tu me respetas esta parte del programa, yo meto un poco del tuyo, tu puesto en las listas será garante de escaño.............¡ Malditas listas cerradas!. Parejas de baile que se separan cuando la música de las urnas termina o cuando los pisotones hacen imposible marcar el paso de la pactada partitura.

La sincerada declaración de independencia que las nuevas formaciones esgrimen como virtud en su presentación a la sociedad queda en solo palabras en el mismo momento en que el pacto se firma. Política al fin y al cabo, una vez más. Reparto o perdida estratégicos de la independencia con fines electorales. Pérdida de la frescura política por parte de las nuevas formaciones, una frescura no ya necesaria y deseada por muchos ciudadanos, sino también imprescindible para la regeneración democrática. Ilusiones una vez más a la basura.

El próximo lunes IU y PODEMOS se sientan a negociar y yo me pregunto el qué. Sus ofertas y fines son idénticos sobre el papel y desde el micrófono: Impulsar un proceso constituyente para recuperar la soberanía popular, controlar ferreamente o incluso nacionalizar la banca privada, acabar con la austeridad y los recortes sociales, auditar la deuda española y diseccionar la misma entre legitima e ilegitima, un nuevo sistema fiscal, revalorización de los salarios y las condiciones de trabajo y despidos, laicidad efectiva del estado, acabar con los desahucios, potenciar la construcción de vivienda pública y ayudas para acceso a la vivienda, desarrollo óptimo de la ley de dependencia, reorganización del poder judicial, impedir las privatizaciones de los servicios públicos, eliminar las actuales iniciativas populares sobre el aborto, suspender las intervenciones militares españolas en otros países, modificar las leyes sobre inmigración, etc... solo PODEMOS anticipa una variante: la celebración de unas primarias de verdad.. Ésta, me temo que junto con el consabido reparto, puede que sea las única linea de la negociación. PODEMOS quiere inventar lo que ya está inventado e IU esgrime la patente sin desaprovechar el dejarse ayudar por el tirón mediático de su posible socio.

Incluir en los programas electorales como propósito irrenunciable el restablecimiento de la República en España ahora no toca, sigue sin tocar, aún más allá de no tocar la izquierda española lo considera una palabra tabú, peligrosa para la suma de votos. Ya habrá tiempo dicen, aunque realmente no lo piensen, o ya habrá tiempo piensan aunque realmente no lo digan. Puede que en sus anticipos programáticos nos intenten mostrar el horizonte republicano pero lo hacen muy veladamente y eso no es bastante, muchos ciudadanos no captan el confuso mensaje. En estas andamos. Tampoco se escucha nada potente relacionado con la derogación de la Ley de Amnistía, paso imprescindible para que podamos mirar cara a cara a la justicia sin que muchos nos sintamos despreciados por ella.

Con la excepción de ERC, solo pequeñas agrupaciones alzan la voz republicana, organizaciones en las que, huérfanas de medios y de apoyos, sus propósitos son de muy difícil logro. Su diseminación y falta de conexión acentúan su escaso potencial de convocatoria y exposición de sus fines. Eso dicen. Los partidos políticos que deberían ser el altavoz y medio de las ideas republicanas, no sin cierta vergüenza, miran para otro lado, para su lado.  Por otra parte los ciudadanos, desde su hastío político, se muestran reacios a cambios de calado, más aún si estos se proponen por formaciones que desde  1975 se han plegado interesadamente y en demasiadas ocasiones a las exigencias del actual sistema.

A la esperanza de PODEMOS se unen nuevas formaciones que encuentran en las elecciones europeas una posibilidad de establecerse con representación en el panorama político, para desde ahí acometer con posibilidades nuevas convocatorias autonómicas o nacionales. Organizaciones como VOX y RED ( Juez Silva). RED hasta nos habla de un proceso constitucional, todas tratan de encontrar un hueco aprovechando el desastre económico, social y político que vive España. En el caso de que lo consigan ¿seguirán en solitario su camino?. Solo si los resultados son excelentes o así se prevé que sea podrán hacerlo y aún así negociaran con otras formaciones desde la excelencia de sus cartas.

En 1977 fueron 82 las formaciones políticas que se presentaron a las elecciones generales, UCD con un 34,44 % de los votos y PSOE con un 29,32 % desbancaron de forma contundente a los 80 partidos restantes y esto sucedió en gran parte gracias a la dispersión de votos entre formaciones sin posibilidad de obtener escaño. El PCE se hizo con un 9,33% de los votos, poco ha avanzado desde entonces, AP solo consiguió un 8,21 % de los votos en 1977 y hoy en 2011 disfruta de su segunda mayoría absoluta gracias a la desaparición de la UCD y partidos derivados posteriores. Realmente poco a nada ha cambiado políticamente España en 37 años. ¿Porqué? Quizás la respuesta sea la unidad de la derecha, su permanente "Alianza", y la falta de cohesión de la izquierda.

Benito Sacaluga

LOS BROTES ROJOS

Mientras que la situación empeora día a día para las familias, nos vemos obligados a asistir a lamentables espectáculos de manipulación de los datos económicos. Una manipulación que tiene como objeto el conservar el electorado al que el Partido Popular engañó en 2011. Todo el mundo sabe que la economía española a nivel real aún está muy lejos de tocar fondo y que cuando lo haga será para mantenerse en él, pero el gobierno tiene que negarlo sistemáticamente aunque nuevamente vuelva a ser necesario acudir al engaño.

Todas las cifras son manipulables pero si estas se componen de trece dígitos o más la manipulación es mucho más sencilla. Ante la inmensidad del dato objetivo es cómodo y fácil contraponer datos relativos que nos puedan dar, y esa es la idea, una percepción equivocada de la realidad. Que nos hablen del 1 % del PIB nos puede parecer insignificante, no así si el dato se nos facilita mediante la expresión de lo que ese porcentaje realmente representa. En nuestro caso y según datos aún provisionales el 1% de nuestro PIB representa exactamente 10.223.870.281,77 de euros, o lo que es lo mismo 1.701.108.880.701,75 de las antiguas pesetas. También el euro, los datos en esta moneda, juega en nuestra contra a la hora de la percepción real de las cifras, de su magnitud.

Datos manipulados e indicadores debidamente seleccionados son los instrumentos que el gobierno utiliza para disfrazar una gestión económica desastrosa. Cifras soltadas alegremente ante los medios de comunicación sin más explicaciones.

Hace días que el Banco de España publicó los datos de morosidad de las entidades financieras españolas al 31 de diciembre de 2013, es decir el importe total de las operaciones de crédito a particulares y empresas que dichas entidades califican como de difícil o imposible cobro a causa del impago reiterado de sus vencimientos. En un ambiente de recuperación como el que el gobierno nos asegura, sería lógico que la morosidad bancaria presentase síntomas de disminución y también que el crédito experimentase un cierto crecimiento. Nada más lejos de la realidad. El gobierno no habla de estas cifras y lo hace sabiendo que las mismas son un excelente barómetro de la situación de la economía real, una situación desesperada que el gobierno se niega a reconocer públicamente, mientras prepara nuevas medidas fiscales que la deterioraran aún más, a cambio de arañar algunas décimas en un déficit publico de cuyo importe son ellos los únicos responsables, al igual que lo son de la galopante deuda publica en la que han sumido al país.

Tomando como referencia los datos relativos al 31 de diciembre de 2011, fecha de la llegada del PP al poder y el 31 de diciembre de 2013, último dato publicado por el Banco de España, podemos ver el grave deterioro que presenta la economía real y la necesidad de estar preparados ante una nueva crisis de nuestro sistema financiero, crisis a la que sin duda y al igual que en las anteriores el gobierno del PP remedará con nuevas inyecciones de dinero público, de ese dinero de todos que además no tenemos y que se obtendrá vía endeudamiento, al mismo tiempo que trataran de convencernos de que no afecta al para las familias inútil dato del déficit.

MOROSIDAD ENTIDADES FINANCIERAS ESPAÑOLAS

Datos en millones de euros:

                                                2011       %/Cartera      2013       %/Cartera      Variación

CARTERA DE PRESTAMOS            1.782.554                      1.448.223                          - 334.331

MOROSIDAD                                       139.760        7,84 %      197.045        13,61 %        5,77 %

Como podemos ver la morosidad ha aumentado tanto en términos absolutos, como en relativos sobre el importe total de la cartera de préstamos. En términos reales el importe de la morosidad de 2013 es un 40,99 % superior a la que había en 2011, si bien en términos comparativos con la cifra de total-cartera el porcentaje de aumento sea de un 5,77 %. Igualmente podemos constatar que la cartera de préstamos al 31 de diciembre de 2013 es inferior en más de trescientos treinta mil millones a la existente a finales de 2011. Cifras incontestables que nos indican que los préstamos no se pueden pagar y que el crédito lejos de crecer se ha contraído en un 18,76 % con respecto al vivo a finales de 2011. Unos auténticos "brotes rojos" sobre los que el gobierno no se ha pronunciado y, tristemente, tampoco la oposición. Una morosidad que tras la cesión de activos tóxicos al estatal banco malo (Sareb) sigue en niveles insostenibles, lo que nos hace pensar que su volumen ha sido y sigue siendo manipulado a la baja por las entidades financieras, entre otras cuestiones para aligerar el importe a efectuar en concepto de provisiones y además de que así sus balances ofrezcan una adecuada aunque irreal solvencia. Una morosidad que asciende a la astronómica cantidad de Ciento noventa y siete mil millones de euros y de la que únicamente el 50% está soportada por garantía real (hipotecaria), y el resto (90 mil millones) encuadrados en un riesgo con garantías de muy difícil ejecución.

En términos absolutos, con una caída de las "ventas" (créditos vivos) de un 18,76% y un aumento de la cifra de impagados de un 40,99 % cualquier empresa se vería obligada a cerrar sus puertas, no así los bancos ya que la mano del gobierno compensa estos escandalosos datos con la constante emisión de una deuda pública (227 mil millones de euros más que en 2011) en la que los bancos encuentran el refugio para su supervivencia, junto a un desmesurado e incontrolado cobro de comisiones, y mano que también estará presta para salir en su ayuda "vía rescate" si fuese necesario, que lo será. "Quid pro quo".

Benito Sacaluga