31 de marzo de 2014

SOMOS POBRES





La pobreza es una situación o forma de vida que surge como consecuencia de la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas, provocando un deterioro del nivel y calidad de vida de las personas que ocasiona carencias importantes en la atención de sus necesidades básicas tales como la alimentación, la vivienda, la educación o la asistencia sanitaria.

Según lo anterior y refiriéndonos a España, el índice de pobreza supera con creces los datos ofrecidos por Cáritas, unos datos derivados de una serie de encuestas en las que las respuestas estaban condicionadas en gran parte por el concepto que de pobreza tenían los encuestados y los que confeccionaron las preguntas de la encuesta. Montoro ha dicho que estos datos no son correctos y tiene razón, la realidad es que en España el porcentaje de pobres supera al de los que están próximos a serlo que somos todos. Las cifras de Cáritas se quedan cortas, muy cortas. Con esto de la pobreza pasa lo mismo que con la tercera edad y con la juventud, que nadie sabe exactamente cuando empieza la primera ni cuando acaba la segunda.

Una cosa es ser pobre y otra ser indigente. Indigente es aquel que ya no tiene ni para comer, ni para vestido y por supuesto tiene que pasar su vida en la calle salvo esas horas al día que pasan hacinados en un albergue durmiendo encima de una colchoneta. Bueno sería que el Gobierno segmentara las encuestas de pobreza y nos diera datos de los por él considerados pobres y de los perfectamente contabilizables indigentes, trabajo que podría hacer fácilmente y además salvar su responsabilidad a costa de los que saltan la valla de Melilla.

El incontinente Montoro nos dice que todo es relativo, puestos así él también es pobre si comparamos sus ingresos con los de Amancio Ortega, es más ante esta relatividad todos somos pobres, hasta nuestro monarca, que ya es decir. Solo le ha faltado decir a nuestro ministro que los pobres lo son porque quieren y que además son unos antipatriotas porque no pagan impuestos, de haberlo dicho a nadie le hubiera extrañado demasiado. Haciendo una pequeña trampa, según Montoro España está llena de ricos, es decir de no pobres, los ricos son mayoría. Sería conveniente que los señores de la RAE se afanasen en buscar una palabreja para definir a aquellos no pobres que tampoco son ricos, yo les propongo incluir "burgopobres" en el diccionario. El Partido Popular, que confunde el estado del bienestar con el bienestar del Estado, dentro de poco aprobará un decreto redifiniendo a las clases sociales españolas: Clases Altas, clases medías, clases bajas, clases pobres y clases no contribuyentes ( lo de indigentes se maquillará con la inestimable ayuda de su cinismo).

Si Montoro supiese que en una familia de cuatro miembros se gastan al día dos euros en pan, dos euros en el recibo de la luz y una media de cuatrocientos euros en la hipoteca o en el alquiler llegaría fácilmente a la conclusión de que con un salario mínimo de seiscientos y pico euros no se es pobre, se es indigente. No digamos ya si son los abuelos, pensionistas o no, los que proporcionan mesa y cama. Lo "bueno" de todo esto es que dentro de poco serán exclusivamente los ricos los que paguen los impuestos, cosa que consideraran completamente injusta y solicitaran  a Montoro que situé en  el nivel de pobreza libre de impuestos a todos aquellos que ganen menos de 100.000 euros al año, Montoró, en ese momento, contratará a un grupo de expertos, el cual después de seis meses de sesudas deliberaciones y estudios aceptaran las propuestas de los ricos y para compensar la disminución de los ingresos por impuestos aconsejaran la construcción de un túnel de peaje que una Las Palmas de Gran Canaria con Ayamonte o un canal al estilo Panamá que permita a los barcos mercantes y cruceros turísticos atravesar la península desde Lisboa a Barcelona y así aprovechar, de paso, los aeropuertos que en buen número se encuentran en la ruta y actualmente cerrados.

Somo pobres, ya lo creo, diga lo que diga Montoro, y lo malo es que hemos llegado a este lamentable estado para quedarnos a no ser que digamos basta.

Benito Sacaluga.









30 de marzo de 2014

EL BIPARTIDISMO ESPAÑOL





Desde las primeras elecciones generales posteriores al franquismo únicamente tres partidos politicos han llegado a ostentar el poder. El primero en hacerlo fue  la UCD ( coalición de 16 partidos),  gobernó durante casi cinco años para ser relevado por el PSOE en 1982 y desaparecer, pasando el grueso de sus filas a la coalición Alianza Popular. Desde la extinción de la UCD han transcurrido treinta y dos años, un largo periodo en el que PSOE y el Partido Popular, la nueva denominación de Alianza Popular, la facción más dura del franquismo, han sido los únicos partidos políticos que han gobernado, alternándose en el poder de forma sistemática.

Las ambiciones y luchas internas, la escalada del terrorismo en España (77 muertos en 1979 y 95 en 1980), la crisis económica, una inflación del 14,40 % y una tasa de paro del 18,82 % , graves casos de corrupción (Caso Fidecaya entre otros), el descontento en los círculos militares de extrema derecha que iniciaron contactos para la preparación de un golpe, la aprobación de los Estatutos de Autonomía del País Vasco y Cataluña a fines de 1979 y las consiguientes elecciones autonómicas que dieron mayoría a las fuerzas nacionalistas, la salida de Adolfo Suarez en 1981, sustituido por Calvo Sotelo que solo llegó a gobernar un año y medio, un período marcado por la descomposición de la UCD, la aprobación de la Ley del Divorcio, con una dura oposición de la Iglesia y el escándalo del envenenamiento masivo por aceite de colza desnaturalizado, acabaron con los poco más de cuatro años de la UCD al frente del Gobierno y con ella misma.

La UCD fue relevada por el PSOE en las elecciones de 1982 donde obtuvo mayoría absoluta. Las primeras medidas tomadas se centraron en buscar soluciones a la grave crisis económica que atravesaba el pais y a tal efecto se llevó a cabo un ambicioso plan de estabilización económica que incluía como medida principal una impopular reconversión industrial que, entre otras medidas, llevó al cierre de numerosas empresas. El plan motivó fuertes enfrentamientos con las organizaciones sindicales, pero finalmente se controló la economía y se sentaron las bases para la recuperación económica. Al igual que la UCD, el PSOE tuvo que hacer frente a una nueva escalada terrorista que dejó más de 100 muertos durante su primera legislatura y a la reforma del Ejercito con el objeto de reducir a la mínima expresión la posibilidad de un movimiento golpista. Estableció la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza hasta los dieciséis años, logró que se aprobara una despenalización parcial del aborto y consiguió que España fuera finalmente admitida en la Comunidad Económica Europea, entre otros motivos a cambio de la permanencia de España en la OTAN. Una ambiciosa política de inversiones públicas en infraestructuras, aprovechando las ingentes transferencias de fondos procedentes de la CEE, tuvo como resultado un excelente crecimiento económico que no se detendría hasta 1992. Los servicios educativos, sanitarios y de pensiones crecieron de forma notable, siendo sufragados por un sistema fiscal relativamente progresivo. Por primera vez se podía hablar de un Estado del Bienestar en España. Durante su tercera legislatura España celebró en 1992 dos acontecimientos internacionales, los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla que mostraron una imagen de país moderno muy diferente a la España de la dictadura de Franco. El estallido de una crisis económica internacional y la salida a la luz pública de innumerables escándalos económicos  y de corrupción, acompañados del escándalo de los GAL, hundieron un gobierno que sin mayoría absoluta desde 1993 quedó para gobernar en manos de los partidos nacionalistas, la negativa de Jordi Pujol a votar favorablemente los presupuestos generales, obligaron al PSOE a convocar elecciones generales anticipadas en 1996.

Después de transcurridos veinte años de su formación (AP), el Partido Popular es un simple cambio de denominación de Alianza Popular:
Un informe oficial del Registro de Partidos Políticos, fecha 11/X/2.011, nos dice que: Una vez consultados los antecedentes que constan en el Registro (...) el primer asiento realizado fue efectuado con fecha 29 de abril de 1977, y es el acta notarial nº 1863 de 21 de abril de 1977, de constitución y estatutos de la formación denominada Partido Unido de Alianza Popular (PUAP). Fue inscrito el día 4 de Mayo de 1977. El citado partido cambió su denominación por acuerdo adoptado en el IX Congreso Nacional celebrado el 20 de enero de 1.989, por la de PARTIDO POPULAR (PP)
Por lo que, como hemos visto, la hoja registral de Alianza Popular y del Partido Popular es única: no hay cancelación y nueva inscripción, lo que hay es un asiento dónde simplemente consta el cambio de nombre.

En 1996 el PP no consiguió la mayoría absoluta, en contra de sus planes se vio obligado a "asociarse" a las minorías nacionalistas desde el principio, incluso para lograr que Aznar fuese investido presidente del Gobierno. El objetivo principal era entrar en el euro y por tanto la política económica pasó a protagonizar la gestión para conseguir superar las exigencias del Tratado de Maastricht de 1991. La actividad económica se reactivó, el saneamiento de la economía llevaría a que España participara en el nacimiento del Euro tres años más tarde, la cifra de paro se situaba en diciembre de 1999 en un 10%, del cual el 24,50 % estaba representado por españoles menores de 25 años. En 1997 se aprobó su Ley del Suelo, germen de la posterior burbuja inmobiliaria. Un año más tarde (1998) y como resultado de los pactos con el PSOE, se pusieron en marcha duras medidas en la lucha antiterrorista contra ETA y su entorno. La reacción de los abertzales no se hizo esperar dando lugar al Pacto de Lizarra-Estella de 1998, un acuerdo de todas las fuerzas nacionalistas, desde el PNV a ETA, para avanzar hacia la independencia. ETA declaró una tregua indefinida y sin condiciones, tregua que acabaría un año después. En las elecciones del año 2000 el PP obtendría mayoría absoluta. Ya con mayoría el PP inició su alejamiento de CiU. Sin duda lo más recordado de esta VII Legislatura sería la participación española en la guerra de Irak y los atentados del 11M, cuyas consecuencias junto con las mentiras oficiales sobre la autoria de los atentados, fueron la principal causa de su derrota electoral en 2004.

Otra vez el PSOE gana las elecciones, esta vez unas elecciones que hasta el 11M daban por perdidas y su candidato a la presidencia, un elegido para metabolizar la previsible derrota, es investido presidente del Gobierno. El PSOE obtiene 164 escaños en 2004, en 2008 los incrementa en cinco (169 escaños), volviendo a los números obtenidos en 1993, año del comienzo del declive de Felipe Gonzalez. El PSOE comienza la legislatura con la prima de riesgo en valores negativos. Ya en 2009 los españoles comenzamos a acostumbrarnos a que los valores de la prima de riesgo sean de tratamiento cotidiano en informativos y debates parlamentarios. Cuando el PSOE pierde las elecciones de 2011 la prima está situada en los 357 puntos. Una tasa de paro que en 2008 estaba en el 11,30 % llega al 21,50 % cuando el PSOE deja la presidencia del Gobierno en diciembre de 2011. La crisis económica y financiera y la burbuja inmobiliaria son elementos que el PSOE no sabe gestionar y opta por emprender una huida hacia adelante más basada en perspectivas electorales que en soluciones al problema, finalmente se convocan elecciones anticipadas.

En 2011 el Partido Popular vuelve a ganar las elecciones. Solo podía hacerlo si transmitía al electorado la esperanza cierta de que con sus políticas se relanzaría la economía y se crearía empleo. Basó su campaña en un programa electoral que sabía que no podía cumplir y en referencias a su "éxito" de hacia ya diez de años sin tener en cuenta la extraordinaria coyuntura internacional, sobre todo europea, que lo permitió. Siete meses más tarde el Partido Popular consiguió que la prima de riesgo española alcanzase su récord histórico (612 puntos en julio de 2012). No fue este el único récord batido, el paro alcanzo máximos históricos desde 1975, un 26,03 % en diciembre de 2013. Una legislatura que se viene caracterizando por los recortes sociales, en materia de empleo, derechos civiles y un aumento de la deuda pública hasta rozar el 100% del PIB, todo ello acompañado de un extraordinario aumento de los casos de corrupción a nivel general y de forma especial en el seno de su partido. En resumen incumplimiento del programa por el que fue votado, una prima de riesgo que viene moviéndose en valores próximos a los 200 puntos, solo gracias a la reforma de la Constitución efectuada en 2011, un índice de desempleo en valores extremadamente negativos, índices de pobreza a la cabeza de los países más desarrollados de la UE, depreciación de los salarios, precariedad de los contratos de trabajo, pérdida o deterioro grave de derechos básicos,deuda publica equiparada al PIB, mayor presión fiscal para los asalariados, incremento de los tipos y bases del IRPF, incremento del IVA en 3 puntos en el tramo general y en 7 puntos en el reducido, administración de justicia cuestionada por los ciudadanos a niveles nunca conocidos desde 1978, descrédito de la clase política y de las instituciones, escándalos de corrupción entre los miembros de la Casa Real, jueces apartados de sus carreras por perseguir la corrupción y un largo etcétera de problemas para el pais acompañado de un espectacular aumento de las cuentas de resultados del sector financiero y grandes empresas.

PSOE y PP, PP y PSOE son sin duda los máximos responsables de la situación actual en que nos encontramos, tanto por acción como por omisión, como consecuencia de la mecánica de alternancia establecida para acceder al poder, existente entre los dos partidos desde 1982, hace ya treinta y dos años, y en la que ambos partidos se refugian.

Una alternancia, un bipartidismo instaurado que se mantiene gracias principalmente a la colaboración prestada por los siguientes actores y conductas, tal y como acertadamente se expone en el blog "El carburante de la Historia" y que a continuación transcribo en parte:

Los medios de comunicación españoles, herederos en buena parte del franquismo, son un pilar fundamental para la reproducción de este sistema bipartidista, nos presentan todos los días a través de la televisión o los periódicos como sólo existen dos partidos con posibilidades de gobernar, ellos se encargan de seleccionar el espacio que tiene cada uno, PP y PSOE ocupan el 90% del espacio político, y el resto de partidos si hay suerte, ocuparán el otro 10%. Los debates electorales son siempre entre los dos partidos, y sabemos, sin duda alguna, que las coorporaciones mediáticas tienen estrechísimas relaciones con los partidos del sistema. Además, estos medios se encargan de recalcarnos las diferencias entre los partidos, olvidándose de las múltiples similitudes, sobre todo en el tema más importante y que nos afecta a todos, las decisiones económicas, muy similares, y sin duda, dentro de una misma estrategia goblal, la estrategia neoliberal.
Sin duda alguna los medios de comunicación deciden el voto de buena parte de la población, no ya por acción, si no por omisión, prácticamente sólo existen dos partidos, el resto se salen de la pantalla, sobre todo si van en contra de ese sistema, ¿A quien vas a votar? Al malo o al menos malo. Alfonso Guerra inmortalizó la importancia de los medios para el nuevo sistema político con su frase: "Prefiero un minuto de televisión que 100.000 militantes".
.....realmente de los 35 millones de votantes inscritos solo 18 millones votaron al PP o al PSOE en las últimas elecciones, sin embargo, entre los dos ocupan 296 de los 350 escaños ¿Cómo es posible esto?
 1º Gracias a la alta abstención, a la cual no se le da ninguna importancia por parte de medios y políticos, ni siquiera el 70% de la población votó. Es normal que la abstención crezca debido al cansancio de la población en el sistema político, en la alternancia PP y PSOE "Para que voy a votar a otro si no sirve para nada..." 
2º Gracias a la ley electoral, otro de los grandes pilares del sistema, un ley perversa elaborada por la UCD para ganar las primeras elecciones con mayoría absoluta, dando mayor peso a los territorios rurales -más conservadores- y quitándole a los urbanos -con un voto más progresista y con fuerte tendencia comunista-. Todo esto gracias a la "ley del dos" que otorga dos diputados a cada provincia a los que se les tiene que sumar en proporción a la población, lo que genera que en provincias con poca población un diputado "cueste" unos 30.000 votos y las provincias urbanas con gran concentración de población llegue a "costar" más de 100.000 votos. Favoreciendo de forma irremediable a los partidos mayoritarios, casualmente los que aparecen de forma continua en los medios de comunicación.
Sólo hace falta un elemento unificador, casi "mítico" que sirva como representante del sistema, que sea intocable e inviolable y que además este recubierto por un aura de heroicidad y ejemplo, en este caso el monarca Juan Carlos de Borbón, mitificado tras el 23-F, y a partir de entonces el ente sobrehumano que merece la devoción de todos los españoles, que ya no es que sean monárquicos no, son "Juancarlistas". Poco a poco, este aura se va rompiendo, y es que un elemento tal no puede mantenerse siempre en ese limbo, y con sus últimas actuaciones está perdiendo ese respeto que se le hizo ganar artificalmente como héroe de la transición y salvador de la nación tras el golpe de estado fallido de Tejero.
Así podríamos resumir a grosso modo nuestro sistema político actual, un sistema que ha dado sus frutos durante por lo menos 34 años (1978-2012), pero que últimamente está desgastándose producto del devenir de la historia y de las contradicciones irresolubles que guarda el sistema capitalista. Este sistema es heredero directo del franquismo, pero es sin duda, una continuación de la "restauración borbónica" del siglo XIX (cumple patrones parecidos que analizaré en otra entrada posterior), la primera restauración cayó al no saber asimilar la sociedad de masas y el progreso y acabó en una dictadura -la de Primo de Rivera-, esta daría paso al primer intento modernizador del estado moderno que se da en España en el siglo XX, la II República, que haría florecer las contradicciones del sistema y eclosionar el movimiento obrero español, finalmente los poderes tradicionales -ejército, terratentientes, burguesía industrial e iglesia- lo echarían por tierra a golpe de sangre y fuego en un golpe de estado fracasado que desembocaría en una cruel guerra civil, posteriormente 40 años de lobotomización y "limpieza" darían lugar a esta segunda restauración borbónica ¿Qué nos deparará el futuro? Eso ya nadie lo sabe, pero un poco de historia comparada nos puede ayudar...
Lo malo es que los españoles en general no están dispuestos a escuchar a la historia, la manipulación de la misma que el franquismo llevó a cabo no ha podido aún ser contrarrestada, ni PSOE ni PP lo han potenciado, unos por miedo a ser identificados con posiciones de izquierda poco votadas y otros por la necesidad de ocultar su pasado. Como mucho aquellos que no tienen definida una opción política vienen manifestándose con la frase " Todos son iguales". Una frase en la que realmente el todo solo está referido a dos partes del panorama político español, al PSOE y al PP, un "todos" que mete en el mismo saco al resto de partidos a pesar de que no hayan ejercido funciones de gobierno y por tanto no puedan ser valoradas en la práctica sus propuestas políticas, sociales y economicas.

Desde el PSOE y el PP se escuchan voces que interesadamente alertan de la ingobernabilidad de España en el caso de que ni uno ni otro partido sean capaces de formar gobierno. Esto, desde un punto de vista democrático es inaceptable. Como inaceptables son determinados pactos entre los dos principales partidos para que sus posibles competidores sean expulsados de la escena política en ayuntamientos y alguna que otra comunidad autónoma, manchando así la democracia al convertir el voto en moneda de cambio para acceder a un poder que las elecciones les han negado, impidiendo que los partidos lleguen al poder por méritos propios en lugar de, como hasta hoy, por los errores del que gobierna y por pactos infumables.

Tal y como también se dice desde "El Carburante de la Historia" 
...este sistema no puede ser eterno, ninguno lo es, los procesos históricos acaban tumbando los sistemas que esconden profundas contradicciones
Unas contradicciones que llevadas al terreno de los dos principales partidos españoles no salpican al PP, sus objetivos aunque ocultos y edulcorados son y han sido siempre los mismos, pero que por el contrario dan de lleno en la línea de flotación del PSOE al haberse transmutado en un partido de centro derecha defensor de políticas neoliberales desde todo punto de vista incompatibles con los postulados de una izquierda consecuente.

Muchos ciudadanos se preguntan desde 2012 ¿Donde está el PSOE? , según lo anterior la respuesta es sencilla: Esperando que le toque el turno para gobernar sin importarle realmente el precio que los españoles deban pagar para que lo consiga por desgaste del PP. Su labor opositora al Gobierno está mutilada como consecuencia de muchas de las actuaciones que llevó a cabo en los periodos en los que gobernó y que vienen siendo un hándicap importante para sus intervenciones, pongamos algunos ejemplos:

(1)...fue precisamente el Partido Socialista el que implantó el trabajo precario a fines de los ochenta; los tribunales condenaron a un Ministro del Interior del PSOE, así como a diversos altos cargos, por secuestro y malversación en relación a una banda armada que asesinó a cerca de 30 personas; hubo, y siguen dándose, mil y un escándalos de corrupción; se creó una fuerte y jerárquica burocracia partidista, donde todos se daban codazos de puertas adentro y se colocaban de puertas afuera. El PSOE incumplió pronto su palabra para meternos en la OTAN. Aceptó entusiasmado los tratados europeos que construían una Europa con fortaleza y neoliberal. Se plegó a los banqueros desde tiempos de Miguel Boyer, Carlos Solchaga y la beautiful people, ¿recuerdan? Las privatizaciones las comenzó Felipe González, hoy en Gas Natural. El PSOE fue más duro incluso que el PP al abordar la inmigración, con redadas policiales xenófobas y el fortalecimiento ‘rubalcabiano’ de un régimen que atemorizaba a los sin papeles con las deportaciones y los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE).
Mientras, se mantenían los privilegios de la Iglesia Católica y, de manera vergonzante, no ha dejado de apoyarse a la Monarquía. Nunca se actuó para quebrar la estructura y la cultura institucional heredada del franquismo que se insertaba en la policía, y a día de hoy seguimos sufriendo las consecuencias. Zapatero falló a todo un país cuando dejó su tímido programa a un lado en mayo de 2010 para iniciar, con fuerza, el trágico camino de los recortes sociales. Como es sabido, este tránsito finalizó en una reforma de la Constitución hecha a espaldas de la ciudadanía. Se opusieron a la Guerra de Irak —aunque  enseguida nos metieran en Afganistán—, y crearon un Ministerio de Igualdad en una digna política contra la violencia machista. Aunque nunca han hecho ascos a utilizar la represión policial en diversas variantes, saben de su base social y seguramente nunca pondrían a personajes como Francisco Javier Ansuátegui o Cristina Cifuentes como Delegados del Gobierno en Madrid.
Jamás se han atrevido a alterar una estructura fiscal injusta y regresiva. Su política medioambiental, cuando afrontamos una crisis climática monumental, ha sido más de lo mismo: desde medidas para la galería hasta políticas abiertamente antiecológicas. Sobre sus reformas universitarias no hay más que estudiar la puesta en marcha que hicieron de la llamada Estrategia Universidad 2015, que en breve rematará el PP siguiendo la misma línea. Rinden pleitesía a los bancos, como confesó Miguel Sebastián que le ordenaba Pepe Blanco, y son ya demasiados los que abiertamente tratan de colocarse en multinacionales privatizadas cuando se jubilan de la política. Suelen hablar de democracia en público y tirar de despotismo en los pasillos sin despeinarse; lástima produce cuando observas a algún/a joven aprendiz tomando nota.
La postura del PSOE durante los últimos años en el tema fundamental de los desahucios, a pesar de las contorsiones de última hora, es lo que ha causado las últimas deserciones de antiguos simpatizantes. ¿Se puede votar hasta 4 veces en el Congreso a favor de los bancos en este tema? ¿Cómo han sido capaces de sobrevolar indiferentes el profundo dolor de las clases populares de este país, cuando podían haberlo detenido? ¿Quién les va a creer ahora? Más de 500 desahucios al día, que se dice pronto. Familias arruinadas de por vida, suicidios evitables, 400.000 ejecuciones hipotecarias desde 2007, contrastan con los rescates bancarios y con la ya indeleble imagen de Alfredo Sáenz indultado por los socialistas. Sumado al asunto de los desahucios, de la corrupción y al aire fresco que demanda ya tanta gente, la imagen negativa que desprende la actual dirección es otro gran hándicap para el PSOE, quizá el definitivo. Se trata de una dirección gris y sumisa, aún ahíta de poder, que mira mal cualquier intento de cambio interno empeñada en ganar tiempo no sé sabe para qué. Lo peor no es que ya no les creamos, es que han dejado de creerse a sí mismos hace mucho tiempo. Son además tantos y tan profundos los cambios que debiera afrontar una nueva dirección, que lo razonable para los regeneradores sería empezar desde otras coordenadas.
El peso del aparato, de la jerarquía, de la cultura política asumida en su seno, de nuestra propia memoria, es tal, que resulta imposible valerse de ese partido para ningún objetivo de la izquierda. No quisiera resultar injusto con algunas personas de la dirección del PSOE que quizá lleven años luchando contra este estado de cosas. Sólo puedo decirles que, en mi opinión, no es el sitio más adecuado para hacerlo. Es más, el tiempo ha demostrado que nunca lo fue. Los imagino cansados de no conseguir nada.
Las inminentes elecciones europeas pueden representar el batacazo electoral que PP y PSOE se han ganado a pulso. Si el fracaso de ambos partidos llega a producirse se conseguirá una moderación a la fuerza de las políticas sociales del PP y una crisis en el seno del PSOE , mejor dicho un agravamiento de la que ya tienen, y les obligará si o si a replantearse sus políticas y desde luego a desprenderse de su vieja guardia y dar paso a los que tanto tiempo llevan esperando, luego vendrá una larga travesía por el desierto cuya duración dependerá de lo que hagan y no de lo que digan. Sería deseable y muy conveniente que en las próxima elecciones europeas se depositaran votos decididos lo más alejado posible de los denominados "votos útiles" y que antes de decidir a quien dar nuestra confianza escuchemos al menos a todos los candidatos y leamos sus programas, lectura que podemos reducir tirando a la papelera más próxima el programa de PP por falta total de credibilidad y el del PSOE por falta total de coherencia.

(1) Victor Alonso Rocaort en eldiario.es (12.01.2013)
Otras fuentes consultadas: HistoriasigloXX.org



28 de marzo de 2014

ESPAÑA HA DEJADO DE SER CATÓLICA (1931)






La frase que da titulo a este artículo la pronunció por primera vez Manuel Azaña. Así interpretó de forma resumida la aprobación del texto que se convirtió en el artículo 26 de la Constitución Española de 1931:
Artículo 26. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial. 
El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas. 
Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del Clero. 
Quedan disueltas aquellas Ordenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado.  Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes. 
Las demás Ordenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes Constituyentes y ajustada a las siguientes bases: 
   1. Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del Estado.
   2. Inscripción de las que deban subsistir, en un Registro especial dependiente del Ministerio de justicia.
   3. Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más bienes que los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos.
   4. Prohibición de ejercer la industrial el comercio o la enseñanza.
   5. Sumisión a todas las leyes tributarias del país.
   6. Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación con los fines de la Asociación.
 
   Los bienes de las Ordenes religiosas podrán ser nacionalizados.
Paralelamente quedaban afectadas cuestiones tan importantes como la libertad de conciencia, la libertad de cultos, la regulación del matrimonio, del divorcio y la educación. Instaurada la dictadura la Iglesia Católica recobró todos sus privilegios, unos privilegios que se mantienen hoy en día. Nuestra actual Constitución (1978) lo permite en su Artículo 16.

La frase de Azaña fue interesadamente utilizada por la IC, los monárquicos y la derecha católica española, calificándola como la expresión que daría paso a una pretendida persecución religiosa, olvidando deliberadamente que Azaña se refería a la extinción de la confesionalidad católica del estado español dejando plena libertad a los ciudadanos para la práctica de la religión católica, opción y derecho que además quedaban garantizados en la recién aprobada Constitución a través de su Artículo 27:
Artículo 27. La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, condicionadas exclusivamente al respeto debido a las exigencias de la moral pública.
Desde antes que la Constitución de 1931 fuese aprobada, ya durante los debates parlamentarios, la Iglesia Católica (IC), puso en marcha todos sus mecanismos de poder para que el Estado español siguiera siendo confesionalmente católico y que además cualquier otra práctica religiosa fuese prohibida por ley. El laicismo de la República fue contestado por el integrismo radical del cardenal Pedro Segura, intimo del rey, quien a los pocos días de la proclamación de la República en una pastoral afirmaba: "Cuando los enemigos del reinado de Jesucristo avanzan resueltamente, ningún católico puede permanecer inactivo". Segura se exilio en Roma, cuatro meses más tarde vuelve a España siendo detenido y expulsado del país. Documentos intervenidos ponen de manifiesto que el cardenal había cursado instrucciones a todas las diócesis, en los que se facultaba a los obispos a vender bienes eclesiásticos y a que el dinero obtenido fuese invertido en títulos de deuda extranjera para eludir así en buena medida una posible expropiación por parte del Estado. A Segura le sustituye el cardenal Isidro Gomá y Tomás radicalizando aún más la oposición a la leyes republicanas y manifestando una continua repulsa contra cualquier intervención de la sociedad civil en el campo de la IC. Siempre al lado de Franco durante la Guerra, suya es la frase : ¿La guerra de España es una guerra civil? No; es una lucha de los sin Dios contra la verdadera España, contra la religión católica. Su defensa de la sublevación militar la hizo especialmente patente el uno de julio de 1937 en su "Carta colectiva de los obispos españoles a los obispos de todo el mundo con motivo de la guerra en España" y autorizó que el levantamiento militar se calificase oficialmente como "Cruzada".

Es tiempo ahora de citar los incidentes que en los primeros momentos de la nueva República se produjeron en España relacionados con las tan difundidas informaciones sobre quema de conventos e iglesias católicas. Es importante recordar que la postura republicana sobre la IC fue extremadamente moderada desde el inicio, tal y como lo refleja la declaración oficial efectuada por el Gobierno Provisional de la República al día siguiente de su proclamación:
El Gobierno provisional hace pública su decisión de respetar de manera plena la conciencia individual mediante la libertad de creencias y cultos, sin que el Estado, en momento alguno, pueda pedir al ciudadano revelación de sus convicciones religiosas
al mismo tiempo se promovía a un católico como Niceto Alcalá Zamora para la Presidencia del Gobierno y al también católico Miguel Maura para la importante cartera de Gobernación.

Fue en el mes de mayo coincidiendo con la inauguración en Madrid del Circulo Monárquico Independiente cuando se produce el detonante de la situación que desemboca en los incendios de los edificios de la IC. El fundador del Círculo y director de ABC, Juan Ignacio Luca de Tena, acababa de regresar de Londres donde mantuvo una entrevista con el destronado Alfonso XIII para valorar la fundación de un partido netamente monárquico que se presentase a las inminentes elecciones generales. Una inauguración a la que asistían monárquicos y altos representantes de la derecha española y en cuyo transcurso se tuvo la "feliz idea" de colocar un gramófono en el alfeizar de una de las ventanas que daban a la calle Alcalá, por la que en ese momento transitaba un  numeroso grupo de viandantes festejando la proclamación de la II República, y hacer sonar a máximo volumen la "Marcha Real". Las consecuencias se concretaron en un altercado de grandes proporciones en el que murieron dos personas a causa de los disparos de la Guardia Civil. Al día siguiente se incendió un edificio propiedad de los jesuitas seguido de varias decenas más y Gobernación declaró el estado de guerra en Madrid. A medida que las tropas fueron ocupando la capital, los incendios cesaron. Al día siguiente, martes 12 de mayo, mientras Madrid recuperaba la calma, la quema de conventos y de otros edificios religiosos se extendía a otras poblaciones del este y el sur peninsular, salvo en aquellas poblaciones donde los gobernadores civiles y los alcaldes actuaron con contundencia desde el primer momento. Diez, once, doce y trece de mayo fueron los días en los que se llevaron a cabo los incendios.  Actualmente y a pesar del tiempo transcurrido no está clara la autoria de los incendios, se especula con grupos de posiciones anarquistas radicales y de la extrema izquierda. Parte importante de la responsabilidad se hace recaer en el Gobierno por no tomar desde un primer momento las medidas adecuadas a la situación, no obstante y teniendo en cuenta la extrema gravedad de la decisión nada más conocer la extensión real del problema se procedió a declarar el estado de guerra en Madrid e intervenir sin miramientos, decisión que si bien se demoró una horas fue justificada razonablemente por el presidente Alcalá Zamora en evitación de que se produjese un autentico baño de sangre y así lo manifestó públicamente el día siguiente 11 de mayo a través de la radio. Desde el Vaticano el Papa Pio XI imputaba responsabilidades al Gobierno de España por no haber impedido que los sucesos se produjeran. Unos sucesos que histórica e injustamente se han atribuido a la República en términos generales en lugar de a unos grupos extremistas cuya intención era empujar al Gobierno a llevar a cabo una política también extremista en lugar de la moderada que practicaba. En definitiva una injusta, pero conveniente para la derecha y monárquicos, atribución de responsabilidades al colectivo republicano, que de forma insistente se ha venido alimentando hasta nuestros días y que me temo se seguirá llevando a cabo por parte de la derecha española.

Nunca aceptó la IC la legalidad española nacida en 1931. Los obispos españoles antes de la aprobación definitiva de la nueva Constitución manifestaron públicamente: "La Constitución que se elabora, sólo por lo ya votado, no es ni será nuestra, de los católicos. No estamos dentro de ella, llegando a considerar su propuesta laica como una declaración de guerra a los católicos, tampoco la derecha española toleró la total laicidad del estado español, en los debates previos a la aprobación del Art.26, el líder de Acción Nacional José María Gil Robles advertía:
(1)Nosotros entendemos que el proyecto constitucional, tal como viene redactado es un proyecto de persecución religiosa y, por consiguiente, nosotros en estas condiciones no podemos aceptarlo... Afirmamos que, dentro de la legalidad, sin violencias, sin apelaciones a la fuerza, sin guerras que nuestra doctrina nos prohíbe, declararemos hostilidad al proyecto de Constitución en la hipótesis que se aprobara una medida persecutoria, tanto en el texto constitucional como en potencia para el porvenir; que, desde el momento en que se aprobara un texto de esta naturaleza, por nuestra parte declararíamos abierto un nuevo periodo constituyente.
Una vez aprobado el artículo (en total 178 votos a favor y 59 en contra)  el presidente del Gobierno Provisional Niceto Alcalá-Zamora (católico-liberal) y el ministro de la Gobernación Miguel Maura presentaron su dimisión al estar en completo desacuerdo con su contenido y Azaña pasó a ocupar el cargo de presidente del Gobierno Provisional.

De forma inmediata la derecha católica, monarquicos y la IC iniciaron movilizaciones y pactos liderados por Gil Robles para que una vez aprobada la Constitución y celebradas elecciones conseguir una mayoría suficiente, al mismo tiempo que lanzaban consignas populistas como "comunismo o civilización cristiana" con la colaboración de la IC desde los púlpitos. Una vez alcanzada la mayoría parlamentaria el paso siguiente sería modificar la Constitución y devolver a la IC sus poderes y privilegios. La IC por su parte, desde el Vaticano negó su conformidad al nuevo embajador español Luis de Zulueta.  Transcurridos tres días desde la aprobación del Artículo, el papa Pío XI envió un telegrama a los obispos españoles en el que protestaba “enérgicamente” por “las múltiples ofensas inferidas a los derechos sagrados de la Iglesia, que son los derechos de Dios y de las almas”, protesta que fue secundada por todos sus destinatarios y produciéndose declaraciones afirmando que el laicismo privaba al hombre de la “verdad y la ley de Cristo”, sin tener en cuenta que la laicidad republicana para nada impedía a los españoles la práctica de la religión católica, ni de ninguna otra.

Una vez aprobada la nueva Constitución y formado gobierno era el momento de aplicar la ley. Se procedió a inventariar las propiedades de los jesuitas en España, trabajo que puso de manifiesto que la mayoría de las propiedades estaban puestas a nombre de testaferros o sociedades independientes. Al intentar el Gobierno expropiar dichos bienes se encontró con la oposición de la IC en los tribunales, representada jurídicamente por Gil-Robles, esgrimiendo documentación en la que se "demostraba" que la IC era simplemente un inquilino de los inmuebles que el Estado pretendía expropiar.

Si se suprimió el control de la IC sobre los cementerios, que pasaron a ser propiedad de los Ayuntamientos y se autorizó el enterramiento sin discriminación alguna de los "no catolicos". En febrero de 1932 se aprobó la Ley del Divorcio, figura hasta esa fecha exclusiva de la IC y se estableció la consideración del matrimonio como un contrato civil no sometido a la jurisdicción de la IC.

(2) La Jerarquía y el clero católico no trataron de adaptarse al nuevo modus vivendi –el Concordato suscrito entre España y la Santa Sede en 1851 era papel mojado desde la aprobación de la Constitución republicana– y se crearon o impulsaron nuevas acciones destinadas a contrarrestar las medidas que, a su entender, lesionaban sus derechos. Las disposiciones más importantes fueron: la creación  de una caja central en cada diócesis para pagar al clero; el seguimiento de la enseñanza de la religión católica en las parroquias para compensar el por ellos considerado déficit formativo que podía originarse en las escuelas públicas y el impulso notable de Acción Católica como modo de penetración social del pensamiento y de la fe cristianas a través de los bautizados laicos.

La aprobación de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas en junio de 1933, cuya principal consecuencia fue regular la prohibición de ejercer la enseñanza a los religiosos, supuso la ruptura definitiva del dialogo entre gobierno e IC. El Vaticano emitió una contundente protesta y Pio XI no dudó en promulgar una encíclica ese mismo mes de junio (Dilectissima nobis) condenando a la República Española e instando a la sociedad católica española a la lucha en defensa de la fe:
...Ante la amenaza de daños tan enormes, recomendamos de nuevo y vivamente a todos los católicos de España, que, dejando a un lado lamentos y recriminaciones, y subordinando al bien común de la patria y de la religión todo otro ideal, se unan todos disciplinados para la defensa de la fe y para alejar los peligros que amenazan a la misma sociedad civil.
De forma totalmente anárquica el Vaticano situaba la fe por encima de las leyes civiles. Las consecuencias de la encíclica fueron inmediatas. El clero mostró una actitud defensiva, de resistencia y clara oposición frente a la legislación republicana. Los sacerdotes se convirtieron en un elemento fundamental de desestabilización del régimen republicano, induciendo a los fieles a rechazar la política del gobierno y a participar en las movilizaciones en su contra por medio de sermones, hojas parroquiales, publicaciones y colaboraciones con los partidos católicos. Carlistas, integristas, monárquicos de Renovación Española y Acción Española. la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y Acción Católica darían paso a la creación de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) aglutinando a 19 partidos y con Gil-Robles al frente, agrupación que en el caso de ganar las primeras elecciones lo primero que tenía previsto hacer sería convocar nuevas elecciones a Cortes Constituyentes (ABC 06/06/1931). Dos años más tarde el triunfo de las candidaturas de centro y de derecha en las elecciones de noviembre de 1933 pusieron fin a las reformas de carácter laicista. La CEDA, partido de orientación cristiana de derechas, dejó en suspenso la ley de congregaciones y órdenes religiosas, de modo que éstas mantuvieron sus colegios y la enseñanza de la religión. En cambio, no se modificaron sustancialmente el conjunto de leyes aprobadas en el bienio anterior porque se deseaba antes establecer conversaciones con la Santa Sede con el fin de firmar un nuevo Concordato, sometiendo así las leyes españolas a las instrucciones recibidas desde el Vaticano.

A modo de necesario argumento fue tomando cuerpo en la sociedad española el debate laicismo-anticlericalismo destinado a tratar de calificar la laicidad republicana como una persecución religiosa en toda regla, idea esta que aún permanece arraigada en el seno de la sociedad española. La República no pretendía acabar con la IC como tantas veces se ha dicho desde puntos de vista conservadores y desde la propia IC, las iniciativas legislativas perseguían acabar con las injerencias clericales en los asuntos de estado y en la libre educación de los españoles, junto con la desaparición de las ayudas económicas y privilegios fiscales de la IC, en justa equiparación con el resto de creencias religiosas. La República consideraba que el poder político debía mantenerse neutral ante todas las creencias religiosas y por tanto conseguir una autentica separación iglesia catolica-estado imprescindible para hacer realidad el respeto efectivo al resto de comuniones religiosas y además llevar a cabo la modernización del país instrumentado medidas a semejanza de las ya establecidas en Gran Bretaña y Francia desde finales del siglo XIX. Desde una perspectiva histórica se ha admitido que "el republicanismo perseguía unos fines que difícilmente pueden ser criticados aunque a veces errara en los medios, mientras que los católicos ni siquiera tenían a su favor la irreprochabilidad de sus fines"(3)

Terminada la Guerra Civil, la IC no solo recuperó todos sus privilegios sino que los incrementó considerablemente hasta el punto de disfrutar de hegemonía en todos los aspectos de la vida pública y privada del pais. Se acuñó el término nacionalcatolicismo para dar nombre a la restauración religiosa, un nacionalcatolicismo que compartió con el nacionalsindicalismo el reparto de poderes durante el franquismo. Ya a finales de los 50 el Opus Dei comenzó a sentarse en los consejos de ministros, permaneciendo en ellos hasta la actualidad en los periodos en que la derecha ejercía el Gobierno sin excluir al actual. Con el lema franquista "Por el Imperio hacia Dios" se establecieron las bases para que, con la ayuda incondicional del Vaticano, Franco fuera obteniendo el reconocimiento internacional a su régimen dictatorial. No es hasta 1978 cuando el término nacionalcatolicismo queda aparcado, en estado latente pero no desaparecido. La Constitución de 1978  define a España como un estado aconfesional, no obstante e inexplicablemente pasa a punto seguido a establecer que constitucionalmente entre España y la IC deben existir "relaciones especiales". Unas relaciones especiales que a mi modo de ver vulneran el espíritu democrático de nuestra carta magna  al conceder a la IC privilegios frente a otras religiones, privilegios que a nivel general, para nada ni para nadie, deben ser contemplados en  una Constitución plenamente democrática.


Benito Sacaluga.


(1) Santos Juliá Diaz.
(2) José Luis González Gullón.Universidad de Navarra
(3) Manuel Aragón
Otras fuentes consultadas: Revista Pasado y Memoria nº2.Universidad de Alicante.

27 de marzo de 2014

EL BANCO DE ESPAÑA, DE VUELTA A LAS ANDADAS






El Banco de España jugó un papel determinante en relación con la creación y el desarrollo de la crisis financiera española, - aprovecho aquí para llamarla atención sobre su responsabilidad en las emisiones de participaciones preferentes-. No ejerció el control debido sobre las operaciones de crédito que bancos y cajas concedían de forma descontrolada, sin análisis adecuado del riesgo y soportadas por garantías sobre-valoradas, por tasaciones a medida. En pleno estallido de la crisis sus informes económicos sobre la situación de España eran redactados en gran medida bajo una óptica de ocultación de la realidad económica con el objetivo de trasmitir a la población cierta sensación de tranquilidad y al mismo tiempo sostener a un gobierno que caería si los análisis se ajustaban a la realidad y sus previsiones se hacían públicas. Esta actuación sin duda perjudicó a todos los españoles, a unos por subirse incautamente a un barco que se hundía, a otros por no poder subirse a tiempo a los botes salvavidas, cuando fueron informados del naufragio ya no quedaban más botes salvavidas y al resto por tener que pagar los gastos de un viaje que nunca realizaron. Una especie de hundimiento del Titanic, en el que la economía española era insumergible, jugaba en la champions- league, y en el que también fallaron las medidas de seguridad de cuya existencia y cumplimiento el Banco de España estaba y está obligado a exigir.

Unos análisis los del BdE que, sorprendentemente, en su informe de marzo de 2008 no hacen ninguna mención expresa a la situación ya explosiva de las "subprime", una explosión que se produjo tan solo seis meses más tarde con la quiebra de Lhemann Brothers y cuya onda expansiva alcanzó al mundo entero.Una quiebra en parte provocada por la nula calidad de las hipotecas bancarias, de las comúnmente conocidas como "hipotecas basura", titularizadas y retitularizadas masivamente en los mercados financieros europeos y norteamericanos. Unos informes pseudo-optimistas que beneficiaban al PSOE y que a partir de la llegada del Partido Popular al gobierno se transforman en extremadamente pesimistas al objeto de extender la idea de la nefasta herencia recibida por el PP. Una defensa descarada de las politicas dictadas por la UE y aplicadas por el ejecutivo de Rajoy, así en su informe sobre 2011 se refleja:
La desviación presupuestaria en 2011 revela importantes fallos en el diseño institucional que se encontraba disponible paras el seguimiento, alerta temprana y control de la ejecución presupuestaria...
olvidando incluirse como agente responsable en el seguimiento, alerta temprana y control de las entidades financieras y el mercado hipotecario.

En relación con el elevado índice de desempleo afirmaba: 
La reforma laboral aprobada en marzo de 2012 mejora aspectos clave del funcionamiento del mercado laboral y favorece la creación de empleo…
Tampoco se olvidaba de la educación:
Para potenciar las ganancias de productividad, sería imprescindible avanzar en la superación de los problemas que aquejan al proceso educativo en España...
Sobre salarios aconsejaba:
El ajuste de la competitividad ha de combinar ajustes nominales en costes, márgenes y precios con incrementos de la productividad…lo que requiere asegurar que las facilidades que la reciente reforma laboral ha abierto a la flexibilidad interna de las empresas y a la descentralización de la negociación colectiva estén plenamente operativas…
En definitiva un aplauso a las políticas antisociales del Partido Popular, educativa incluida,  pero que en el fondo no es más que una dilatada exposición de los datos relativos al año anterior.

En esta ocasión, ahora, en la antesala de unas elecciones, el BdE nos lanza unas sutiles previsiones que de ninguna manera deben ser consideradas serias a causa de que los datos utilizados para su justificación están referidos básicamente al comportamiento de la economía durante el primer trimestre de 2014 dadas a conocer a través de su Boletín Económico, sin que se haya publicado su informe anual correspondiente al año 2103 que es lo que ya debería haber hecho y que no hace por la sencilla razón de que el Gobierno aún no ha cerrado la contabilidad nacional de 2013. Hacer previsiones anuales sobre la base del comportamiento del primer trimestre del año y sin tener los datos definitivos de 2013, créanme, no vale para nada salvo como en este caso para ser un instrumento de propaganda electoral a favor del partido gobernante. El propio BdE lo reconoce en su Boletín cuando condiciona la veracidad los datos ofrecidos a expectativas de futuro, en definitiva simple especulación.

Un Boletín que se empeña en apoyar la política económica del Partido Popular, una política que si bien está ordenada por la UE, dicha orden lo es exclusivamente sobre resultados a obtener pero no sobre los medios a utilizar para su consecución y esto es muy importante. Pasando por alto por inútiles y nada fiables las previsiones sobre datos macroeconómicos, ese incansable juego con las décimas al que el gobierno nos tiene acostumbrados y centrándonos en los motivos que el BdE esgrime para optimizar popularmente la gestión del Gobierno podemos leer que:
...la creación de empleo en el sector servicios es el fruto de la "prolongación de la moderación salarial y a la mayor flexibilidad del mercado laboral
confundiendo aquí conceptos como creación neta de empleo (dato objetivo) y disminución de la lista de inscritos en las Oficinas de Empleo (dato subjetivo) y además cifrando el porcentaje de su particular "creación de empleo", en un vergonzoso 0,4 % y pronosticarnos que a finales de 2015 la cifra de parados españoles será "solo" de un 23,80 %. Tampoco muestra ningún recato en afirmar que la reducción del gasto público tiene como principales motivos:
...la congelación de los salarios públicos, la limitación de la oferta de empleo público, la restricción de la inversión pública, así como el descenso en el gasto en consumo final...
olvidándose de aludir de forma explicita a los innumerables recortes sociales que venimos soportando desde finales de 2011 y además añadiendo que dicha reducción se consigue a pesar de:
...la subida del 0,25% de las pensiones en línea con la aplicación del factor de revalorización.
el aumento previsto de los ingresos lo atribuye a:
...los efectos en 2014 y 2015 derivados de la ampliación de las bases del Impuesto de Sociedades, el aumento de las bases máximas de las cotizaciones sociales, las rebajas de las cotizaciones sociales a la contratación indefinida (la tarifa de 100 euros), así como las actuaciones incorporadas en la Ley de Emprendedores.
olvidando decirnos que el Gobierno ha aumentado el importe de las cuotas de autónomos titulares de participaciones empresariales (emprendedores) en casi un 50%, que la reforma fiscal que regule el impuesto de sociedades está lejos de ser aprobada y que un aumento de las bases de cotización es un claro impedimento para la creación de empleo y que la tarifa lineal de 100 euros perjudica al trabajador a la hora del cálculo de su futura pensión de jubilación.

Al final, y es lo malo de todo esto, el ciudadano se quedará con los titulares "Los indicadores coyunturales referidos al primer trimestre de 2014 apuntan, en general, a una prolongación de la trayectoria de paulatina mejora de la actividad", cuando la realidad es que para los trabajadores no existe tal trayectoria de mejora de la actividad, sino un constante empeoramiento, también para el Gobierno aunque se empeñe en negarlo, no así para el sector financiero y grandes empresas que como en todas las crisis hacen su particular agosto.

En otro orden de cosas ¿A que espera el Gobierno para publicar la Contabilidad Nacional de 2013? Ya tiene publicados los datos trimestrales, el correspondiente al 4º Trimestre de 2013, los sacó a la luz el 27 de febrero de 2104. ¿Cuanto tiempo tardará el Gobierno en aplicar su "ingeniería contable" al cierre del ejercicio 2013?, ¿Cuando se retiraran los símbolos franquistas de las oficinas del Banco de España?

Artículo recomendado: La Gran Corrupción.Los Inspectores del Banco de España



Benito Sacaluga


Fuente: Página web del Banco de España



26 de marzo de 2014

CARROMERO Y SU LIBRO




Angel Carromero ha escrito un libro y se lo han editado. Se lo ha publicado la editorial Oberon, perteneciente al grupo Anaya, un conglomerado de empresas editoriales cuyos orígenes se remontan a 1958, año en el que inició su actividad con dedicación casi exclusiva al libro infantil y de texto, todos ellos transmisores de las consignas y contenidos exigidos por la dictadura. Una editorial, Anaya, a la que muchas generaciones de españoles nos hemos visto obligados a comprar sus libros de texto por imposición de los diferentes Ministerios de Educación que se han sucedido en España.

Un libro que por supuesto no voy a comprar, tampoco pienso leerlo, y que por lo que se dice de el es más un alegato de inocencia y un ataque al gobierno de Cuba que un libro al uso, en el que entre otras cuestiones se crítica duramente la decisión de la justicia española de mantener la condena de los tribunales cubanos, exigencia cubana para que Carromero fuese extraditado a España, además de no ya solicitar sino exigir el indulto para librarse de una condena que cumple en libertad. Un indulto que (3) la Audiencia Nacional ha negado y dado carpetazo al principal sostén de éste, la teoría según la cual las muertes de los disidentes cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero en julio de 2012 no fueron parte de un “asesinato de estado” perpetrado por el Gobierno cubano. 

Si hay un hecho cierto es que dos personas murieron como consecuencia de un accidente de tráfico, un choque frontal contra un árbol, sufrido por el vehículo que conducía Carromero a pesar de tener retirado el carné de conducir, por una carretera sin asfaltar con la velocidad limitada a 60 Kms./hora. La justicia cubana basada, entre otras cosas, en la declaración de testigos presenciales del accidente que aseguran que Carromero circulaba con exceso de velocidad y que perdió el control de coche como consecuencia del estado de la carretera, le condenó a cuatro años de prisión, sentencia contra la que Carromero nunca recurrió, fiando su libertad e impunidad a la "cosa diplomática". Finalmente, tras una serie de conversaciones entre los gobiernos de Cuba y España, cuyas contrapartidas desconocemos, Carromero fue repatriado en diciembre de 2012 con la exigencia cubana de que cumpliese aquí su condena en base al contenido del convenio suscrito entre España y Cuba en 1998. Llegado a España y tras pasar unas semanas en la prisión de Segovia, y sobre la base de desconocidos argumentos, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias le concede el Tercer Grado Penitenciario que le permite total libertad a cambio de soportar un control telemático hasta que se decida su puesta en libertad sin condicionantes.

Una vez en España y ya con el  respaldo del Partido Popular "concedió" una entrevista al diario The Washington Post, en la que cambia totalmente su versión sobre el accidente, asegurando que "fue embestido deliberadamente por un vehículo del gobierno cubano", posteriormente El Mundo publica otra entrevista en la que Carromero asegura que Oswaldo Payá no falleció como consecuencia del accidente sino asesinado por agentes de la Seguridad Cubana. Sobre estas declaraciones la Unión Europea a nivel internacional, a nivel nacional a través del portavoz de Justicia de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares y del propio ministro de Exteriores de España Gracía-Margallo, se ha manifestado que Carromero debería obligatoriamente acudir a la Justicia en el caso de que disponga de pruebas del asesinato de Payá en lugar de lanzar estas graves acusaciones a través de los medios de información, Carromero no ha acudido a la Justicia y sigue con su versión conspiratoria y asesina.

Hasta aquí lo que tenemos son las diferentes versiones que Carromero da sobre el accidente, pero nada en cuanto a aclarar las razones por las que un miembro del Partido Popular estaba en Cuba reunido con uno de los principales opositores al gobierno cubano y esto es para mi lo fundamental, el accidente, lamentable por la pérdida de dos vidas humanas, es circunstancial. Añadamos ahora que Carromero ha sido defendido a capa y espada por el PP, que ocupa el cargo de Secretario General de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Madrid y que además ha sido mantenido por Ana Botella como asesor (designación directa) del Ayuntamiento de Madrid con un sueldo superior a los 50.000 euros anuales. A mi humilde y desconfiado modo de ver las cosas estamos ante un silencio bien pagado, aunque el PP de facto y expresamente el secretario cuarto de la Mesa del Congreso y diputado del PP, Teófilo de Luis lo nieguen. Desde varias instancias, la familia de Payá y organismos internacionales, principalmente estadounidenses, se reclama la investigación de las verdaderas causas de la muerte del activista cubano, pero nada apunta a que se exija la aclaración de los verdaderos motivos por los que Carromero se encontraba en Cuba.

(1) Ángel Carromero. Vicesecretario general de Nuevas Generaciones (NN GG) en Madrid, Presidente de NNGG del Distrito de Salamanca (Madrid) y Consejero Técnico del Ayuntamiento de Madrid entró en Cuba con visado de turista aunque su relación con la oposición cubana indica que estaba para algo más que hacer turismo. El Partido Popular, el nacional y el madrileño, no ha aclarado los motivos de la presencia de uno de sus militantes en Cuba. A alguno le puede parecer irrelevante pero la relación de miembros del Partido Popular con organizaciones y miembros de la oposición de varios países americanos ha sido en muchos casos desestabilizadora en el plano político y han estado detrás de sucesos oscuros y dramáticos para los países en cuestión. No es la primera vez que políticos del PP entran en Cuba con visado de turista y otras intenciones. Jorge Moragas, en cuya agenda también estaba visitar a Oswaldo Payá, fue expulsado en el año 2004 e Isabel San Baldomero en el 2005. Políticos de otros partidos como Luis Yañez del PSOE o Rosa López Garnica de UPN también fueron expulsados. En Venezuela, José María Aznar legitimó el golpe de estado en el 2002 contra el gobierno de Chávez elegido democráticamente, con el apoyo explícito al golpista Pedro Carmona por parte del embajador español, Manuel Viturro de la Torre. Pedro Carmona visitó España y se reunió con miembros del gobierno popular una semana antes del golpe. Gustavo de Aristegui y Josep Piqué también tendrían algo que decir al respecto. En Colombia, los populares apoyaron y defendieron el estado criminal de Uribe, relacionado con el narcotráfico y con los asesinatos de sindicalistas. La fundación FIE-CIPIE de Pablo Izquierdo, exjefe de prensa de Aznar, que tuvo como vicepresidenta a Ana Botella, fue acusada de golpismo en Bolivia. El PP también apoyó el golpe de estado en Honduras contra el gobierno del presidente Manuel Zelaya al igual que su think tank FAES. Es evidente que la relación del Partido Popular con América Latina no tiene que ver con la democracia por lo que sería necesario que explicaran la presencia de Ángel Carromero en Cuba. 

La persona que aterrizó en Cuba con Carromero y viajaba en el coche, Jens Aron (2) explicaría en una curiosa rueda de prensa organizada por el Gobierno cubano el 30 de julio, días después del accidente. Con el semblante serio, explicó que habían volado hasta Cuba para reunirse con Payá, darle el dinero y ayudarlo en los desplazamientos que quisiera hacer dentro de la isla. Payá no tenía coche y el que alquilaron Carromero y Jens le serviría para poder moverse por algunas zonas de Cuba. Carromero, por su parte, en otro vídeo grabado por las autoridades cubanas cuando estaba recluido a la espera de juicio, contaba que fue su jefe de filas, Pablo Casado, diputado nacional y presidente de Nuevas Generaciones de Madrid, quien le ordena contactar con Cayetana Muriel, jefa a su vez de Jens Aron Modig. Ella envía a Carromero y a Modig a Cuba para que se vean con Payá y le entreguen dinero y un teléfono móvil. La versión cubana se centra en que el viaje de Carromero tenía como objetivo crear una especie de sección juvenil del Movimiento Cristiano Liberación que presidía Oswaldo Payá. Una especie de Nuevas Generaciones del MCL, tipo de organizaciones sobre las que Carromero tenía probada experiencia a través de sus puestos en el Partido Popular.

Unamos a lo anterior las declaraciones del secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del Partido Popular, José Ramón García-Hernández en relación con Cuba:

(4) García-Hernández ha expresado el permanente y activo compromiso del Partido Popular en la defensa de la libertad y de todo proceso de transición hacia una democracia pluralista y constitucional, siendo sus señas de identidad: el Estado de derecho, instituciones representativas, división de poderes y derechos fundamentales.
"El pueblo cubano debe apostar por una transición que busque puntos y proyectos comunes: en la medida en que uno tiene que ser generoso con lo que propone y también con lo que le proponen los demás" ha señalado el secretario ejecutivo. García-Hernández ha recordado que fue ese ejercicio de realismo lo que caracterizó el gran acierto de Oswaldo Payá: "crear un mecanismo para el cambio ya que es el momento histórico de mirar hacia el futuro".
 
Carromero no viajó a Cuba por iniciativa propia, fue enviado por el Partido Popular con el objetivo de reunirse con Oswaldo Payá para tratar asuntos que desconocemos, la versión de que su cometido era servirle de conductor es infumable, sobre todo, y ya en plan adicionalmente jocoso, conociendo la desastrosa pericia de Carromero con un volante en las manos y su carencia de permiso de conducir.

Es imprescindible que se sepa la verdad sobre los motivos del viaje y es imprescindible que Carromero cumpla su condena por muchos motivos, entre otros para que España no incumpla un convenio firmado con el gobierno cubano siendo presidente del gobierno español José María Aznar, curioso.

No parece que exista ninguna presión, tampoco ninguna investigación en marcha, para poner negro sobre blanco y con pruebas lo que hacia este joven en Cuba. Si Carromero quiere escribir libros y vender muchos ejemplares solo tiene que contar la verdad sobre su estancia en la isla. Quizás algún día, cuando por uno u otro motivo deje de ser alimentado por el PP, lo haga, lo malo es que será difícil creerle si no aporta pruebas contundentes, o incluso, como en el asunto de Bárcenas, aunque las aporte.

Benito Sacaluga.




(1) kaleidoskopiodegabalaui.blogspot.com.
(2  www.20minutos.es
(3) www.contrainjerencia.com
(4) www.pp.es


16 de marzo de 2014

REFORMA FISCAL (X-Y=0+V)





Después de leer el mamotreto que el "comité de sabios" le ha preparado por encargo al Partido Popular, me queda una sensación insoportable de que, efectivamente, los españoles somos considerados idiotas por nuestros gobernantes, o siervos vulgares de un nuevo feudalismo. No se que que opción es peor.

En un país como España donde la pobreza ha dejado de ser noticia para convertirse en un mal crónico con un número de victimas que aumenta cada día, un esperpéntico comité de sabios ha decidido que la solución consiste en que aceptemos que la única opción posible es ir a peor y potenciar la redistribución de la pobreza de muchos en lugar de que lo que se reparta de forma adecuada sea la riqueza de unos pocos. 

Cabe la posibilidad de que alguien haya albergado ilusiones de soportar una menor carga fiscal ante la nueva organización de los impuestos que se avecina, pero la mayoría de los españoles sabemos que después de la reforma en ciernes pagaremos más. Ya a mediados del siglo pasado un ministro de Hacienda francés dijo que una Reforma Fiscal solo consiste en reducir los impuestos sobre las cosas que se gravan desde hace tiempo y crear nuevos impuestos sobre las cosas que no estaban gravadas. El jefe de los sabios nos dice que si se aprobasen todas las medidas propuestas por ellos, los ciudadanos pagaríamos menos que hoy, a lo que añade que el efecto sobre la recaudación sería cero, es decir que aquellos impuestos que se reduzcan se compensaran por aquellos que se aumenten. Además afirma que su reforma contribuirá a reducir el déficit publico, o sea que acaba de patentar un nuevo milagro económico, o más bien un ejercicio de magia y todos sabemos que la magia siempre tiene truco. La realidad es que vamos a seguir perseguidos por el mismo perro recaudador pero, eso si, con diferente collar y mas hambriento.

Los sabios, que más que sabios son artistas del camuflaje, actúan a las ordenes del Gobierno siguiendo la premisa marcada por la ecuación económico-política, que se les entregó y a la cual he tenido acceso a través del ujier que les borraba la pizarra:
X-Y=0+V 
R+X-Y=R
fórmula en la que la X representa el importe a ingresar por la subida de tipos y bases, Y las bajadas, 0 que se recauda lo mismo, V el número de votos pretendidos con la reforma y R la constante que representa la recaudación vía impuestos actual (menos mal). Una ecuación endemoniada de tres variables y tres incógnitas en la que además se mezclan naranjas con peras y de la cual los únicos resultados que al gobierno le interesan son los que se obtengan al despejar la V. Aquí, en la solución de la fantástica ecuación, es donde intervienen los sabios y acertadamente convienen en que 
X-Y-0=V
o lo que es lo mismo,
X-Y=V

ya solo falta dedicar algo de tiempo a jugar con los valores de X e Y y sus componentes para que V tenga el valor estimado más alto posible sin que R varíe.

Por otro lado y teniendo en cuenta que a los que tienen los ingresos más altos, altísimos, también se les va a vender una rebaja de impuestos en su IRPF y que lo mismo se propone hacer con el impuesto de sociedades y cargas sociales de las empresas me temo, estoy seguro, de que la clase trabajadora será la que pague la fiesta vía impuestos indirectos, o sea a través del IVA principalmente. El que los sabios afirmen que también se va a reducir el déficit vía impuestos nos certifica que el global de estos va a aumentar y por tanto que pagaremos más.

Si la chapuza electoral que persigue el informe de marras lo hace sospechoso, más aún se debe dudar de su seriedad después de oir al jefe de los sabios decir lo siguiente:
“Tenemos una gran masa de paro, vergonzosa, en este país. Y algo tenemos qué hacer. Es una decisión para la sociedad española que no hay que tomarla ahora pero sí ir pensándolo”
es decir, que sobre  el problema del paro no tienen ni idea de lo que hacer y además no es urgente, sus decisiones no hay que tomarlas ahora, de momento basta con pensárselo. A continuación añade sobre su propuesta fiscal:
“Tendría un efecto positivo tanto sobre el PIB, de hasta un 0,7% en acumulado de tres años, como del empleo, de hasta un 0,7% en el mismo período, y en la recaudación”
según lo anterior nos dice que aplicando sus sesudas teorías el paro disminuiría en un 0,23 % anual y el PIB aumentaría en la misma proporción. Todo un logro que nos da motivos para la esperanza.

Otro aspecto importante del contenido del informe atañe directamente a las clases trabajadoras perjudicándolas en beneficio de los empresarios. Sin ningún tipo de rubor, plantean convertir el actual sistema de cotizaciones sociales, basado en una serie de bases tarifadas, en un auténtico impuesto sobre nóminas, con un funcionamiento similar al IRPF. Este cambio debería ir unido a una reducción de los tipos de gravamen y a un reparto más equilibrado entre trabajadores y empresarios. Dicho de otro modo, el informe de los expertos plantea traspasar parte de las cotizaciones que pagan los empresarios a los trabajadores, lo que se podría comer la bajada del IRPF prevista para los asalariados. El profesor del IESE Javier Díaz-Giménez, asegura que si las pensiones públicas no son sostenibles, el Gobierno debe reformarlas, pero no usar el IRPF para paliar ese problema "favoreciendo los planes privados de los ricos".

El texto de los sabios también recomienda ligar el importe de las cotizaciones aportadas a lo largo de la vida laboral de un trabajador con las pensiones, lo que podría conducir a una rebaja de las prestaciones por jubilación. Unas pensiones que según el estudio  Envejeciendo: miedo al futuro elaborado por la consultora Nielsen que se acaba de publicar en Cinco Diascon datos de 30.000 consumidores de 60 países, remarca que en España el 49 % de los españoles cree que no será suficiente con la pensión pública, por lo que tendrán que recurrir a sus ahorros e inversiones (28 %), a sus planes de pensiones (12 %), a la ayuda de sus familiares (4 %) y a otras fuentes de financiación (5 %) para poder vivir tras la jubilación. En un comunicado, la consultora explica que el 44% de los españoles no sabe si dispondrá de suficiente dinero para vivir de manera tranquila, en tanto que el 33% desconoce si podrá costearse eventuales gastos médicos.

En definitiva un atraco a mano armada perpetrado por un gobierno que en 2011 tenía todas las recetas para la prosperidad, el bienestar y el pleno empleo al mismo tiempo que prometía una bajada generalizada de impuestos.Promesas incumplidas e impuestos que después de haberlos subido acude hoy a la figura de un grupo de supuestos expertos para diseñar la justificación de su permanencia o subida. Una chapuza de dimensiones escandalosas a la cual los propios técnicos del Ministerio de Hacienda tachan de inconstitucional en muchos de sus apartados, advirtiendo que las propuestas relativas a la progresividad podrían atentar contra el artículo 31 de la Constitución, que establece que cada contribuyente debe pagar en función de su capacidad económica. Afirman también que la rebaja del tipo marginal del IRPF y la supresión del impuesto sobre el patrimonio benefician a los contribuyentes con mayor poder adquisitivo, mientras que estos cambios tienen que ser compensados por el aumento de impuestos indirectos, como el IVA, que son regresivos, ya que perjudican la capacidad adquisitiva del 85% de los ciudadanos.

Otra vuelta de tuerca más al tornillo de nuestra paciencia y de nuestra capacidad de sufrimiento, dada por un gobierno de iluminados patriotas: Reforma Laboral, Ley de Seguridad Ciudadana, Ley de Educación, Ley del Aborto, Reforma Fiscal........, la verdad cada vez me extraña menos que los catalanes se quieran bajar de este tren de prisioneros en que el Partido Popular ha convertido España. La solución prioritaria es desalojarles del poder absoluto, lo malo es que todavía muchos trabajadores españoles piensan igual que los judíos que eran transportados en tren a los campos de concentración desconociendo su terrible futuro :

Vayamos donde vayamos no puede ser peor que el Ghetto.

y evidentemente se equivocaban. También se equivocaban aquellos que creyéndose a salvo del horror pasaban silenciosos ante los cadáveres del camino y también aquellos ignorantes que se reían al verlos.


Benito Sacaluga


15 de marzo de 2014

BANCA CATALANA, OTRA QUIEBRA SIN RESPONSABLES.






El Estado español se vio obligado a intervenir Banca Catalana el 3 de noviembre de 1982, después de que en 1981 una inspección del Banco de España detectase un neto patrimonial negativo de 6.762 millones de pesetas y de que una auditoría de Price Waterhouse sacara a la luz un agujero de 100.000 millones. Captación de pasivo a precios elevados, cuya remuneración se paga por medio de una "Caja B", concesión incontrolada de préstamos a sus consejeros que finalmente acaban en fallidos, sobresueldos a la cúpula directiva, creación de autocarteras a través de sociedades interpuestas por algunos consejeros para dominar en el consejo, son parte del origen del agujero, en definitiva lo de siempre.

Como he dicho, el Estado a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) interviene Banca Catalana   y su grupo: Banco de Expansión Comercial de Capellades, Banco Mercantil de Manresa, Banco de Barcelona, Banco Industrial de Catalunya, Banco de Gerona y Banco Industrial del Mediterráneo.

Banca Catalana fue creada en marzo de 1959 por Florenci Pujol Brugat, su hijo Jordi Pujol y Francesc Cabana i Vancells, a partir de la compra de la Banca Dorca, de Olot, un desvencijado y débil cacharro que tenía nueve empleados, unos depósitos de 15 millones y un capital desembolsado de tan sólo dos, y que al final de su meteórica aventura, ya como grupo Catalana, llegaría a necesitar de las arcas públicas, en 1982 y 1983, una inyección de más de 300.000 millones.

En el momento de su intervención era el décimo grupo bancario español y el primer grupo bancario catalán, con unos depósitos de 262.226 millones de pesetas, una red de 352 oficinas y 5.226 empleados. Mantenía posiciones de control sobre el Banco de Alicante y el Banco de Crédito e Inversiones y tenía delegaciones en Londres, París y México. Tras su intervención, en 1983 el grupo fue traspasado a un consorcio formado por toda la gran banca española, en 1984 el Banco de Vizcaya se hizo con el 89% de las acciones de Banca Catalana y con el control del Banco Industrial del Mediterráneo, Banco de Barcelona y el Banco Industrial de Cataluña.

Una vez liquidada Banca Catalana, el Fiscal General del Estado, de acuerdo con un informe elaborado por el Banco de España, presenta querella contra los responsables del banco ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El juez Ignacio de Lecea es el encargado de la instrucción. A los fiscales de la Audiencia de Barcelona, Carlos Jiménez Villarejo y José María de Mena Alvarez, ambos pertenecientes a la Unión Progesista de Fiscales, les toca investigar este asunto, una investigación que dura tres años, desde 1984 hasta 1986, para luego quedar definitivamente archivadas todas las actuaciones.

Los fiscales elevan un informe en que se ponen de manifiesto que los querellados, con Jordi Pujol a la cabeza, habían creado una trama de 27 sociedades instrumentales y ocultado su existencia a los organos de gobierno de Banca Catalana y al Banco de  España. La finalidad de este entramado societario no era otra que la de llevar a cabo operaciones especulativas en beneficio propio. En el informe, los fiscales señalan que el perjuicio causado al banco por esta operativa se traduce en la pérdida de 14.682 millones de pesetas. Imputan también a los consejeros y directivos querellados por haber concedido créditos ficticios, empleando nombres como el del presidente de la patronal, Carlos Ferrer Salat y el ex alcalde de Barcelona, Enrique Masó, en una operación en la que se pierden 5.101 millones de pesetas.

El estudio realizado sobre la contabilidad de Banca Catalana permite a los fiscales descubrir la existencia de asientos falsos y duplicados, recibos ficticios y toda suerte de engaños para la retirada de fondos del banco con total impunidad por parte de sus directivos y consejeros. Además el Presidente de la Generaylitat, Jordi Pujol y su familia se beneficiaban de fuertes extra-tipos por los depósitos que tenían en la entidad. A la empresa Hoe, S.A., sin ninguna solvencia económica, se le había concedido un crédito de 176 millones de pesetas, sólo para adquirir las acciones que el Presidente de la Generalitat tenía en Banca Catalana. Así, Jordi Pujol puede recuperar su dinero poco antes de la intervención del FGD. Por si lo anterior fuera poco, el 31 de octubre de 1982, dos días antes de que el Estado intervenga el grupo bancario catalán, Jordi Pujol y Marta Ferrusola, su mujer, cancelan una cuenta de 14,5 millones de pesetas que tenían en el banco a plazo fijo que vencía cinco meses más tarde.

El informe de los fiscales explica además como Banca Catalana había perdido 5.705 millones de pesetas en la adquisición de acciones de otros bancos y en la compra, por parte de consejeros, de 448.365 acciones de Banca Catalana, con dinero de la propia entidad, para dominar los organos de gobiernos del grupo bancario. Por otra parte, un total de 61 empresas vinculadas a los querellados habían recibido 12.733 millones de pesetas en créditos sin ningún tipo de avales, y altos cargos, como Jaume Carnet, presidente de la entidad, o el alcalde de Barcelona, Enrique Masó, dispusieron de créditos por un importe de 380 y 500 millones de pesetas respectivamente, que no devolvieron.

Una vez demostrados todos estos extremos, los fiscales Mena y Jiménez Villarejo, acusan a los 17 componentes del consejo de Banca Catalana de tres supuestos delitos de apropiación indebida, falsedad en documentos y manipulación para alterar el precio de las cosas. Jiménez Villarejo llega inlcuso a interrogar a Jordi Pujol en su residencia, la "Casa dels Canonges", durante la instrucción del sumario. Pero al llegar las elecciones autonómicas de 1984 en las que CiU obtiene una clara mayoría en Cataluña, el escándalo acaba politizándose. En noviembre de 1986 la Audiencia de Barcelona exculpa al entonces Presidente de la Generalitat de cualquier tipo de responsabilidad en la gestión de Banca Catalana. El 14 de marzo de 1990 la Sección Segunda de la Audiencia Provincial decreta el sobreseimiento del sumario y ordena su archivo, a pesar de los recursos presentados por los Fiscales que vienen demostrando que en contra de la tesis del Tribunal el comportamiento de la cúpula de Banca Catalana se basaba en su enriquecimiento personal. La Sentencia de la Audiencia reduce todo el asunto de Banca Catalana a la consecuencia de una gestión imprudente, pero no delictiva.

Una vez más cientos de miles de millones de pesetas salen de un banco para ir a parar a sus directivos y consejeros sin que la justicia aprecie ningún comportamiento delictivo. Las ideas de Jordi Pujol con relación al dinero y al enriquecimiento el mismo las dejó claras en su panfleto Fer poble, fer Catalunya (Hacer pueblo, hacer Cataluña), de 1958, meses antes de comprar la Banca Dorca:
"Sin banca, un país no tiene posibilidad de crear grandes empresas, nuevas fuentes de riqueza importantes. Cataluña vivirá siempre a precario mientras no resuelva este problema".

En un escrito de prisión de 1961, el banquero encarcelado por antifranquista censuraba a los burgueses de la anterior generación y entonaba a sensu contrario el elogio de lucro:
"Ahora ya sabemos que aquellos hombrecillos ni son hombres de carácter ni hombres valientes ni auténticos dirigentes, y que no se pueden convertir ni en santos ni en héroes ni en confesores. Lo sabemos porque no son capaces de amasar dinero, de amasar mucho dinero, muchas pesetas, de crearse una auténtica fuerza económica".
No cabe ninguna duda de que Pujol si supo "amasar dinero", él y su circulo eminentemente familiar. En 1960, gobernaban el grupo, como gerentes, el joven médico Jordi Pujol, 29 años, y su cuñado, futuro historiador y archivo viviente del grupo Francese Cabana, 25 años, casado con María Pujol. El presidente -lo fue hasta 1979- era Jaume Carner, quien aportaba al equipo el prestigio político catalanista (era nieto del Carner que fue ministro de Hacienda en la II República) y la imagen de solidez económica (hombre fuerte de la importante azucarera Compañía de Industrias Agrícolas, CIA, fundada por sus abuelos), al tiempo que por su carácter no se inmiscuía en tareas ejecutivas. Carner casaría pronto con Lurdes Cabana, hermana de Francesc, cerrando así el círculo familiar. Pronto, en 1965, ya pasados los primeros tiempos heroicos, Carner traería a un hermano, bien que no de sangre: Raimon Carrasco, hijo del líder democristiano Manuel Carrasco, fusilado por Franco en 1937, y al que los Carner habían prohijado. Raimon entró en 1959 como director comercial de la CIA, de la mano del presidente de Catalana, y luego acudiría al banco, en 1965, como director general, hasta 1973, consejero y luego presidente desde 1979, sustituyendo a su amigo Carner.

Todo grupo fundacional necesita, aunque en él haya licenciados en Derecho, un abogado en activo. En el equipo familiar inicial, además de Pujol, Cabana y Carrasco, todos ellos querellados, destaca Salvador Casanovas, 31 años en 1959, letrado, defensor de Pujol cuando éste fue procesado poco después en consejo de guerra. Casanovas se dedicó a sus negocios financieros y fundó en 1962 Barcelonesa de Financiación. Seis años después sería el hombre del grupo en el Banco de Barcelona, cuando Catalana compró un paquete del Barcelona (antes, Banco de la Propiedad) , en una de sus clásicas operaciones de expansión a saltos, consistentes en la absorción de otras entidades y compras de participaciones.

Este férreo núcleo familiar, generacional y espiritual, se completó con algunos añadidos, empresarios pequeños o medianos, de más edad, de los que no dieron la espalda a los banqueros nacionalistas y participaron como accionistas en la aventura. Algunos de ellos, concretamente tres, han sido incorporados al sumario. Son Martí Rosell, industrial del textil de Terrassa, subsector medias, y posteriormente consejero de Banca Catalana desde 1966; Lluís Montserrat y Ramón Miquel. Lluís Montserrat, comerciante de piensos, con puesto en la Lonja, amigo de Carner por sus relaciones con la CIA, llegó a vicepresidente del Banco de Expansión Comercial, otra de las marcas que compraría Catalana, a partir de 1966, en su crecimiento sincopado, y luego fue consejero de la casa madre al absorber ésta en 1972 el pequeño Expansión. Ramón Miquel Ballart, de Figueres, pequeno empresario de comercialización de productos alimenticios, cierra la terna de estos empresarios.

La carrera de absorciones bancarias y de nuevas iniciativas, hasta llegar a configurar en los primeros ochenta un amplio grupo de cinco bancos y cerca de 200 filiales, fue también una carrera para atraer a las propias posiciones e incorporar al equipo a otros sectores de la burguesía. Aparte de otros nombres que no se han visto involucrados en el asunto judicial, o que han fallecido (Joan Cendrós, Antoni Forrellad), destacan en el sumario tres representantes de esta antigua burguesía: Oleguer Soldevila, Andreu Ribera Rovira y Joan Casablancas.Soldevila, propietario de siete empresas de hilaturas que forman el grupo Mitasa, el más importante del sector; del hotel Majestic y de otras empresas agrícolas y de electrónica, y cercano al Opus Dei, se integró en el grupo a través del Banco Industrial de Cataluña (BIC), iniciativa bancaria originalmente compartida por el Comercial Transatlántico, el Sabadell y Catalana, que acabaría en manos de ésta.

El BIC fue encabezado en sus últimos años por Ribera Rovira, quien ya era accionista de Catalana desde 1960. El presidente de Metales y Platerías Ribera, fabricante de cartuchos para el Ejército, fue el catalanista más vinculado al régimen de Franco: presidente de la Cámara de Comercio y de la Feria de Barcelona, concejal con Porcioles, y el representante de Laureano López Rodó en la tierra, en Barcelona.

Otro magnate de la industria incorporado fue Casablancas, hijo del mítico Ferran Casablancas, hilador de Sabadell e inventor del mecanismo de grandes estirajes. Casablancas fue el hombre representativo en el Banco Mercantil de Manresa, en el que Catalana puso su pica en 1967, y patrocinó su absorción definitiva en 1980.

Poder, políticos, empresarios.........una coalición para el enriquecimiento desorbitado que indefectiblemente se nutre del dinero de los ciudadanos. ¿Hasta cuando?


Benito Sacaluga.


Fuentes:
Extractado de: El Dinero del Poder. Aut. José Diaz Herrera / Ramón Tijeras. Ed.Cambio 16. ISBN:84-7679-190.9.
Hemeroteca El Pais