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| ¿Cual de ellos no ha estado implicado en casos de corrupción? |
En el año 2004 España (el índice se calcula sobre 145 países) ocupaba el puesto 23 del ranking, en 2013 ocupa el puesto 40, por detrás de países como Hong Kong, Chipre, Portugal o Israel y a enorme distancia de los principales países de la Unión Europea. En relación con el año 2011, fecha en la que el Partido Popular accedió al gobierno de la nación, España estaba en el puesto 32, es decir que con el gobierno socialdemócrata de Rodriguez Zapatero, siete años, se perdieron nueve puestos, o lo que es lo mismo 1,28 puestos/año.
En diciembre de 2013, tras dos años del gobierno de Mariano Rajoy, España como he dicho ocupa el puesto número 40 de la lista, con una puntuación de 59 sobre 100, habiéndose perdido ocho lugares desde 2011, lo que viene a significar 4 puestos/año. Tras los últimos escándalos de corrupción conocidos en lo que va de 2014, sin duda España retrocederá varios puestos en el barómetro de la corrupción.
Si nos ceñimos exclusivamente a España y según TI, las causas de este nivel de corrupción apuntan a que el poder legislativo español (Congreso y Senado) carece de procesos democráticos eficientes debido a la fuerte influencia de los líderes de los partidos políticos dentro de sus partidos. Los líderes de los partidos deciden si los diputados deben permanecer en las listas del partido, no los electores. Por lo tanto, los diputados tienen más incentivos para ser leales a sus líderes que a sus electores, con el efecto negativo de limitar el voto independiente de los parlamentarios e impedir la denuncia de irregularidades. Las listas de votación cerradas y bloqueadas también favorecen un sistema en el que los líderes de los partidos mantienen un fuerte control sobre los órganos representativos a nivel nacional, regional y local.
La rendición de cuentas por parte del Gobierno también está limitada. El Tribunal de Cuentas español es el único órgano supremo responsable de las cuentas públicas de auditoría y gestión financiera. También regula la financiación de los partidos políticos y los procesos electorales. Aunque el Tribunal es legalmente independiente , en la práctica se ve influido por los dos principales partidos políticos. La institución cuenta con los recursos suficientes, pero no es nada eficaz en el control de la eficiencia y la eficacia del sector público. Hablando de rendición de cuentas apuntemos a que en España no se tiene el derecho exclusivo, amplio y rápido a la información. En 2012 un estudio reveló que más de la mitad de las solicitudes de información pública quedó sin respuesta, y sólo el 20% de las solicitudes contestadas proporcionaban la información solicitada. En diciembre de 2013 se publicó en el BOE la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, una ley que, a la vista de los resultados, más bien se queda en una simple declaración de intenciones.
Como es lógico, la administración de justicia española algo tiene que ver en todo esto, y mucho. Aunque la independencia judicial se reconoce explícitamente en la Constitución Española y está legalmente garantizada, está demostrado que a nivel general existe una gran preocupación por la politización del poder judicial, ya que los miembros de los tribunales superiores son nombrados por los políticos. El mismo estudio también ha demostrado que los tribunales sufren una gran falta de recursos suficientes para hacer frente a su alta carga de trabajo. El hecho de que la Fiscalia General del Estado dependa del Gobierno y la existencia de 17.621 personas aforadas, agrava de forma insoportable la desconfianza en la justicia y pone en tela de juicio el Artículo 14 de nuestra Constitución, e incluso según opinión de muchos lo vulnera descaradamente. La inviolabilidad del Rey, aún estando reconocida en la Constitución, significa un enorme privilegio para el monarca y un asunto de difícil digestión para los ciudadanos.
La financiación de las campañas de los partidos políticos españoles en el ámbito nacional, regional y local, es en más de un 90% a cargo de los fondos del Estado. La fortaleza de este sistema es que, al basarse principalmente en los fondos públicos, los partidos pueden operar con mayor independencia. Sin embargo, el endeudamiento bancario de los partidos políticos es en general elevadísimo y los casos de financiación irregular están a la orden del día. Una encuesta de 2010 indica que los ciudadanos perciben que los partidos políticos son la institución más afectada por la corrupción. Los actores políticos tienen una excesiva dependencia del sector financiero, una dependencia que ha causado graves daños a la economía nacional. Las cajas de ahorros fueron politizadas por los partidos políticos con el fin de garantizarse la financiación y esto, junto con las políticas de inversión de riesgo de estas entidades, ha causado la quiebra y la necesidad de rescatar a todas ellas. Los fuertes vínculos entre los dos grandes partidos y el sector bancario es un claro inconveniente a la hora de gobernar e incluso de legislar.
Es nuestro país, las donaciones anónimas a los partidos políticos quedaron prohibidas en 2007, pero antes suponían millones de euros cada año. Por ejemplo, CIU (Convergencia y Unió), percibió casi 42 millones de euros en donaciones anónimas de los 100.293.543 euros que «se donaron» por ese concepto a todos los partidos políticos españoles entre 1987 y 2007, según el Tribunal de Cuentas. La existencia de lobbies o grupos de presión, a pesar de la prohibición de las donaciones anónimas, siguen siendo unos actores importantes en el trema de la financiación de los partidos. Para acabar con estas prácticas el Grupo Mixto presentó en marzo de 2012 una proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados para la puesta en marcha de un Registro y Control de «lobbies» o grupos de presión, al igual que ya existe en países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Canadá, el tema sigue en estudio.
A nadie la cabe ninguna duda de que la corrupción en España es sistémica, forma parte del sistema, es raro el día en que no se conoce un nuevo caso de corrupción o la identidad de nuevos políticos o funcionarios públicos implicados. Realmente el tema es insoportable y a nivel general afecta a todas las instituciones del Estado, desde la Casa Real hasta los Ayuntamientos y empresas públicas. Ver como los responsables eluden la acción de la justicia está acabando con la poca paciencia que nos queda. Ver a nuestros políticos negar lo evidente provoca una amarga hilaridad.
Para acabar con la corrupción realmente son necesarias pocas cosas, extremo éste que hace pensar que nuestros gobernantes no están realmente interesados en acabar con ella o tal vez atados de manos por sus inconfesables corruptelas. La crónica alternancia en el gobierno de los dos principales partidos (PP y PSOE) dificulta, por no decir que impide, la denuncia de las irregularidades detectadas, el hoy por ti, mañana por mí forma parte inseparable del bipartidismo. Si llegase a darse el caso de que una fuerza política exenta de hipotecas y con decidido propósito de hacer frente a la corrupción llegase a gobernar, los ciudadanos nos encontraríamos en situación de esperanza y los partidos políticos que forman el bipartidismo desde 1982 se encontarían en una situación prácticamente insostenible, mucho más grave aún que la que hoy afecta a CiU.
El sistema electoral tiene que ser modificado. Las reformas deben incluir el desbloqueo de las listas electorales cerradas y mejorar la proporcionalidad. La neutralización del control interno de partidos políticos, y la estimulación de su democracia interna también es necesaria. Por ejemplo, las primarias deben ser abiertas. Para garantizar la integridad e independencia en el poder judicial, es imprescindible la despolitización de los órganos supremos del Poder Judicial, de la Fiscalia General y del Tribunal Constitucional. A nivel administrativo son imprescindibles fuertes mecanismos de supervisión, el Tribunal de Cuentas ha resultado ser un instrumento nada eficaz. Por otro lado es necesario aprobar una ley que proteja a aquellos denunciantes, tanto en el sector público como en el privado.Se necesita "urgentemente" el nuevo Código Penal, para regular la responsabilidad penal en temas de corrupción y dotar de protección a los que denuncian casos de corrupción. De momento de forma privada los casos de corrupción pueden denunciarse ante la justicia, información adicional la pueden conseguir en denuncias @ derechoshumanos.net .
Por otro lado, y teniendo en cuenta que, según la muy autorizada opinión del profesor García Espinar, la corrupción es una clara vulneración de los Derechos Humanos, teniendo en cuenta los niveles que la misma está alcanzando en España, no sería nada extraño, más bien seria muy conveniente, que ciertos asuntos fuesen denunciados ante los tribunales internacionales competentes en cuestiones relacionadas con los Derechos Humanos.
Benito Sacaluga.
Consultado: Transparency International
Excelente artículo.
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