EL RECIBO DE LA LUZ: ORIGEN DE UN ATRACO

Firmantes de los Pactos de la Moncloa

Familias y empresas se quejan con razón y desde siempre del elevado coste de la energía eléctrica, de ese recibo de la luz que, si bien siempre ha sido esperado con temor, hoy en día se ha convertido en una parte muy importante de los gastos fijos de cada hogar y de cada empresa, hasta tal punto importante que el consumo eléctrico de las familias humildes se reduce a lo mínimo indispensable y en muchos casos ni siquiera esos mínimos son asumibles dado lo escaso de sus ingresos, pasando así obligatoriamente a formar parte ese amplio sector de población que sufre lo que hoy se denomina eufemísticamente "pobreza energética" cuando en realidad es simple y llanamente pobreza.

Los políticos que nos gobiernan se afanan desde la manipulación de los datos en explicarnos las partidas que componen el dichoso recibo de la luz y nos las detallan una por una, esto de consumo, esto de alquiler de contador, esto de impuestos especiales, esto otro de tasas, esto otro de peajes, esto otro de...., como si no supiéramos leer aquello que ya viene detallado en la factura, en resumidas cuentas prácticamente el 50% de nuestro recibo nada tiene que ver con la energía realmente consumida. Lo que nunca nos explican es el origen y la justificación de todo aquello que debemos pagar si no queremos quedarnos a oscuras. Si lo hicieran las calles y plazas españolas posiblemente se llenarían de ciudadanos indignados.

Cuando en 1977 la UCD, con Adolfo Suarez a la cabeza, se instaló en el poder, ya se conocían parte de las fuentes de financiación del PSOE, pero para los altos cargos de la UCD, recién salidos de las cloacas de la dictadura, era preferible callar y al mismo tiempo ignorar las acusaciones de financiación ilegal y corrupción que los socialistas hacían contra ellos en el Parlamento. Todos recordamos a Alfonso Guerra llamando a Adolfo Suarez " Tahúr del Misisipi", pero lo cierto es que los ataques del PSOE, al no contar con pruebas documentales, se convertían inmediatamente en una especie de juegos florales para la galería.

Lo cierto es que la UCD había encontrado un cómodo sistema de financiación, basado en cuatro fórmulas distintas, que los socialistas nunca lograron descubrir estando en la oposición.

Los Pactos de la Moncloa firmados en Madrid el 25 de octubre de 1977 entre el Gobierno de Adolfo Suárez y los principales partidos políticos, entre ellos el Partido Comunista (que no se opuso al contrato de suministro de uranio enriquecido entre la Empresa Nacional del Uranio, Enusa, y la multinacional soviética Techsnabexport), dejaron intactas las estructuras energéticas heredadas del franquismo, pactos que comportaron la consolidación de la energía nuclear en España. Las exigencias de las organizaciones antinucleares y ecologistas, que pedían una auditoría del sector y una moratoria, no fueron oídas. Por otra parte la banca norteamericana quería terminar de cobrar los créditos concedidos al franquismo para la construcción de las centrales nucleares y deseaba seguir dominando desde el exterior un sector tan estratégico como el energético (los EE.UU. también suministraban a España uranio enriquecido, el combustible para las centrales).

El sector energético español sigue siendo la consecuencia de estos antecedentes y de una oligarquía eléctrica que hoy, gracias a la connivencia con el Gobierno Rajoy, ha logrado frenar el desarrollo de las energías limpias e inagotables (especialmente centrales solares y parques eólicos) temerosa de perder sus privilegios y el negocio derivado de la electricidad nuclear (Endesa e Iberdrola lideran el sector) y del gas natural (monopolizado por Gas Natural-Fenosa).

Una de las vías de acceso de dinero negro a las arcas del partido de Suarez procedía del sector eléctrico. La UCD había apoyado firmemente la construcción de la central nuclear de Lemoniz en el Pais Vasco; cuando los inversores llevaban gastados casi dos billones de pesetas, la instalación no se puedo inaugurar a causa de la intervención de ETA, una campaña que culminó con el asesinato de dos de los ingenieros y con amenazas de muerte a toda la plantilla.

El cierre de la central nuclear supuso un duro golpe para las empresas del sector eléctrico y, probablemente, hubiese significado la quiebra de muchas empresas si el Gobierno no hubiese cargado los costes de construcción de la planta a los recibos de luz de millones de españoles. Una vez más, tal y como ya estamos acostumbrados, se socializaban las perdidas empresariales. Las negociaciones entre altos cargos del Gobierno y los directivos de Lemoniz, que determinaron el pago de las inversiones no rentabilizadas con cargo a los recibos de la luz de los ciudadanos, incluían una importante cantidad de dinero que iría a parar a las arcas de la UCD. Quid pro quo. A partir de entonces esta práctica, digamos mafiosa, se institucionalizó.

Todos los años, cada vez que los responsables del sector eléctrico acudían al Ministerio de Industria a negociar la subida del "canon energético", había siempre una negociación técnica en la que se ajustaba a la baja el precio del kilowatio. Concluida esa negociación, intervenían los políticos redondeando las cifras con un par de céntimos por kilowatio/hora. La operación significaba cada año un beneficio económico de cientos de millones de pesetas que iban a parar directamente a las arcas de la UCD. Un dinero que los españoles pagábamos en nuestro recibo de la luz ignorando su ilegitimo origen y su vergonzoso destino.

Desde entonces, hace ya más de 36 años, viene siendo habitual que seamos los ciudadanos los que compensemos al sector eléctrico de aquellas "perdidas" derivadas de planes políticos y empresariales. El mal denominado déficit de tarifa atribuido especialmente a las energía solar fotovoltaica, eólica,....a todas las renovables, pasa a formar parte desde el año 2000 de nuestros gastos de primera necesidad sin recibir nada a cambio, con el único fin de resarcir al sector de supuestos inconvenientes derivados de políticas energéticas cambiantes. El popular Josep Piqué, ministro de Industria con Aznar en esa época, justificó la medida por la mala situación económica del país señalando que tenía carácter temporal. Sin embargo, los sucesivos gobiernos han mantenido esta decisión, independientemente de la situación económica, por lo que el déficit de tarifa ha ido aumentado año tras año, llegando en 2014 a más 30.000 millones de euros. Sin embargo lo cierto es que los beneficios de las eléctricas crecen exponencialmente y van a parar a manos privadas. Lo que no sabemos es el montante que de esos beneficios se destina a los políticos que los hacen posibles, lo que si sabemos es que las empresas energéticas tienen sus consejos de administración plagados de políticos pertenecientes a todos los partidos que han gobernado en España, incluidos dos expresidentes del Gobierno. Uno de ellos, Aznar, el creador del sinuoso y opaco déficit tarifario fue fichado en 2011 como consejero por Endesa, empresa cuya privatización fue iniciada por Felipe Gonzalez en 1988 y totalmente en manos privadas durante el gobierno de Aznar en 1998.

Las restantes tres formulas de financiación de la UCD incluían a la banca, a los excedentes agrícolas y al petróleo, en otra ocasión daré los detalles, pero anticipo que aquello que llegaba a las arcas de la UCD salía de nuestros bolsillos sin que fuéramos conscientes de ello. Unas prácticas mafiosas que, como tantas otras, permanecen en nuestros días gracias al bipartidismo y que solo podrán ser desterradas si alguien con las manos limpias y decisión accede al Gobierno.


Benito Sacaluga.




Fuentes consultadas: 

"El dinero del poder". 
"La Lamentable. España bastión del lobby nuclear"