La negligencia criminal es un delito. Lo que hace que la negligencia criminal sea un crimen es la imprudencia del acto. La negligencia criminal por parte de las autoridades sanitarias equivale a una violación grave de los derechos humanos y de los derechos del paciente necesitado de ayuda médica.
En España, un país que está perdiendo la capacidad de asombro, los recientes hechos relacionados con el traslado desde África de dos personas infectadas por el virus Ébola horrorizan por la pasividad e indolencia oficial frente a un problema muy grave que parecía anunciado.
En un país donde el pisoteo de los derechos de los ciudadanos se ha vuelto como parte del mobiliario urbano, que vemos todos los días, aún hay hechos que nos causan especial estupor por la amoralidad que delincuentes y gobernantes de todas las escalas muestran por igual.
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| En la foto Javier Rodriguez Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, uno de los máximos responsables junto con Mariano Rajoy, Ana Mato e Ignacio Gonzalez. |
Es indiscutible la irresponsabilidad que ha mostrado el Ministerio de Sanidad, su negligencia en el tratamiento del problema. La permanencia en su puesto de Mariano Rajoy es simplemente inaceptable, intolerable para la sociedad española, y es así aunque la oposición política y los medios de información no lo exijan. Que dimita Ana Mato no es lo troncal, debe dimitir Rajoy y con él caerá la ministra y el resto de los responsables, Javier Rodriguez e Ignacio González incluidos, por supuesto. Las negligencias en la gestión de este Gobierno han quedado demostradas en múltiples ocasiones, lo mismo frente a desastres naturales que en lo relativo a accidentes en medios de transporte colectivo y en el tratamiento dado a diversas situaciones muy lamentables que están en la memoria de todos, así como su papel omiso para reparar los daños causados y asumir responsabilidades.
La estrategia adoptada por el Partido Popular, consistente en culpabilizar de la propagación del virus a la enfermera afectada, aparte de asquerosa, debe ser denunciada si más dilación ante los Tribunales de Justicia, en el Código Penal sobran supuestos y artículos para dar cuerpo a la querella.
De la propagación del virus el único culpable es el Gobierno, por la imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de reglamentos y deberes que requiere el caso que nos ocupa, incluida la repatriación de los enfermos, raíz inequívoca del problema. El Gobierno es culpable, sin lugar a ninguna duda, por actuar imprudentemente y negligentemente, con atrevimiento en el caso de la repatriación y con descuido en el tratamiento de los enfermos y de las posibilidades de contagio. El descuido en el actuar, la omisión consciente, el descuido por impericia o dejar de cumplir un acto que el deber funcional exige, en materia penal es punible.
Son ya demasiados los casos en que la responsabilidad del Gobierno ha quedado totalmente impune, recordemos por ejemplo el accidente del metro valenciano, el descarrilamiento del tren de Angrois, las muertes del Madrid Arena, la tragedia del Prestige o la barbaridad del Yak-42 y otras más que están en la memoria de todos, tragedias todas ellas responsabilidad del Partido Popular pero de las que finalmente han salido impunes. Que con la actual crisis del Ébola no pase lo mismo.
Si en esta ocasión vuelven a quedar impunes, si no son condenados por la justicia y pagan su culpa, si esto sucede y nos quedamos en un par de dimisiones, será cuestión de tiempo que nos veamos en otra situación parecida. El temor al castigo es lo único que quizás entiendan los políticos y quizás con ese temor comiencen a actuar de forma responsable, si siguen siendo impunes seguro que seguirán igual que hasta hoy.
Benito Sacaluga
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