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Yolanda González Martín
2 febrero 1980
«El modesto apartamento de 60 metros cuadrados -cocina, un pequeño salón y tres dormitorios- en el número 101 de la calle Tembleque, en el madrileño barrio de Aluche, estaba ordenado y las luces encendidas. Alejandro Arizcun, de 28 años, economista de la UGT, regresó pasadas las doce de la noche del viernes 1 de febrero de 1980. Ni Yolanda González Martín, su novia de 19 años, ni Mar Noguerol, la otra compañera de piso, estaban en casa. No le extrañó. Yolanda pertenecía a la coordinadora de enseñanza media y participaba en una huelga general del sector. Creyó que estaría en alguna reunión o que dormía en casa de amigas. El sábado día 2 Alejandro despertó solo y salió de su habitación. Su primer pensamiento fue para Yolanda, la estudiante a la que había conocido en agosto de 1978 durante una reunión política en un pueblo de Girona; la chica de enormes ojos marrones que a sus 17 años había dejado a sus padres y dos hermanos en Deusto (Vizcaya) para irse a vivir junto a él la aventura más intensa de su vida. “De pronto me alarmé porque sobre la mesa del salón vi su bolso, su cartera y su DNI. Pensé que estaba detenida porque era una activista estudiantil. Llamé a varias comisarías de policía y fui a los juzgados de Plaza de Castilla. Pregunté, pero nadie sabía nada.
Por la tarde llamé a la sede del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y me dijeron que me pasara por allí”, recuerda ahora Arizcun, de 61 años, profesor de Economía en la Universidad Pública de Navarra. Aquella mañana gris de febrero Mar Noguerol, de 19 años, estudiante de Económicas, la compañera de piso de Yolanda, también pensó que su amiga estaba detenida, también se fijó en el bolso sobre la mesita del salón, también se inquietó. Y recordó que la noche anterior las luces estaban encendidas. Salió de casa con dos chicos gallegos a los que habían invitado a pasar la noche y cuando regresaron a recoger sus cosas por temor a que les detuvieran también a ellos, se encontraron a varios policías de paisano registrando la vivienda. “Me llevaron a la Dirección General de Seguridad (DGS) con los dos chicos. Nos interrogaron durante varias horas preguntándonos si éramos de ETA. Que quiénes éramos, que en dónde militábamos... Un montón de policías distintos haciendo siempre las mismas preguntas. No entendíamos nada. Todo era una locura”.
En la sede del PST, el partido en el que militaba Yolanda, en el número 22 de la Gran Vía, en pleno centro de Madrid, decenas de militantes se preguntaban por el paradero de Yolanda. Entre ellas Rosa Torres, de 19 años, su mejor amiga. “A las seis y media de la tarde, el local estaba a rebosar. Participábamos en una lucha muy gorda, en pleno conflicto estudiantil, por lo que todos creímos que la habían detenido porque ella era miembro de la Coordinadora. Discutíamos sobre cómo continuar el conflicto. De pronto Mónica, la más veterana, una uruguaya que tendría unos 30 años, interrumpió la reunión y dijo: ‘Yolanda ha aparecido muerta’. Se cortó todo, la gente empezó a llorar. Mónica gritó: "Calma a todo el mundo”.
Alejandro Arizcun llegó caminando a la sede del PST. Le extrañó que hubiera tanta gente. Las miradas de algunos militantes y amigos se dirigieron hacia él, pero no supo interpretarlas. “Cuando entré me dijeron que la radio había informado que habían asesinado a Yolanda, que habían encontrado su cuerpo en una carretera. Se me hundió el mundo”. Muy cerca de allí, en la sede de la DGS, en la Puerta del Sol, uno de los policías que interrogaba a Mar Noguerol le espetó: “Han matado a tu amiga. Tienes que acompañarnos al Instituto Anatómico Forense a reconocer su cadáver”. “Me quedé sin habla, en estado shock”, recuerda ahora Mar, su compañera de piso, de 52 años y madre de dos hijas. Yolanda, la joven estudiante de electrónica en el centro de Formación Profesional de Vallecas, la chica de ojos color miel que encandilaba a todos por su fuerza y serenidad estaba allí, en la morgue del frío Instituto Anatómico Forense, en Atocha. De su cuello colgaba una cruz de Lauburu regalada por el comité de empresa de una factoría vasca en reconocimiento a su lucha por los derechos de los trabajadores, de hombres y mujeres como su padre, un burgalés soldador metalúrgico en Nife que se trasladó con su familia a Deusto en busca de trabajo.
La noche anterior los militantes de Fuerza Nueva Emilio Hellín Moro, de 33 años, e Ignacio Abad Velázquez, estudiante de Químicas, habían secuestrado a Yolanda en su piso de la calle Tembleque y la habían trasladado en coche hasta un descampado de San Martín de Valdeiglesias, a las afueras de Madrid. Allí, Hellín la obligó a bajar del vehículo y le disparó dos tiros en la cabeza a menos de un metro de distancia. Abad la remató y su disparo atravesó un brazo. El Batallón Vasco Español, antecesor de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), reivindicó el crimen. Desde su aparición en 1978 sus comandos habían asesinado dentro y fuera de España a 12 personas. Mar Noguerol regresó a la DGS en la Puerta del Sol y siguió declarando durante horas. “Les conté toda nuestra trayectoria política y dejé bien claro que ninguno de nosotros, ni el PST tenía nada que ver con ETA. Estábamos radicalmente en contra de la violencia. Firmé mi declaración y regresé a la sede del partido en la Gran Vía. Era de noche. Recuerdo aquel día en color gris. Fue un día de horror. Fue algo inesperado para lo que no estábamos preparados”.
Todos los amigos y compañeros de Yolanda estaban en el local de Gran Vía 22 preocupados, también, por Mar porque ignoraban que la policía la había llevado a declarar a la DGS. Todos sabían ya que Yolanda había sido asesinada, que había muerto sola. Los militantes del PST, partido escindido del PSOE, creyeron que Yolanda no sería la única víctima. Días antes de su asesinato miembros de la ultraderecha habían matado a otro joven en Madrid y atacado con bates de béisbol a estudiantes que se manifestaban durante la huelga general de enseñanza. Arizcun, el novio de Yolanda, no regresó al piso de la calle Tembleque. Él no militaba en ningún partido, pero también se sintió objetivo. “Pensé que se había desatado una caza de brujas, que venían a por nosotros. Hablé con mis padres, que habían hablado con Juan José Rosón (entonces gobernador civil de Madrid) y dormí en casa de un amigo. Creía que vendrían también a por mí”. Alfonso Arague, miembro también de la coordinadora de enseñanza, lo recuerda así: “Empezamos a tomar medidas. Sobre todo la gente que estaba en el ojo del huracán: no volver a casa, esconder papeles de la huelga”. En casa de Marta Cardaba, otra amiga de Yolanda y militante del PST, durmieron esa noche 20 personas: “Necesitábamos estar juntos y sentirnos apoyados. Estábamos muy asustados y tristes”. Rosa Torres apostilla: “Éramos muy jóvenes y necesitábamos arroparnos”.
En Deusto, en el domicilio de la familia de Yolanda, sus padres, Eugenio y Lidia, y sus hermanos Amaya, de 20 años, y Asier de 6, habían recibido la noticia horas antes de una forma insólita. “Un tío mío, hermano de mi padre, había oído la noticia por la radio y se presentó en casa para contárnoslo”, recuerda Asier, que sigue viviendo en el País Vasco al igual que sus padres, de 79 y 72 años respectivamente. Amaya reside ahora en Francia. Nadie de la Dirección General de la Policía contactó con ellos para comunicarles la tragedia. Sí lo hizo horas después el gobernador Rosón. El velatorio se celebró el domingo por la tarde en la escuela de Vallecas donde estudiaba Yolanda. Duró toda la noche y acogió a miles de personas. Alejandro Arizcun conoció allí a los padres de su novia. “Los vi por primera vez”, recuerda. “Yolanda es vuestra, organizarlo todo como queráis nos dijo su madre. No nos cuestionaron nada, no nos recriminaron nada. Se adhirieron a lo que Yolanda había sido”, relata Mar, su compañera de piso. Marta Cardaba se ocupó de acompañar a la familia en aquellas horas. “¿Qué les podía decir yo, solo tenía 22 años? Tengo un recuerdo de una familia serena. Confiaban en nosotros. La unión fue total”, dice. El lunes se celebró un funeral en la iglesia de Vallecas Dulce Nombre de María y luego una manifestación multitudinaria desde allí hasta el Centro de Formación Profesional, donde se colocó una placa en su recuerdo.
Subidos en un templete, Alfredo Arague y Enrique del Olmo, secretario del PST, pronunciaron sus discursos. “Fue emotivo, emocionante y muy triste”, recuerda Enrique, de 60 años. Al día siguiente, martes, el cadáver de la joven de ojos color de miel regresó a Bilbao en un coche fúnebre, la tierra de la que salió dos años antes tras la estela de su novio y empujada por un sueño profundo y obsesivo que la movía desde los 16 años: luchar por un mundo mejor.
La respuesta estudiantil y sindical al asesinato de Yolanda González fue inmediata. El martes se convocó una asamblea en Industriales en la que se debatieron las movilizaciones. En las primeras filas y observándolo todo estaba Ignacio Abad Velázquez, el estudiante de Químicas y militante de Fuerza Nueva que había acompañado a Emilio Hellín, el tipo que remató a la joven cuando yacía en el descampado de San Martín de Valdeiglesias. El Batallón Vasco Es-pañol aseguró que su muerte era la respuesta al asesinato de seis guardias civiles en un atentado, pero la realidad es que Yolanda nunca tuvo nada que ver con la organización terrorista. “Era muy pacifista, siempre estuvo enfrentada a la lucha armada. Hasta su partido había hecho una condena expresa a la violencia de ETA”, recuerda su novio. Alejandro declaró en la DGS 48 horas después de la muerte de Yolanda y se fue dos semanas a casa de un familiar a Mallorca para no aparecer por el piso de Tembleque.
El 7 de febrero, seis días después del crimen, Enrique del Olmo, el secretario del PST, recibió una llamada del Gobierno Civil de Madrid. Rosón, el ministro del Interior, y el comisario Francisco de Asís querían verle. “Nos dijeron que el caso estaba resuelto. ‘Hemos detenido a los presuntos culpables’, dijo el comisario. Más tarde lo hicieron público, pero nos avisaron antes”. Rosa Torres, la amiga íntima de Yolanda, había recibido una llamada de la Policía en la tienda de muebles donde trabajaba en la madrileña calle del Capitán de Haya. “El agente me dijo: ‘ya no hace falta que venga a declarar porque tenemos detenidos’. Ese mismo día Hellín y Abad confesaron el asesinato. En el registro de la escuela de electrónica de Emilio, en el número 1 de la calle San Roque, se descubrió un arsenal de armas y explosivos. Era el material del Grupo 41 de Fuerza Nueva que dirigía Hellín y con el que preparaban otros atentados.
Nunca se descubrió quién señaló a Yolanda como objetivo, aunque Alejandro, su novio, siempre sospechó que las actividades de Hellín como técnico en electrónica e informática tuvieron algo que ver con la escuela profesional de Vallecas donde la joven estudiaba electrónica. Hellín aseguró en el juicio que fue David Martínez Loza, ex guardia civil y jefe de seguridad de Fuerza Nueva, quién le ordenó secuestrar a Yolanda. ¿Por qué mataron a Yolanda? Su amiga Rosa Torres asegura tener una respuesta: “No la mataron porque sospecharan que era de ETA, la mataron para terminar con el movimiento estudiantil. Y lo cierto es que lo consiguieron porque hubo mucho miedo. Hellín fue solo una pieza, fue el que realizó el encargo. Estoy convencida. Ella tenía un proyecto en la cabeza, era trabajadora y muy responsable, era capaz de conseguir lo que quisiera. Pensaron que era peligrosa”. Mar, su compañera de piso, añade: “Éramos producto de una época. Su asesinato fue uno de los coletazos del régimen. Veo un paralelismo con la situación que vivimos ahora”.
La investigación de El País sobre la vida oculta de Emilio Hellín Moro, su cambio de nombre por Luis Enrique y sus trabajos de formación, informática forense y telecomunicaciones para el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Ertzaina y los Mossos d’Esquadra han enfrentado de nuevo a los recuerdos a los amigos y familiares de Yolanda. Su novio lo explica así: “Durante años no he tenido respuestas a muchas preguntas. Durante un tiempo puse una barrera protectora, luego fueron fluyendo las emociones y los recuerdos. Esta revelación nos ha vuelto a enfrentar con la realidad de lo que ocurrió”.
Amaya, la hermana mayor de Yolanda, asegura que conocer que el asesino -condenado a 43 años, de los que cumplió 14 incluyendo los 3 que pasó fugado en Paraguay- trabaja para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es “otro balazo en su cuerpo” y “una puñalada en el corazón de su familia”. Durante años algunos de los amigos que vivieron aquel gris fin de semana de febrero en el que asesinaron a Yolanda no hablaron del tema. Cada uno intentó seguir adelante a su manera. Mar puso a una de sus hijas el nombre de Lidia, el mismo de la madre de su compañera. Rosa, su mejor amiga, se refugió en una burbuja. “No podía dejar de pensar una y otra vez qué habría pasado si esa noche Yolanda no hubiera ido a casa”, confiesa ahora. Han pasado 33 años y todavía se hace esa pregunta.
FUENTE: EL País
Vicente Cuervo Calvo
10 febrero 1980
«Vicente Cuervo Calvo, de veintidós años, fue asesinado el pasado domingo en Vallecas por disparo de arma de fuego, durante los incidentes registrados en este barrio madrileño entre grupos de ideología contraria. Estos incidentes fueron motivados por la celebración de un mitin ultraderechista, convocado por Fuerza Nacional del Trabajo (FNT), en el cine París.
Vicente Cuervo no estaba afiliado a partido político alguno, según declaraciones del padre de la víctima. El relato de un testigo presencial, recogido ayer por El País, señala que los incidentes que produjeron la muerte de Vicente Cuervo se iniciaron alrededor de las once y media de la mañana, frente al número 24 de la calle de Carlos Martín Álvarez, de Vallecas, cerca del cine París, donde iba a celebrarse el mitin de FNT. “Un hombre vestido con un abrigo negro disparó al aire para intimidar, imagino, a algún grupo de jóvenes de los que había por la calle. Este hombre, junto con otros más, iba por la acera de los números pares. En la acera, contraria había varios jóvenes, y uno de ellos, que luego resultaría muerto, gritó: ‘¡ahí va un facha!’ y se lanzó a cruzar la calle. Este joven y otra persona vestida con un abrigo marrón se enzarzaron en una pelea. Al poco tiempo vi cómo este joven hacía el gesto de cerrar una navaja y el hombre agredido caía al suelo con las manos puestas a la altura del pecho. Varios compañeros de éste fueron hacia él, lo recogieron y lo introdujeron en un coche que se fue rápidamente. Mientras tanto, otro individuo vestido con un abrigo azul, moreno y con el pelo corto, disparó contra el joven. Este chico, Vicente Cuervo, recibió el disparo casi en la esquina de las calles de Martín Álvarez y de Sierra Bermeja, más o menos hacia el número 20. Cruzó la calle tambaleándose, con los brazos pegados el pecho, y cayó frente al bar Dones. El hombre que había disparado, de unos cincuenta años, se marchó en dirección contraria de la que se encontraba el joven herido. Al cabo de cinco minutos, el chaval sobre el que habían disparado fue recogido por un coche de la policía”. Partes médicos contradictorios Los primeros partes médicos facilitados por el centro quirúrgico de Vallecas, al que fue conducido en primer lugar Vicente Cuervo, indican que éste sufría herida por arma blanca. Sin embargo, los partes facilitados desde la Residencia Sanitaria Provincial, donde fue intervenido, especificaban que la herida fue producida por disparo de bala.
Esta diferencia entre ambos partes, clarificada por el Gobierno Civil como “un error médico”, hace suponer que la persona herida por arma blanca, atendida en el centro médico de Vallecas fuera otra, y no Vicente Cuervo. El hombre vestido de marrón que, según el relato del testigo antes mencionado, fue agredido con una navaja, no figura entre los heridos durante los incidentes del domingo. Vicente Cuervo, que trabajaba en la fábrica Telefunken, de San Fernando de Henares, falleció tras dos horas de intervención, durante las que le fueron transfundidos ocho litros de sangre. El parte médico especifica que el proyectil que causó la muerte “entró por el hemitórax derecho, perforó la pared torácica, pulmón derecho, diafragma, hígado, desgarró el peritoneo, vasos renales y salió por la región lumbar izquierda. La trayectoria seguida por la bala fue de arriba a abajo, de izquierda a derecha y de delante a atrás”.
Los restos mortales de Vicente Cuervo fueron inhumados ayer en el cementerio de La Almudena, en la más estricta intimidad familiar, por expreso deseo del padre, quien, de esta forma, pretendía evitar «cualquier tipo de utilización política de esta muerte, ya que mi hijo no pertenecía a ninguna fuerza política.»
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de febrero de 1980
FUENTE: El País
Jorge Caballero Sánchez
28 marzo 1980
«El 28 de marzo, frente al cine Azul, en la Gran Vía madrileña, un grupo de extrema derecha apalea y apuñala a Jorge Caballero Sánchez, de 21 años, que muere quince días después. El joven sale del cine con su novia cuando un grupo de ultras se abalanza sobre él. Lleva una insignia con la A dentro de un círculo, el símbolo anarquista. El presunto autor de la muerte es declarado en rebeldía y los otros dos implicados son puestos en libertad provisional a los dos meses, tras depositar sendas fianzas de sólo 25.000 pesetas, que son abonadas por Fuerza Nueva.
Según se deduce de los careos efectuados durante la investigación, los participantes en el asesinato de Jorge Caballero son diez miembros de Fuerza Joven. La policía sólo consigue detener a nueve de ellos. El décimo y presunto autor del asesinato, José Antonio Llobregat Ferré, se encuentra, desde el momento de iniciarse la investigación, en paradero desconocido. En unas declaraciones efectuadas a la revista Cambio 16, otro de los integrantes del comando criminal, Juan Miguel Gómez González, alias “Masa”, sostiene que la fuga de Llobregat, alias “el Loco”, ha sido organizada por Ricardo Alba, subjefe nacional de Fuerza Nueva en esas fechas. Instruye el sumario el entonces titular del Juzgado de Instrucción número 2, Luis Lerga, un hombre considerado de talante liberal, que procesa sólo a cinco de los implicados. Cuatro, inicialmente: los citados Llobregat Ferré y Gómez González, además de Fernando Saliquet de la Torre y José María Vargas Villalba. Con posterioridad, también incluye a Felipe Queipo Zimmermann, cuya presencia en el lugar del asesinato ha sido ocultada a lo largo de las primeras declaraciones. También están implicados en el asesinato Antonio Pagazartundía Irache, Pascual García Porras y los hermanos Miguel Ángel y Javier Fernando Masía Linaza.
Los problemas comienzan cuando el expediente se traslada a la Sección Primera de la Audiencia Provincial, que dilata enormemente la tramitación del caso y, al final, levanta el procesamiento de Queipo y Saliquet, dos ultraderechistas miembros de familias militares. Esta Sección, presidida en el año 1980 por Francisco Alberto Gutiérrez y de la que también forman parte Carlos Díaz Aguado Fernández y Andrés Martínez, tiene fama de “ultra” entre los letrados demócratas. Estos magistrados fijan la fianza para el ejercicio de la acción pública en 3.400.000 pesetas, que deben ser depositadas en el plazo de dos semanas. “Eso fue una muestra evidente del poco interés que tenían para que la acción prosperase”, recuerda la letrada María Ángeles López, que encabezó la acusación. “Pudo verse claramente por contraposición con la cantidad que impuso el juez Auger en el caso de los estudiantes muertos por la policía en Embajadores, que fue sólo de mil pesetas”.
Con el levantamiento del procesamiento a Queipo y Saliquet -este último nieto de un almirante franquista- se cargan las responsabilidades del asesinato en el individuo fugado y en los dos elementos con menos respaldo “familiar” del grupo: “el Masa”, una especie de salvaje, entre lumpen y nazi, que se meterá más tarde en la delincuencia común, y Vargas Villalba, alias “el Jerezano”, hijo de un jornalero andaluz, el débil del grupo, que acaba denunciando al juez las presiones de las que es objeto para cargar él solo con el muerto, por parte de sus compañeros de celda y sus abogados, los hermanos Muñoz Perca. Uno de ellos, Antonio, yerno de Blas Pinar defiende también a los asesinos de Yolanda González.
En 2001 conseguimos localizar a Vargas Villalba en un pueblo de Galicia, donde sobrevive a salto de mata, y nos relató su versión de los hechos: “Los policías nos apoyaban, tenían gran simpatía hacia nosotros. Es evidente, porque incluso cuando yo fui detenido, me comentaron que ya nos tenían más que súper localizados, pero que, claro, al haber sido la cosa tan grave no habían tenido más remedio que actuar, porque los habían presionado. A mí, la Guardia Civil, cuando estaba esposado en la Plaza de Castilla, al enterarse de que yo era de ultraderecha, me han quitado las esposas e incluso me han invitado a vino. Y lo que sí es cierto es que, más de una vez, en nuestras correrías nos ha acompañado algún guardia civil joven. Algunos de ellos venían bastante por la sede de Fuerza Nueva de Mejía Lequerica”, añadió. “Y el que estaba siempre allí era Lorenzo Sanz, que luego ha sido presidente del Real Madrid”. “El auto estaba dirigido y redactado para responsabilizar única y exclusivamente a la persona ausente, como era habitual en casos como éste”, señala la letrada Ángeles López. “En él no se hablaba de asesinato, sino de homicidio, que es un grado inferior. Y de los careos se deduce que Jorge fue objeto de un ataque colectivo con palos de kárate, porras, machetes de monte y otros medios naturales, cuando no esperaba ni sospechaba agresión alguna”.
El principal culpable del asesinato sigue sin aparecer. En dos ocasiones, Interpol Austria se comunica con la policía española desde Viena, pidiendo instrucciones porque ha localizado allí a Llobregat. En ambos casos se deja correr el tiempo sin contestar ni avisar a la acusación privada. Los dos únicos cómplices del asesinato procesados son condenados a pagar una multa de 50.000 pesetas, “por desórdenes públicos”. En el texto de la sentencia, dictada el 5 de junio de 1987, el juez ponente, Carlos Entrena, antiguo miembro del Tribunal de Orden Público franquista, ni siquiera menciona la condición de ultraderechistas de los acusados. Olvida el hecho de que “el Masa” es jefe de centuria de Fuerza Joven y que Llobregat había amenazado con su machete a los transeúntes en varias ocasiones antes de asesinar a Jorge. Otro crimen sin castigo.»
Tomado de La sombra de Franco en la Transición de Alfredo Grimaldos. OBERON, 2004. Texto completo en: http://www.lahaine.org/en-el-recuerdo-y-el-compromiso-34-anos-d
Arturo Pajuelo Rubio
1 mayo 1980
«Una jornada de lucha, con huelga general, en el barrio de Orcasitas, ha sido convocada para el próximo martes por la Asociación de Vecinos Guetaria, del Poblado Dirigido, al tiempo que las centrales sindicales CC OO y UGT y las entidades vecinales de Madrid han propuesto un paro de una hora durante la jornada del miércoles, en señal de duelo por la muerte de Artu-ro Pajuelo, herido de arma blanca por presuntos ultraderechistas, al término de la manifestación del Primero de Mayo.
A última hora de la mañana de ayer, tras celebrar una asamblea en la calle, una manifestación de varios miles de personas recorrió el Poblado Dirigido de Orcasitas, que, desde la madrugada, estaba prácticamente cubierto de sábanas blancas con crespones negros y numerosas pancartas, que piden movilizaciones contra las bandas fascistas. Después de recorrer las principales calles, los manifestantes se pararon ante la casa de Arturo Pajuelo, donde se produjeron momentos de gran tensión.
En las diversas asambleas realizadas se reiteraron las condenas a las versiones que fijaban la militancia del fallecido en partido político o central alguna, y se señaló que Arturo sólo era directivo de la asociación de vecinos.
“En la manifestación del jueves”, según declararon miembros de la asociación, “Arturo se unió a un grupo de amigos del barrio, que posiblemente portaba pancartas de algún partido o central, pero esto no es suficiente para meterle en un partido”. Un comunicado de la asociación declara asimismo que, a pesar de las informaciones aparecidas en este sentido, los hechos no fueron originados en enfrentamientos entre partidos extremos ni en riñas callejeras, sino que fue “un claro intento de asesinato”.
Los dos jóvenes, señalan las mismas fuentes, iban solos al salir de la manifestación. “Después de participar un rato en ella”, añaden, “se despidieron de los amigos que les acompañaban y salieron por el final de la marcha, porque tenían que desplazarse a Parla para asistir a la comunión de una sobrina. Poco después les acuchillaron”. Según fuentes de la ciudad sanitaria Primero de Octubre, los atacantes, tanto de Arturo Pajuelo y Joaquín Martínez como de Carlos Martínez, tuvieron que usar unas armas contundentes, navaja de monte o bayoneta, porque las heridas causadas así lo demuestran.
Al mismo tiempo señalan que los agresores sabían lo que hacían, y, que atacaron a partes vitales y por donde más daño iban a producir. Antes del fatal desenlace, Arturo Pajuelo fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas, y fue necesario realizarle una transfusión en la madrugada del viernes de más de veinte litros de sangre, donada por los vecinos de Orcasitas, que acudieron en masa a la llamada de socorro efectuada a través de Radio Nacional. Vecinos y amigos del fallecido permanecían aún en la tarde de ayer en la ciudad sanitaria, En el centro del vestíbulo, un gran cartel exigía la ilegalización de Fuerza Nueva, la dimisión del gobernador civil y una investigación sobre la actuación de las Fuerzas de Orden Público.
Por su parte, Fuerza Nueva ha declinado su responsabilidad en los hechos, y rechaza las acusaciones sobre su participación por falta de pruebas. El comité de empresa de CASA, lugar donde trabajaba, emitió ayer un comunicado que señala que este tipo de actos violentos, localizados en un sector muy determinado, sólo pretende impedir, a través del crimen, el desarrollo de los derechos ciudadanos, y exige la localización de los culpables y la ilegalización de Fuerza Nueva, que “ampara estas acciones”. La misma petición la hacen los comunicados de varios partidos políticos y centrales sindicales. Por su par-te, la Federación Socialista Madrileña señala que sus diputados por Madrid y miembros de la ejecutiva regional, José Acosta y Juan Barranco, presentarán una interpelación parlamentaria para llegar al fondo de los hechos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 4 de mayo de 1980.
FUENTE: El País
Juan Carlos García
6 mayo 1980
«Una espectacular operación policial conjunta en Madrid y otras ciudades españolas, ordenada directamente por el ministro del Interior, Juan José Rosón, dio como resultado, hasta primeras horas de la noche de ayer, la detención de más de veinte personas presuntamente relacionadas con el asalto al bar San Bao, llevado a cabo anteanoche por una banda armada fascista.
Según una alta autoridad policial, existen sospechas fundadas de que entre los aprehendidos pudieran encontrarse algunos de los asaltantes al bar de la calle de Arturo Soria, cuyo saldo fue de un muerto y dos heridos menos graves. La policía ha localizado también en San Lorenzo de El Escorial dos armas que pudieran tener relación con el caso, aunque este extremo no ha sido confirmado. Según el mismo portavoz, se maneja como hipótesis muy probable que los autores del asalto al bar San Bao pudieran estar relacionados con el asesinato, hace unos días, del líder vecinal madrileño Arturo Pajuelo y con el asalto a la facultad de Derecho de la Universidad Complutense, de Madrid.
Por el momento, no se han facilitado los nombres de los detenidos, para no entorpecer la investigación policial, la cual, según el gobernador civil en funciones de Madrid, Javier Minondo, se halla muy avanzada, y se tienen indicios razonables de que no sólo se puede resolver el caso San Bao en un breve período de tiempo, “sino que se habrá asestado un golpe importante a la estructura de los grupos armados de extrema derecha en Madrid y su provincia”. Según fuentes responsables, los espectaculares resultados alcanzados en menos de veinticuatro horas se deben a que la policía tenía muy avanzada una investigación exhaustiva de todos los grupos armados de extrema derecha, investigación que ordenó efectuar en todo el territorio nacional.
Juan José Rosón apenas tomó posesión como nuevo ministro del Interior, el pasado 2 de mayo, fecha que coincidió con la muerte de Arturo Pajuelo. En esta ocasión, la buena coordinación entre la policía y el poder judicial se alió favorablemente con la investigación, ya que una hora después de conocerse la noticia del asalto del bar San Bao los servicios policiales disponían de todos los mandamientos judiciales que consideraron oportunos para hacer una de las mayores redadas de los últimos tiempos.
La operación se prolongó durante toda la noche y todo el día de ayer, y la mayoría de los detenidos lo fueron en sus domicilios. La nómina de los detenidos pudo haberse duplicado de no haber sido porque al menos veinte jóvenes ultraderechistas se encontraban huidos de sus domicilios. Los distintos efectivos policiales registraron igualmente, también con mandamiento judicial, varios locales de partidos y organizaciones de extrema derecha, cuyos nombres no fueron hechos públicos, y locales frecuentados por ultras. Se sabe que a alguno de los detenidos se le han ocupado armas de fuego, armas blancas y otras similares, aunque no se sabe su número exacto. Entre estos últimos se encuentra el joven de diecisiete años J. F. L. R., detenido en San Lorenzo de El Escorial cuando portaba dos pistolas. Según sus primeras declaraciones a la Guardia Civil, el joven no pensaba realizar ningún atentado, sino simplemente esconder las armas. Expertos en balística examinaban anoche si estas armas pudieron ser las que fueron disparadas en el bar San Bao. La detención de este joven se produjo de forma casual, ya que la reina Sofía había acudido a la localidad madrileña y aquél se encontró envuelto en medio de un fuerte dispositivo policial. Las armas que portaba el detenido, según fuentes solventes, guardadas en una caja de zapatos dentro de una bolsa de deporte, eran una pistola Astra de nueve milímetros y un revólver FN calibre 32.
También se ha podido saber que los veinte agresores del establecimiento portaban al menos dos o tres cuchillos, varias cadenas y algún otro objeto contundente Las autoridades policiales consultadas anoche por El País mostraban un optimismo más que notable en torno a las investigaciones. La principal dificultad con la que, al parecer, se están tropezando es la falta de correspondencia entre la actuación de los grupos armados y las organizaciones de extrema derecha presuntamente implicadas, de forma que, según los especialistas, en golpes determinados pueden actuar activistas de varios grupos mezclados entre sí. “El único denominador común de estos comandos es la violencia y puede ocurrir que en muchas ocasiones hayan actuado de forma espontánea.
Sí se puede afirmar en cambio, según se está demostrando a lo largo de esta investigación, que existe un mayor número de personas vinculadas a Fuerza Joven y a Fuerza Nueva”, manifestó a El País un mando policial. Según noticias fidedignas, la policía cuenta con la colaboración de varios testigos presenciales. Los testigos han examinado numerosas fotografías de personas de extrema derecha. Al menos unas veinte personas han declarado en la Jefatura Superior de Policía, lo que contrasta con la casi nula colaboración de los posibles testigos del asesinato de Arturo Pajuelo. A todos los detenidos se les aplicará la ley Antiterrorista.
Por otra parte, a la 1.30 de la tarde de hoy se celebrará el entierro del joven Juan Carlos García, que saldrá desde el Instituto Anatómico Forense. Anoche se le había realizado ya la autopsia, aunque no había trascendido nada sobre las características de las dos balas recibidas por el difunto. En cuanto a los otros dos heridos por arma de fuego, Ramón Carlos Bonal y Vicente Seoane, su estado evolucionó favorablemente durante todo el día de ayer y se encontraban fuera de todo peligro.
Juan Carlos García, natural y vecino de Madrid, de veinte años, estaba realizando el servicio militar como voluntario en la Escuela Superior del Ejército, donde su padre trabajaba en la imprenta. El joven difunto tendrá un entierro militar, siguiendo la tradición de todos aquellos soldados que mueren durante su tiempo de servicio. En este sentido, el Cuartel General del Ejército del Aire hizo pública una nota oficial en la que se explica que si se efectuó el traslado del cuerpo al Instituto Anatómico Forense fue porque así lo dispuso el magistrado juez de instrucción.
El comunicado oficial afirma igualmente que tanto las heridas causadas al fallecido como a los dos heridos se produjeron en el curso de una riña.
La policía disolvió sobre las siete de la tarde de ayer una concentración de unos treinta jóvenes que se encontraban delante del bar San Bao para rendir un homenaje póstumo a Juan Carlos García. La orden se produjo después de que los concentrados gritaran contra los ocupantes de un camión que, protegidos por la policía y durante unos minutos, se dedicaron a tachar algunas de las pintadas de protesta hechas sobre el tema en la acera situada frente al bar.»
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 8 de mayo de 1980.
FUENTE: El País
María José Bravo del Barrio
8 mayo 1980
«El 8 de mayo, María José Bravo del Barrio, joven donostiarra de 16 años, era asesinada a golpes tras haber sido violada. El asesinato fue revindicado por el Batallón Vasco Español. Francisco Javier Rueda, su novio, también fue salvajemente golpeado.
En el año 1980 más de 130 personas murieron en actos de violencia política relacionados con el denominado conflicto vasco. Once de esas personas fueron asesinadas en las calles de Donostia. ¿Por qué queremos recordar especialmente este asesinato? Nada más lejos de nuestra intención que la de establecer diferencias o categorías entre víctimas, porque las víctimas, todas ellas, han de ser consideradas y reconocidas como lo que han sido, víctimas. Pero el asesinato de esta joven donostiarra está rodeado de unas características que nos hace querer recordarla de manera especial.
En primer lugar, las propias circunstancias de su asesinato. No es sólo su muerte, sino cómo la asesinaron. María José pagó un precio tremendo por ser mujer, en el marco de formas de actuar donde el cuerpo de la mujer como campo de batalla y la violación como castigo colectivo han sido y son estrategia de terror y horror.
No fue la única mujer que pagó cara su condición. En enero de ese mismo año la joven de 17 años Ane Barrueta también fue violada y asesinada en Algorta. El asesinato fue reivindicado por el GAE, Grupos Anti ETA. Sólo en el año 1980 hubo once denuncias por violación, atribuidas a grupos de extrema derecha. En varios casos fueron expresamente reivindicadas por alguno de esos grupos. Una de estas agresiones también tuvo por escenario las calles de Donostia, el barrio de Intxaurrondo en concreto, y en ese acto se vieron involucrados dos guardias civiles que fueron expulsados del cuerpo armado. Uno de los pocos casos en los que los agresores sufrieron algún tipo de castigo. Tras la muerte del dictador Franco, en el contexto de fuerte agitación social y represión fueron abundantes los ataques contra mujeres en los que se les hacía pagar tanto por sus ideas políticas como por su condición de mujeres.
En las hemerotecas y en los informes oficiales han quedado recogidas las oleadas de ataques contra mujeres en Iruñea (1978), Errenteria (1979), Donostia (1980)… Aunque la frecuencia descendió, nunca se erradicaron del todo esos actos, y hasta hace bien poco hemos asistido a denuncias por malos tratos en comisaría con carácter sexual. La otra circunstancia que queremos subrayar es la ausencia total de investigación policial de ese crimen. Ninguna autoridad acudió al funeral, nadie contactó con ellos. Y aun y estando incluida en el Informe sobre Víctimas del Terrorismo practicado por grupos incontrolados, de la extrema derecha y el GAL, del Departamento de Interior Dirección de Atención de Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, la familia no ha recibido perdón institucional.
Quienes asesinaron a la joven donostiarra no cumplieron condena alguna por su crimen. Peor aún, ni siguiera consta que fueran perseguidos ni molestados. Es uno más de las decenas de asesinatos cometidos por grupos de extrema derecha o fuerzas parapoliciales que no fueron investigados, y sobre los que pesa la complicidad oficial y el olvido y la falta de reconocimiento. La indiferencia, el abandono de las instituciones y la falta de reconocimiento que como una losa se agregó a las familias de tantas y tantas personas asesinadas, sigue en el caso de María José Bravo ejerciendo su inmisericorde condena.
La sociedad vasca nunca borrará la culpa de todo el reguero de muertes que se generó en todos estos años. Pero la culpa será mayor si con algunas víctimas sigue venciendo el olvido. Y no podemos finalizar estas líneas sin recordar por su nombre a todas las personas asesinadas en las calles de Donostia aquel año 1980: Eugenio Saracibar Gonzalez de Durana, María José Bravo del Valle, Jesús Holgado Sabio, José Manuel Rodríguez Fontana, Dionisio Villadangas Calvo, Lorenzo Motos Rodríguez, Juan Manuel García Cordero, Carlos Fernández Aspiazu, Juan de Dios Doval de Mateo y Manuel Garciarena Baraibar.
(Fuente: Ministerio del Interior).»
FUENTE: http://www.nabarralde.com
Manuel Luciano Pérez
30 junio 1980
«Manuel Luciano Pérez, vecino de Labastida (Araba), muere por disparos de un guardia civil de paisano en la sala de fiestas “La Masía” de Haro. Según el Gobierno Militar de Logroño “se produjo un forcejeo y se disparó el arma reglamentaria”. Los testigos lo desmintieron indicando que tras una discusión en el interior del local el agente instó a Manuel Pérez a salir a la calle, donde tras tirotearlo amenazó a todos los presentes con su pistola.»
FUENTE: rsamadrid.wordpress.com
María Contreras Gabarra, Antonio Contreras Gabarra y Anastasio Leal
23 julio 1980
«Las víctimas del atentado de ayer, aunque no ha podido confirmarse de forma oficial, son María Contreras Gabarra, de diecisiete años, embarazada de ocho meses, su hermano Antonio Contreras, de once años, ambos de raza gitana, y el feto de la primera. La policía ha hecho indagaciones en el barrio de El Peñascal, de Bilbao, y constató que las mencionadas personas no habían acudido a su domicilio, por lo que comenzó a sospechar sobre la identidad de las víctimas.
Por otra parte, cuando la policía, media hora después de haberse producido la explosión, procedía a comprobar la probable existencia de otro artefacto en el interior de la guardería, varias personas, asimismo de raza gitana, visiblemente excitadas, trataron de acercarse hacia el lugar donde yacían las víctimas pretextando que ellos eran los padres de los muertos.
El artefacto explosivo estaba compuesto, según las primeras investigaciones, de más de dos kilos de Goma 2. Tenía adosado un mecanismo de relojería. Siempre de acuerdo con las primeras investigaciones, el artefacto había sido colocado en el exterior de la guardería, a unos dos metros de la puerta y junto a unos montones de basura situados en la acera. Impresiones de personas que se decían testigos presenciales aseguraron anoche, y estas declaraciones pudieron ser escuchadas por redactores de El País, haber visto al hermano menor de María Contreras removiendo las basuras entre las que estaba camuflado el artefacto explosivo. Las mismas personas señalaron la posibilidad de que Antonio Contreras, el niño fallecido en el siniestro, golpeara con el pie el potente explosivo.
Además de las víctimas señaladas, en el suceso hubo un herido gravísimo. Anastasio Leal, de 58 años, que fue alcanzado por los restos de la puerta de cristal de la guardería, destrozada por la onda expansiva. Teófila González Alonso, esposa del herido, manifestó anoche a Europa Press que su marido, empleado del servicio de limpiezas del ayuntamiento bilbaíno, se encontraba casualmente en el lugar del suceso. La señora González declaró también que su esposo no mantenía vinculaciones políticas de ningún género.
En el Hospital de Cruces informaron a la esposa del herido que éste se encontraba en estado gravísimo, en el servicio de reanimación. En un principio, se pensó que la bomba iba dirigida contra un local social del Partido Nacionalista Vasco, que se encuentra a veinte metros de la citada guardería, pero fuentes policiales descartaron esta posibilidad y centraron sus sospechas en la posibilidad de que el objetivo fuera el local propiedad, según todos los datos disponibles, de un militante de Herri Batasuna.»
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 24 de julio de 1980. FUENTE: El País
Continuará.
Publicado por Grupo Libertario Pensamiento Crítico en su dossier "Los muertos de la Transición española 1975-1981"
