DEUDA ILEGITIMA

La reciente sentencia del Tribunal de Estrarburgo pone de manifiesto la ilegalidad de un impuesto creado por el Partido Popular cuando Aznar presidía el gobierno, el denominado "céntimo sanitario", denominación que tampoco obedece a la realidad dado que la cuantía del impuesto superaba, cuadriplicaba en algunos casos esa cantidad.

El alto tribunal declara improcedente la aplicación del impuesto sobre la base de que su recaudación no se ha destinado a aquello para lo que fue creado. En este sentido podríamos suponer que en general aquellos impuestos cuya recaudación no se destina estrictamente al mantenimiento del gasto público del Estado Central o de las Comunidades Autónomas en justa correspondencia con lo reflejado en los Presupuestos Generales, son impuestos indebidamente recaudados y por tanto deberían ser devueltos a aquellos que los han pagado. De forma similar podríamos concluir que ciertas partidas de la deuda pública asumida no deben ser abonadas por el Estado si su importe no se ha destinado exclusivamente a lo público. Si la petición de IU relativa a la realización de una auditoria de la deuda pública española está cargada de razón, la sentencia dictada sobre el "céntimo sanitario" fortalece sobremanera dicha petición.

Muchos son los capítulos donde podríamos incidir y será labor de la auditoria, si esta finalmente se efectúa, diseccionar y definir con claridad las irregularidades, no obstante en la mente de todos está el importe destinado a sanear las entidades financieras españolas, todas ellas entidades privadas totalmente ajenas a lo público. Entidades financieras cuyos gestores han cometido numerosas irregularidades e incluso delitos, actuaciones que de forma clara han sido la consecuencia de su quiebra.

Una actuación del gobierno que en ningún caso es aceptable y menos aún cuando la población está sufriendo recortes importantes como consecuencia de la reducción de partidas presupuestarias ya de por si escasas. De aquí la necesidad urgente de auditar la deuda pública y tomar medidas para que el sector privado que se ha beneficiado del endeudamiento cargue con la devolución de lo indebidamente entregado.

Entidades financieras cuyo gobierno, en la práctica totalidad de los casos estaba a cargo de representantes de partidos políticos y presididas por personajes designados por Partido Popular y PSOE, partidos que siempre han estado presentes en el mundo de la banca desde 1978, tanto en sus consejos como desde las mesas de sus despachos ministeriales. Son demasiadas las operaciones relacionadas con la banca que han costado dinero a los españoles. 

(1).Ya en 1979 Carlos Solchaga, a la sazón Consejero de Comercio del segundo Consejo General Vasco y Pedro Toledo por entonces consejero delegado del Banco de Vizcaya, amigos íntimos, maniobraron para que el Vizcaya efectuse el asalto a la cúpula financiera del país. Poco después cae Banca Catalana, entidad ligada al entonces presidente de la Generalitat Jordi Pujol, dejando un agujero de 150.000 millones de pesetas. En 1983 tal y como se pactó con Toledo, Carlos Boyer y Solchaga renuncian a la intervención del Estado y en el Consejo de Ministros del 19 de mayo entregan Banca Catalana a un grupo de 14 bancos capitaneado por el Banco de Vizcaya, el cual finalmente en marzo de 1984 anuncia su opción de compra sobre el banco catalán. A partir de ese momento las ayudas del Banco de España para reflotar Banca Catalana son muy numerosas, ayudas en dinero contante y sonante que el Vizcaya coloca en Obligaciones del Estado al 18% de interés, tras la información recibida de Carlos Solchaga en el sentido que las nuevas emisiones de Obligaciones iban a reducir su tipo de interés. Con los beneficios obtenidos del dinero público entregado por el Banco de España, Pedro Toledo saneó totalmente Banca Catalana y la añadió al patrimonio del Vizcaya sin que le costase un solo duro.

Situaciones como la de Banca Catalana, en las que intervienen políticos, miembros del gobierno y presidentes de bancos hay muchas en la reciente historia española, poco a poco iré exponiéndolas en futuras publicaciones. Igualmente existen en el sector eléctrico desde que los bancos intervinieron decididamente en él. Operaciones que finalmente siempre acaban repercutiendo en el recibo de la luz de todos los españoles. Por citar ahora un caso, ya en 1983 y a consecuencia del parón nuclear, se otorgó al Vizcaya una indemnización de 300.000 millones de pesetas por el paro de las obras de la Central de Lemoniz, dinero que pagamos entre todos con cargo al recibo de la luz.

Después de adquirir información sobre el manejo que del dinero público se viene efectuando desde siempre en España, el clamor popular debería ser de  magnitudes excepcionales y los tribunales de delitos económicos deberían estar colapsados por las demandas. Muy al contrario se sigue utilizando el poder político y el dinero publico para llenar los infinitos bolsillos de banqueros y empresarios, los cuales a su vez ponen extremo cuidado en que no les falte de nada a sus benefactores.

Benito Sacaluga

(1). El Dinero del Poder. Aut. José Diaz Herrera / Ramón Tijeras. Ed.Cambio 16. ISBN:84-7679-190.9.