Esperanza Aguirre dice que se siente mal, que es una pena que unos pocos corruptos hayan echado por tierra la inmaculada trayectoria que disfrutaba el Partido Popular en los años 90. La condesa consorte de Bornos y Grande de España o miente o ignora, yo creo que miente. Veamos.
Nada más comenzar la primavera de 1990 en el Congreso celebrado en Sevilla, José María Aznar fue aclamado como el nuevo líder, joven y renovador de la derecha española, un lider que durante su juventud, militó en el Frente de Estudiantes Sindicalistas (FES), sindicato estudiantil que fue embrión de Falange Española Independiente (FEI), siendo uno de los responsables del FES que reivindicaban el pensamiento original del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Aznar se hacía con las riendas del Partido Popular, objetivo: Desbancar a Felipe González. Para lograrlo no dudó en aprovechar el reciente caso Juan Guerra y aliarse con el PCE a través de Nicolás Sartorius. Jugó fuerte atacando al hermano del vicepresidente, lo hizo precipitadamente, sin tener en cuenta que en sus filas estaba a punto de salir a la luz un escándalo monumental.
En el Congreso de Sevilla, Aznar confirmó a Rosendo Naseiro en el puesto de Secretario de Finanzas (Tesorero) del partido, cargo que ya venía ocupando por decisión de Manuel Fraga en la etapa de interinidad de Aznar. El diez de abril de 1990, en plena Semana Santa, funcionarios de la Brigada Regional de la Policía Judicial de Valencia irrumpen en un apartamento de la calle Piedra, en la urbanización Vistahermosa de Alicante. Los funcionarios van provistos de un mandamiento judicial de arresto contra Rosendo Naseiro, el tesorero del Partido Popular, y de una orden de entrada y registro del apartamento. Ambos documentos están firmados por Luis Manglano, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia. La policia esposa a Naseiro y le comunica que por orden del juez no puede comunicarse con nadie. Horas después, Rosendo Naseiro, tesorero del PP y hombre de confianza del presidente del principal partido de la oposición, José María Aznar, es conducido directamente a la cárcel. La venganza de Alfonso Guerra empieza a tomar cuerpo.
Horas más tarde eran detenidos y trasladados a los calabozos de los Juzgados el concejal de PP en Valencia, Salvador Palop; el delegado de la constructora Dragados y Construcciones, Luis Janini, el delegado de la empresa Huarte, Carlos Bonet, el arquitecto municipal de Cullera, Luis Latorre y José Balaguer, presidente de Electronic Trafic,SA (ETRA).
Las detenciones tienen su origen en una investigación iniciada a finales de 1989 por el Grupo Segundo de la Sección de Estupefacientes de la Policia Judicial de Valencia a los que se les autoriza judicialmente la intervención de varios teléfonos de los hermanos Palop al sospecharse que estaban involucrados en operaciones de trafico de drogas. De las escuchas se obtiene una información inesperada que nada tiene que ver con el narcotráfico. Angel Sanchís, tesorero del PP en la etapa de Manuel Fraga, telefonea a Palop. De la conversación se desprende la existencia de operaciones de tráfico de influencias llevadas a cabo en Valencia, en las que intervenían el concejal del PP, Salvador Palop y el ex-tesorero del mismo partido Angel Sanchis, junto al entonces titular del cargo, Rosendo Naseiro, y en las que se mencionaba al presidente del PP, José María Aznar, a Manuel Fraga, al vicesecretario de Acción Electoral, Arturo Moreno y a varios políticos más junto a varios empresarios.
Los policías Ortega y Peiró, tenían en sus manos unos de los escándalos más sonados de la democracia española, y así fue aunque Esperanza Aguirre hoy no lo quiera recordar. Sin embargo algo sucede, las grabaciones telefónicas no contenían información para imputar a nadie por un delito de narcotráfico, motivo por el cual fueron autorizadas las escuchas, los policías no las entregan en el juzgado, las conservan en su poder. El juez archiva el caso en enero de 1990. Ante esta situación los inspectores esperan a que estuviera de guardia el juzgado de Instrucción número 2 y solicitan una nueva intervención telefónica del número de Palop, ocultando al juez que el teléfono ya había sido intervenido por otro juzgado y que las diligencias habían sido archivadas. El 29 de diciembre de 1989 Luis Manglano, titular del Juzgado, miembro de la Asociación Jueces para la Democracia y sobrino del entonces director de CESID, el Teniente General Emilio Alonso Manglano autoriza el pinchazo.
El resultado de las escuchas fue contundente. Nunca en la historia reciente de España una conversación telefónica había reflejado con toda su cruda realidad la forma en que un partido obtiene el dinero clandestino para financiarse. La publicación de las diligencias previas 295/90, iniciadas en Valencia por el juez Manglano, ponían de relieve que el Partido Popular había montado toda una red de financiación paralela de sus actividades al margen de la Ley de Financiación de Partidos de 1987, para recaudar fondos. Las diligencias dejan entrever que las personas involucradas actúan coordinadas entre si para pedir dinero a empresas constructoras, contratistas de limpiezas públicas, a las sociedades relacionadas con el mantenimiento del alumbrado y a los propietarios de terrenos susceptibles de recalificación. Las oficinas donde se planificaban y se centralizaban estas actividades ilegales era la sede central del Partido Popular de la calle Genova de Madrid, concretamente en el despacho del tesorero, Rosendo Naseiro.
El caso Naseiro llegó al Tribunal Supremo, debido a la condición de diputado de Ángel Sanchis Perales y de Pedro Agramunt, Presidente del PPCV, donde quedó archivado a causa de que las escuchas telefónicas se habían ordenado para investigar únicamente el caso de narcotráfico y, por tanto, su utilización en el presunto delito de financiación ilegal no gozaba de supervisión judicial. El tribunal ordenó la posterior destrucción de las cintas inculpatorias con las conversaciones de los implicados. No obstante, las grabaciones se pueden leer en las hemerotecas dado su valor histórico, pero jurídicamente carecen de valor probatorio.
El Partido Popular salió indemne a ojos de la justicia, pero los delitos se cometieron. En los años 1989 y 1990, al contrario de lo que Esperanza Aguirre esgrime para alabar la honradez de su partido en esa época, la cruda realidad es que el partido se venía financiando por procedimientos que repugnan la conciencia de cualquier persona civilizada y que los políticos que se dedicaban a estos menesteres, aspiraban a ser los ministros del mañana.
Hay más casos, más situaciones que delatan la catadura del PP, aparte de lo que desde hace años venimos conociendo. Por ejemplo, una auditoría llevada a cabo por Ernst and Whynney en 1987, ponía de relieve que Alianza Popular, un partido que aspiraba a gobernar el país y hacer cumplir las leyes, no pagaba las cuotas empresariales ni sociales a la Seguridad Social. Tampoco abonaba el IRPF retenido a sus trabajadores y apenas llevaba contabilidad oficial alguna. Informaban también los auditores que en 1986 el partido había tenido unos ingresos de 1.973 millones de pesetas y había gastado 3.532 millones.
No señora Aguirre, los actuales corruptos de su partido no han dilapidado nada, la corrupción siempre estuvo y sigue estando instalada en el Partido Popular, decir lo contrario es faltar a la verdad. Tampoco puede alegar ignorancia, lleva usted en el partido desde 1987 y además imagino que en 1990 leía la prensa.
Benito Sacaluga
Fuente: El Dinero del Poder.José Diaz Herrera y Ramón Tijeras. Editorial Cambio 16.ISBN:84-7679-190-9
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