En su exposición de motivos se dice que "...se hace una proclamación general del carácter injusto de todas las condenas, sanciones y expresiones de violencia personal producidas, por motivos inequívocamente políticos o ideológicos, durante la Guerra Civil, así como las que, por las mismas razones, tuvieron lugar en la Dictadura posterior". Se proclama la injusticia de las condenas pero no se anulan los procesos, se condenan los asesinatos pero no se ajusticia a sus responsables. Un placebo para las víctimas y una reiteración de la impunidad generalizada para los autores de los crímenes obligada por la ley de amnistía de 1977, una ley pre-constitucional que es el origen de la impunidad de los criminales a costa de la ausencia de la justicia a la que las victimas tienen derecho.
Tuvieron que pasar casi 30 años desde la redacción de la Constitución para que se abriese el camino hacia la verdad de lo sucedido, 30 años para que se vislumbrase la posibilidad de hacer justicia, 30 años para que las victimas rozaran la esperanza de una mínima reparación. Los archivos documentales se abrían al publico, se creaba el Centro Documental de la Memoria Histórica y Archivo General de la Guerra Civil, se reconocía la labor de las asociaciones memorialistas, se establecían medidas para la localización de fosas comunes y para la exhumación de los restos, se decide sobre el futuro del Valle de los Caídos, se dispone la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, así como la retirada de subvenciones o ayudas públicas a organizaciones relacionadas con el franquismo....pero no se condena el franquismo, no se da caracter institucional a la condena explicita del golpe de estado, ni de la invasión de España por un ejercito sublevado, ni a la asociación de éste con potencias extranjeras gobernadas desde el fascismo y el nacionalsocialismo. Hoy ya han pasado seis años desde la entrada en vigor de la Ley y esta sigue sin cumplirse tanto por activa como por pasiva.
Con la llegada al gobierno en 2011 del Partido Popular la dotación presupuestaría para la Ley, aprobada por aproximadamente seis millones de euros, un 0,0006 % del PIB, sufrió un recorte para 2012 del 59,7 %, la cantidad total quedó en 2,5 millones de euros. En 2013 la dotación dejó de existir. Un golpe económico que pone fin a las subvenciones que recibían las asociaciones de víctimas del franquismo para localizar las fosas comunes y cunetas donde fueron arrojados sus familiares. La crisis económica es la excusa perfecta para eliminar las subvenciones sin apenas coste político, pero el motivo, no obstante, no es económico sino ideológico. La búsqueda y exhumación de los más de 80.000 cadáveres que quedan en las cunetas de España pasan desde 2012 a ser costeadas con los ahorros de los familiares. Un golpe económico que además impide el funcionamiento de los organismos oficiales creados para la aplicación de la Ley. Rajoy cierra la Oficina de Víctimas como prometió en el 2008 estando en la oposición: “Ni un solo euro para recuperar el pasado”. Lydia Vicente, perteneciente a la ONG Rights Watch Internacional Spain, declaraba a la prensa española:
En relación con la retirada de símbolos franquistas que la Ley contempla de forma expresa y general, en el mes de noviembre de 2008, el Ministerio de Cultura interviene y deja la puerta abierta al incumplimiento de lo obligado por la Ley. Se aprueba en Consejo de Ministros una Orden del Ministerio de Cultura (CUL/3190/2008) en la que se establecen excepciones, todas ellas de caracter subjetivo:
Parece claro que el Gobierno incumple la Ley y permite que otras administraciones públicas también lo hagan. Vergüenza debería darle al Partido Popular que tengan que venir la ONU a instarle al cumplimiento de la legislación vigente, a decirle que está violando los derechos humanos, pero no les da ninguna, en el fondo todos son franquistas, pertenecientes a un partido politico fundado por ministros franquistas y defensores a ultranza de una monarquía establecida por una Ley franquista.
Oiremos alguna vez a algún miembro destacado del Partido Popular afirmar que Franco fue un general golpista y traidor que se alzó en armas contra el estado español democrática y legalmente constituido, provocando una guerra entre españoles que causó centenares de miles de muertos. Que fue un dictador implacable que ejerció una represión extrema en España durante 40 años. No creo que estas declaraciones salgan nunca de la boca de un militante del Partido Popular, aún sabiendo que son la expresión de una realidad que nadie pone en duda salvo ellos mismos. No obstante las deberiamos oír algún día, pero no a nivel particular, deberiamos escucharlas en el Congreso formando parte de un texto institucional, aprobado por la totalidad de los diputados y con obligación de ser incluido en su totalidad en todos los libros de texto y enciclopedias. Deberíamos oírlo y deberiamos leerlo en los libros de historia contemporánea, esta es la verdad que la Ley de la Memoria Histórica contempla y la que las victimas reclaman y deberiamos hacerlo antes de que se convierta en un texto prehistórico.
Absolutamente desamparadas por el Estado, las asociaciones memorialistas siguen día a día con su trabajo, haciendo posible la recuperación de restos humanos y la dignificación de las victimas, luchando para que los símbolos franquistas desaparezcan, exponiendo públicamente la verdad de lo que sucedió, pidiendo justicia y reparación. Toda la geografía española está plagada de estas asociaciones, la falta de medios o subvenciones no les parará hasta que consigan el último de sus objetivos. Las aportaciones voluntarias de victimas y simpatizantes son su única fuente de ingresos.
Únicamente la Junta de Andalucía ha iniciado recientemente políticas activas de apoyo a la LMH, por supuesto con la crítica negativa y unánime del Partido Popular, una crítica aberrante cuando lo que hace la Junta es simple y llanamente cumplir la Ley:
Nada de lo anterior sustituye a la cuestión de la impunidad de los crímenes franquistas desde la perspectiva de los Derechos Humanos, esa es otra historia, su negacionismo no puede prevalecer y por tanto conviene sacarla a la palestra en cada ocasión que se presente, al menos hoy dejando este enlace, en el que el Equipo Nizkor efectúa un esmerado análisis junto con un plan de acción detallado para acabar con esa impunidad que solo beneficia a los franquistas y a sus colaboradores al mismo tiempo que supone un agravio sin medida para las victimas.
Benito Sacaluga
Tuvieron que pasar casi 30 años desde la redacción de la Constitución para que se abriese el camino hacia la verdad de lo sucedido, 30 años para que se vislumbrase la posibilidad de hacer justicia, 30 años para que las victimas rozaran la esperanza de una mínima reparación. Los archivos documentales se abrían al publico, se creaba el Centro Documental de la Memoria Histórica y Archivo General de la Guerra Civil, se reconocía la labor de las asociaciones memorialistas, se establecían medidas para la localización de fosas comunes y para la exhumación de los restos, se decide sobre el futuro del Valle de los Caídos, se dispone la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, así como la retirada de subvenciones o ayudas públicas a organizaciones relacionadas con el franquismo....pero no se condena el franquismo, no se da caracter institucional a la condena explicita del golpe de estado, ni de la invasión de España por un ejercito sublevado, ni a la asociación de éste con potencias extranjeras gobernadas desde el fascismo y el nacionalsocialismo. Hoy ya han pasado seis años desde la entrada en vigor de la Ley y esta sigue sin cumplirse tanto por activa como por pasiva.
Con la llegada al gobierno en 2011 del Partido Popular la dotación presupuestaría para la Ley, aprobada por aproximadamente seis millones de euros, un 0,0006 % del PIB, sufrió un recorte para 2012 del 59,7 %, la cantidad total quedó en 2,5 millones de euros. En 2013 la dotación dejó de existir. Un golpe económico que pone fin a las subvenciones que recibían las asociaciones de víctimas del franquismo para localizar las fosas comunes y cunetas donde fueron arrojados sus familiares. La crisis económica es la excusa perfecta para eliminar las subvenciones sin apenas coste político, pero el motivo, no obstante, no es económico sino ideológico. La búsqueda y exhumación de los más de 80.000 cadáveres que quedan en las cunetas de España pasan desde 2012 a ser costeadas con los ahorros de los familiares. Un golpe económico que además impide el funcionamiento de los organismos oficiales creados para la aplicación de la Ley. Rajoy cierra la Oficina de Víctimas como prometió en el 2008 estando en la oposición: “Ni un solo euro para recuperar el pasado”. Lydia Vicente, perteneciente a la ONG Rights Watch Internacional Spain, declaraba a la prensa española:
"si quitas la oficina de Atención a las Víctimas y se acaban las subvenciones ¿qué queda de esa Ley de Memoria Histórica cuando además no hay acceso a la Justicia”.Para la jurista internacional
“esto es indicativo de la postura del Estado español en cuanto a las víctimas del franquismo. No hay justicia ni reparación, ni siquiera el mínimo acompañamiento para responder a sus dudas. Se evidencia que en España las víctimas del franquismo importan muy poco, que el Gobierno no está dispuesto a atenderlas como establece el derecho internacional.”En relación con la legislación española el incumplimiento de la Ley por parte del Partido Popular es claro, ya que según ésta:
La Administración General del Estado elaborará planes de trabajo y establecerá subvenciones para sufragar gastos derivados de las actividades de localización e identificación de víctimas
En relación con la retirada de símbolos franquistas que la Ley contempla de forma expresa y general, en el mes de noviembre de 2008, el Ministerio de Cultura interviene y deja la puerta abierta al incumplimiento de lo obligado por la Ley. Se aprueba en Consejo de Ministros una Orden del Ministerio de Cultura (CUL/3190/2008) en la que se establecen excepciones, todas ellas de caracter subjetivo:
2.º Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior aquellos símbolos que se encuentren en un bien calificado como Bien de Interés Cultural siempre que se den los siguientes supuestos:
Significado histórico: Sólo se conservarán aquellos símbolos con significado histórico y arquitectónico y que estuvieran previstos en el proyecto original de construcción del inmueble, siempre y cuando estén incluidos en la propia declaración de Bien de Interés Cultural.
Valor artístico o artístico-religioso: Se conservarán aquellos símbolos con alto valor artístico o artístico-religioso y que formen parte del Bien de Interés Cultural y así haya sido reconocido en su declaración.
Criterios técnicos: Que el símbolo constituya un elemento fundamental de la estructura del inmueble cuya retirada pudiera poner en peligro la estabilidad del mismo o cualquier otro aspecto relativo a su adecuada conservación.Como se puede caer en la desfachatez de considerar un símbolo franquista como bien de interés cultural o artístico o religioso. Como puede una comisión de expertos llegar a estas conclusiones, más aun si cabe si tenemos en cuenta que el franquismo instauró la contra-cultura en España, prohibiendo todo aquello que no cumplía con los rígidos postulados del nacionalcatolicismo. Asociar franquismo y cultura es desde todos los puntos de vista una simple fantasía.
Parece claro que el Gobierno incumple la Ley y permite que otras administraciones públicas también lo hagan. Vergüenza debería darle al Partido Popular que tengan que venir la ONU a instarle al cumplimiento de la legislación vigente, a decirle que está violando los derechos humanos, pero no les da ninguna, en el fondo todos son franquistas, pertenecientes a un partido politico fundado por ministros franquistas y defensores a ultranza de una monarquía establecida por una Ley franquista.
Oiremos alguna vez a algún miembro destacado del Partido Popular afirmar que Franco fue un general golpista y traidor que se alzó en armas contra el estado español democrática y legalmente constituido, provocando una guerra entre españoles que causó centenares de miles de muertos. Que fue un dictador implacable que ejerció una represión extrema en España durante 40 años. No creo que estas declaraciones salgan nunca de la boca de un militante del Partido Popular, aún sabiendo que son la expresión de una realidad que nadie pone en duda salvo ellos mismos. No obstante las deberiamos oír algún día, pero no a nivel particular, deberiamos escucharlas en el Congreso formando parte de un texto institucional, aprobado por la totalidad de los diputados y con obligación de ser incluido en su totalidad en todos los libros de texto y enciclopedias. Deberíamos oírlo y deberiamos leerlo en los libros de historia contemporánea, esta es la verdad que la Ley de la Memoria Histórica contempla y la que las victimas reclaman y deberiamos hacerlo antes de que se convierta en un texto prehistórico.
Absolutamente desamparadas por el Estado, las asociaciones memorialistas siguen día a día con su trabajo, haciendo posible la recuperación de restos humanos y la dignificación de las victimas, luchando para que los símbolos franquistas desaparezcan, exponiendo públicamente la verdad de lo que sucedió, pidiendo justicia y reparación. Toda la geografía española está plagada de estas asociaciones, la falta de medios o subvenciones no les parará hasta que consigan el último de sus objetivos. Las aportaciones voluntarias de victimas y simpatizantes son su única fuente de ingresos.
Únicamente la Junta de Andalucía ha iniciado recientemente políticas activas de apoyo a la LMH, por supuesto con la crítica negativa y unánime del Partido Popular, una crítica aberrante cuando lo que hace la Junta es simple y llanamente cumplir la Ley:
"Las Administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore. Lo previsto en el párrafo anterior podrá aplicarse respecto de las entidades que, constituidas antes de 1 de junio de 2004, incluyan el desarrollo de tales actividades entre sus fines".
Nada de lo anterior sustituye a la cuestión de la impunidad de los crímenes franquistas desde la perspectiva de los Derechos Humanos, esa es otra historia, su negacionismo no puede prevalecer y por tanto conviene sacarla a la palestra en cada ocasión que se presente, al menos hoy dejando este enlace, en el que el Equipo Nizkor efectúa un esmerado análisis junto con un plan de acción detallado para acabar con esa impunidad que solo beneficia a los franquistas y a sus colaboradores al mismo tiempo que supone un agravio sin medida para las victimas.
Benito Sacaluga
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