MADRID, 28 DE JUNIO DE 1931. APRENDAMOS DE LA HISTORIA

La jornada electoral del 28 de junio de 1931 muestra el talante político y social de Madrid y su provincia. Confirmaba el resultado de las elecciones municipales de abril, y algunos de sus matices merecen ser anotados.

Se había rebajado a los veintitrés años cumplidos la edad para emitir voto. Quedaron suprimidos los distritos provinciales, sustituyéndoles por una circunscripción. Se impedía, así la posibilidad de que con una exigua votación un candidato pudiera ser elegido, como había ocurrido durante muchos lustros. En todas las circunscripciones urbanas, como en las provinciales, los candidatos, para ser proclamados diputados electos, debían obtener un mínimo del 20 por ciento de los votos emitidos. Las mujeres y los sacerdotes eran elegibles.

Los monárquicos, que habían fundado el Círculo Monárquico Independiente, anunciaron su abstención. No les secundó la flamante Acción Nacional, parteada por los propagandistas católicos desde el mes de abril. Ni tampoco otros monárquicos –en las provincias-, que acudieron a las elecciones con nombres políticos recién adoptados; verbigracia, el de agrarios. En toda España solo hubo un candidato monárquico, por cierto elegido, y era el Conde de Romanones, que se presentó por Guadalajara, su antiguo feudo. Esta circunscripción elegía cuatro diputados: los dos primeros puestos los obtuvieron un candidato de Acción Republicana y otro del PSOE. Romanones tuvo que conformarse con el tercer lugar. El cuarto fue para otro candidato del PSOE.

En Madrid capital, y en la circunscripción provincial, la conjunción republicano-socialista obtuvo las mayorías y las minorías. Esto es, el copo, según la germanía electoral. La más nutrida votación recayó en Alejandro Lerroux: 133.425 sufragios.

Según el número de sufragios, los elegidos por la capital, encabezados por Lerroux, fueron:

Roberto Castrovido, de Acción Republicana.
Pedro Rico, ídem.
Felipe Sánchez-Román, de Agrupación al Servicio de la República.
Francisco Largo Caballero, del PSOE.
Julian Besteiro, ídem.
Luis de Tapia, republicano independiente.
Cesar Juarros, de Derecha Republicana.
José Sanchís Banús, del PSOE.
Abdres Ovejero, ídem.
Melchor Marial, republicano federal.
Manuel Cordero, del PSOE.
Andrés Saborit, ídem.
Trifón Gómez, ídem.
Angel Osorio y Gallardo, independiente
José Sánchez-Guerra, ídem.
Melquiades Alvarez, ídem.
Luis Bello, de Acción Repúblicana.
Manuel Bartolomé Cossío, independiente.
José Luis Martin de Antonio, ídem.
Manuel Torres Campañá, radical.

El orden riguroso de prelación señala la preponderancia en el electorado madrileño de 1931, del sentimiento republicano y de admiración personal. Así, la votación obtenida por Sánchez-Román, fue superior a la de Largo Caballero, primero de los socialistas en el conjunto de sufragios y quinto en la lista general. Tanto en la urbe como en la provincia, el electorado siguió la misma tendencia.

El fracaso de la candidatura de Acción Nacional, en la que figuraba Ángel Herrera Oria, era significativo. Pese a la acción naturalmente concertada de los propagandistas católicos, de la Acción Católica, de “El Debate”; a los consejos que serían reiterados a bastantes feligreses madrileños; al apoyo directo o indirecto de órganos de prensa antirrepublicanos, la cifra máxima de votos fue la de 27.865. Tres meses después, luchando en solitario, con mínimos medios, el hijo del dictador,José Antonio Primo de Rivera, obtenía 28.641 votos. La candidatura del PC no rebasó ,los 3.211, pero en la elección parcial de octubre tuvo 5.893.

El PSOE -116 actas de diputado- se apresuró a convocar, podría decirse que a uña de caballo, un congreso extraordinario para que este deliberase sobre la colaboración gubernamental. Parece advertirse la preocupación del partido y de la UGT por las reacciones morales ante la huelga de teléfonos. Al Congreso extraordinario -10 de julio- asistieron como delegados las Agrupaciones Socialistas la mayoría de los diputados electos –las Cortes Constituyentes se inauguraron el 14 de julio-  y su voto era presumible. Apartarse de la colaboración suponía dejar el poder en manos de los republicanos –subsistía la alianza republicana- y pasar la minoría socialista a una especie de oposición. 

En Congreso extraordinario acordó proseguir la colaboración gubernamental hasta que fueran aprobadas la Constitución y sus leyes complementarias. Al llegar a ese trance, el partido reconsideraría el tema. En 1932, aprobadas la Constitución y las leyes complementarias - entre estas el Estatuto de Cataluña-  el PSOE, en el XII Congreso de 1932 acordó literalmente:

“Cumplido el programa que trazó el Congreso extraordinario de 1931, la Ejecutiva elegirá el momento de convocar al Comité nacional para resolver sobre el caso de participación en el Gobierno.”

“ La decisión de separar del Gobierno a los ministros socialistas la optará el Comité nacional, después de oír a la minoría parlamentaria”

“Estabilizada la República, el partido socialista se dedicará a una acción netamente socialista, independiente de todo compromiso con fuerzas burguesas, y encaminará todos sus esfuerzos a la conquista plena del Poder para la realización del socialismo.”

Este acuerdo del último Congreso del PSOE es el punto de partida de octubre de 1934 y de julio de 1936. Equivale a la radicalización marxista publica y definitiva del partido y de su central sindical. 

Aprobada la Constitución, y elegido presidente de la República Niceto Alcalá Zamora -diciembre de 1931- se acreció lógicamente la reagrupación de los poderes o fuerzas que habían vivido al pie y a la sombra del Trono, y entre ellos destacaban los que sostenían, primordialmente, la confesionalidad del Estado y el orden social, según el antiguo status quo: lo que les llevaría a declarar el accidentalismo de las formas de gobierno, arguyendo, como siempre, encíclicas vetustas. Por ejemplo, la de León XIII, dirigida a los católicos franceses el 16 de febrero de 1892.

Subsistieron núcleos monárquicos -alfonsinos y tradicionalistas, nombre que tomaron tras la muerte del pretendiente Jaime de Borbón los jaimistas y los integristas más o menos vinculados- que iban a sostener, pública y electoralmente, sus sentimientos de adhesión y reverencia a la forma monárquica.

La Constitución de 1931, al reconocer todos los derechos del ciudadano y de las colectividades políticas y sociales, era favorable a la oposición. Por otra parte, y este es punto considerable, permitía enarbolar la bandera de la revisión constitucional. Esta la había ondeado por primera vez el que iba a ser presidente de la República, desde el banco azul -10 de octubre de 1931-. Si las Cortes aprobaban el artículo 26 de la Constitución, en el que se establecía la aconfesionalidad absoluta del Estado, declaró que saldría del Gobierno y lucharía por la reforma constitucional. El artículo fue aprobado tras un debate politico sugestivo, cuya máxima figura era Manuel Azaña. El 15 de octubre dimitió Alcalá-Zamora, secundado por el ministro de la Gobernación, Maura.

Benito Sacaluga

Fuente: Madrid, Julio/36. Maximiano García Venero. Ediciones Tebas.(1973)