MANIOBRAS ORQUESTALES CONTRA LA CORRUPCIÓN.

Últimamente todos los días sale a la palestra algún político para recitarnos su particular lista de medidas para eliminar la corrupción entre sus compañeros de profesión, si, de profesión. Ahora cuando la lista de políticos imputados sobrepasa la cifra de 1.900 parece que todos sabían como evitar la corrupción, pero callaban, miraban para otro lado desde 1978. Unos proponen seis medidas, otros cincuenta y todos reclaman consenso. A mi esto me huele a una especie de indulto general, algo así como a borrón y cuenta nueva.

Lo curioso, y lo tremendo, del caso es que la inmensa mayoría de las medidas propuestas van en la dirección de castigar con más fuerza la corrupción y no en evitar que se produzca. Como siempre van a lo inmediato, a lo electoral en lugar de a lo efectivo, que sería la educación de la sociedad para que esta se convirtiese en un muro infranqueable ante cualquier intento de corruptela política o privada. Hasta hay algún político que propone la creación de una oficina antifraude, propuesta que no estaría mal si no fuera porque sería necesario crear una en cada ministerio, en cada ayuntamiento y en cada parroquia. Dentro de poco nos anunciaran la creación de una comisión parlamentaria dedicada a la gestión de una Brainstorming sobre el tema.

Resulta sorprendente escuchar a algunos políticos proponer que no puedan ir imputados en las listas electorales, cuando al mismo tiempo mantienen en puestos públicos a cientos de colegas inmersos en causas de corrupción, con la escusa de que aún no están imputados, y también a otros que ya lo están hasta por partida triple; aquí no hay presunción de inocencia que valga, aquí lo que hay es presunción de culpabilidad. Más sorprendente aún resulta si tenemos en cuenta que por lo general los imputados suelen ser condenados a no ser que alguna trampa jurídica o error procesal lo evite. El colmo de la sorpresa llega cuando la entrada en prisión de los condenados se demora tanto o más que el proceso judicial que los condenó y además las penas no se cumplen íntegramente y en las mismas condiciones que los presos comunes soportan, unos presos comunes que mañana podemos ser cualquiera de nosotros si el destino lo quiere.

La solución es educar a la sociedad, hacerla ver que todos sus integrantes deben rechazar la corrupción sea cual sea su nivel y ámbito, esta es una tarea compleja y larga en el tiempo pero algún día tiene ser el de su inicio. Lo de "Hacienda somo todos" además de una mentira ha resultado una frase inútil. Resulta complicado apartarse de las corruptelas o actuaciones evasivas ante el fisco cuando vemos que otros eluden impuestos de forma totalmente legal, gracias a disfrutar de situaciones de privilegio económico. No puede ser que un trabajador soporte una carga fiscal superior al 30% cuando existen empresas que liquidan al 3,50% sus beneficios. Esta desigualdad invita al fraude y además sin ningún tipo de remordimiento o sentimiento de culpa. Las amnistías fiscales deben desaparecer, solo los ricos se benefician de ellas y somos todos los que soportamos los impuestos perdonados.

Por otro lado hay cosas que deben cambiar de inmediato. Las actuaciones corruptas deben ser consideradas delitos, independientemente del importe robado o defraudado e independientemente del tipo de beneficio obtenido. Al igual que ocurre en el caso de las sociedades mercantiles, las direcciones de los partidos políticos y sindicatos deben ser susceptibles de la exigencia para ellas de responsabilidades penales. La financiación ilegal de los partidos deber ser considera delito. Los aforamientos deben desaparecer en su totalidad. Las penas para estos delitos deben ser ejemplares, el poder judicial, fiscalía incluida, debe ser absolutamente independiente, los indultos por estas condenas han de ser eliminados y las listas electorales deben ser abiertas. Yo con esto me conformaría. Parece fácil y además lo es, solo falta voluntad política, otra cosa es que nuestros políticos estén dispuestos a tirar piedras sobre su propio tejado, cosa que dudo, desde luego ni el PSOE, ni el PP, ni CiU lo harán.

En el plano meramente administrativo se hace necesaria una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público que impida su aplicación inadecuada, establecer nuevos y rigurosos mecanismos de control de las Ofertas Técnicas y Económicas y ampliar la intervención de la Abogacía del Estado en la tramitación y adjudicación de los Concursos Públicos. La tan socorrida tramitación sin publicidad debe ser eliminada de raíz, sea cual sea el importe de la obra o servicio a adjudicar.

Dejémonos de cuentos, más aún si sus autores están inmersos en incontables casos de corrupción, ellos no están autorizados para sentar las bases de la lucha contra la corrupción, sus actuales maniobras son netamente electoralistas y además llegan tarde. Tampoco caigamos en la trampa que nos tienden manifestando que la corrupción es exclusivamente de los políticos, también lo es de los partidos, existen casos que así lo demuestran y casos que lo demostrarán.

Un país en el que, como en España, monarquía, partidos políticos, sindicatos, financieros, organizaciones empresariales e incluso miembros de la judicatura están implicados en casos de corrupción es un país en manos de delincuentes, un país a la deriva en el que el Estado de Derecho es solo una inalcanzable ilusión, y así llevamos desde 1978, del franquismo y las monarquías que lo precedieron mejor no hablar.

Benito Sacaluga.