En 2011, nada más llegar a la Moncloa el Partido Popular nos obsequió con un decreto ley aprobado el 31 de diciembre, un regalo de navidad que alegró a unos pocos y entristeció a muchos y que vino a significar una agresión a todo el cuerpo de Derechos de la mayoría social: trabajadores, funcionariado y personal laboral en las Administraciones Públicas, parados, personas dependientes y pensionistas. Ocho mil novecientos millones de euros en recortes acompañados de una subida del IRPF principalmente a cargo de la clase trabajadora. Ni se tocó el impuesto de sociedades, tampoco los relativos a las SICAV. Ordeno y mando.
En aquel momento los recortes y la subida de impuestos desfavoreció al 99% de la población: 18 millones de personas asalariadas, 5 millones de personas paradas, la juventud, 8,8 millones de pensionistas, las personas dependientes, las excluidas, las necesitadas........., todo ello por decreto, es decir sin que el parlamento pudiera hacer nada para impedir el ordeno y mando de un partido que se presentó a las elecciones prometiendo bajar impuestos y acabar con el paro entre otras muchas propuestas populistas. Propuestas que según ellos se efectuaban desde una pretendida ignorancia de la situación real de la economía española. En realidad un fraude electoral más. Una campaña populista e indecente dirigida a unos españoles desesperados por la crisis, una maniobra electoral que ahora pretenden atribuir a Podemos para justificar el resultado de las últimas elecciones europeas sin querer darse cuenta de que Podemos no ha engañado a nadie, por mucho que se empeñen en calificar a sus votantes como unos pobres ignorantes encantados por la inexistente flauta de Pablo Iglesias, nada más lejos de la realidad.
Ahora se nos anuncia un nuevo golpe de mano del gobierno materializado por un decretazo que modificará ni más ni menos que 26 leyes vigentes sin que se pueda efectuar un debate parlamentario. Ordeno y mando. El nombre de esta nueva agresión a la democracia se corresponde con "Decreto-Ley de Medidas urgentes para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia" y parece ser que incluye, ni más ni menos, que 47 medidas económicas, un engendro legislativo de, ni más ni menos, 172 páginas y cuyas disposiciones afectan a, ni más ni menos, nueve ministerios. Sorprendentemente esto sucede al mismo tiempo que el Gobierno lanza propuestas encaminadas a la regeneración democrática. El colmo de la desvergüenza.
La oposición en bloque se opone al decretazo y hasta lo califica de abuso de poder (que lo es) al mismo tiempo que amenaza con recurrir al Tribunal Constitucional (que es perder el tiempo), un recurso alternativo al del pataleo o más bien acompañante del mismo. El PP, otra vez desde el colmo de la desvergüenza, reclama dialogo y colaboración a la oposición. Para llorar.
Después de la abdicación real y el aforamiento exprés parece ser que el PP le ha tomado gusto a las prisas, unas prisas que a la vuelta de sus vacaciones estivales se aplicarán a la reforma de la ley electoral en su propio beneficio y que sin duda será aprobada gracias a su mayoría parlamentaria antes de que finalice 2014, todo ello sin respetar que el próximo año hay elecciones de todo tipo cambiando las reglas del juego deprisa y corriendo y por supuesto sin respeto de ningún tipo a los españoles.
El PP esgrime su mayoría absoluta en el Congreso olvidando que solo le han votado el 30,37 % de los españoles con derecho a voto y además en algunas circunscripciones en coalición con otros partidos como UPN, PAR, EU y CCN, lo que viene a suponer que un 69,63 % de los votantes españoles están sometidos al ordeno y mando de una escasa tercera parte de la población con derecho a voto. Poco esfuerzo hay que hacer para llegar a la conclusión de que en realidad el PP no tiene mayoría absoluta, es más ni siquiera tiene mayoría. Está claro que los resultados electorales le dan un poder absoluto en el Congreso, tan claro como que lo ejerce despreciando a los 2/3 de los españoles, comportamiento este que aún siendo legal dista mucho de ser autenticamente democrático. Y siguiendo con las mayorías es un dato que la abstención representó en 2011 la autentica mayoría, 11.113.050 (31,06 %) de abstenciones frente a los 10.866.566 votos recaudados por el PP.
Un decreto ley, en general, es una norma con rango de ley, emanada del poder ejecutivo, sin que medie intervención o autorización previa de un Congreso o Parlamento, una norma contemplada en nuestro ordenamiento jurídico para ser dictada en determinados casos y siempre en virtud de razones de urgencia. En este caso la urgencia en la aplicación de las medidas brilla por su ausencia. Disposiciones como la regulación del empleo de drones es el botón que sirve de muestra para negar la urgencia de las medidas. Por otro lado si lo que se pretende es incentivar el empleo hubiera bastado con ceñirse vía decreto a este tema concreto y tramitar parlamentariamente, democraticamente, el resto.
Este es el PP, la derecha política, la extrema derecha, en estado puro : Ordeno y mando. Pero la culpa no es solo de ellos, la culpa es de una sociedad que sigue aletargada a pesar de la ingente cantidad de palos recibida, desengañada y engañada al mismo tiempo que resignada, sin darse cuenta del potencial de poder que tiene.
Benito Sacaluga
No hay comentarios:
Publicar un comentario